La nueva Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia que gestionará Vox en la Junta de Extremadura tiene precedente y presumiblemente nace con una clara inspiración internacional: el modelo impulsado en Argentina por el presidente Javier Milei. En 2024, el mandatario argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger.
Siguiendo esa línea, Vox pretende trasladar a Extremadura una estructura administrativa centrada en reducir la intervención pública en la economía y simplificar la relación entre ciudadanos, empresas y Administración. El objetivo declarado es incrementar la libertad económica y mejorar la eficiencia del sector público mediante la eliminación de regulaciones y la reforma de procedimientos administrativos. Su titular será Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura y vicepresidente de la Junta.
Entre las funciones previstas en Argentina y que constituyen un precedente para Extremadura destacan la revisión de normativas que puedan suponer barreras de entrada a los mercados, la eliminación de requisitos considerados innecesarios u obsoletos y la simplificación de trámites. Además, se plantea habilitar canales para que ciudadanos y empresas puedan señalar directamente aquellas normas que dificultan su actividad, en una lógica similar al portal argentino de denuncia de burocracia.
Santiago Abascal
El líder de Vox, Santiago Abascal, ya puso en valor esta iniciativa durante un acto en Granada, donde avanzó la creación de una vicepresidencia de “desregulación”. Según explicó, su finalidad será “empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias” que, a su juicio, han complicado la vida de los ciudadanos y frenado el desarrollo económico.
Con esta nueva consejería, Vox busca introducir en Extremadura un modelo de gestión que prioriza la reducción del aparato normativo y la eliminación de cargas administrativas, trasladando al ámbito autonómico una estrategia que ha marcado la agenda política del gobierno argentino en materia de reforma del Estado.
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