Unos 200 estudiantes se han concentrado en Cáceres para visibilizar los problemas de vivienda en la ciudad y las dificultades para encontrar piso, en el marco de la huelga general convocada para 11 de noviembre.
Bajo la lluvia y con paraguas y chubasqueros, los jóvenes se reunieron primero ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno y después se dirigieron al edificio de Servicios Múltiples de la Junta de Extremadura. Durante la protesta corearon consignas como “La ciudad para las vecinas” y “La vivienda es un derecho y nos lo quieren quitar”.
Reivindicaciones estudiantiles
La convocatoria partió de varias organizaciones, entre ellas la plataforma Stop Alquileres Abusivos de Cáceres y el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx), con el apoyo de la Organización Estudiantil Socialista y otras asociaciones de estudiantes.
En declaraciones a los medios, Miguel Toscano, miembro del Consejo de Estudiantes de la UEx, se preguntó: “¿De qué sirve tener una universidad pública si no podemos permitirnos vivir en la ciudad en la que estudiamos?” y “¿De qué sirve conseguir una plaza en una carrera que queremos si después no podemos pagar una habitación?”.
“Esa es la realidad que viven muchos estudiantes. Alquileres cada vez más caros y habitaciones a precios imposibles. Jóvenes que tienen que compaginar sus estudios con un trabajo para llegar a fin de mes. Y familias que hacen auténticos esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar”, criticó.
Residencias, becas y condiciones laborales
Toscano defendió que la protesta también busca que se amplíen y mejoren las residencias públicas y que haya “becas suficientes, adaptadas a lo que realmente cuesta estudiar fuera de casa”. Además, pidió a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad.
“No basta con reconocer el problema, no basta con prometer ayudas y no basta con soluciones temporales”, afirmó, antes de reclamar “medidas concretas, inversión pública y compromisos que se cumplan”.
El representante estudiantil añadió que “la vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio que decida quién puede estudiar y quién no”, y defendió una universidad pública “de calidad, bien financiada y con recursos para enseñar, investigar y cuidar a su comunidad”.
Los manifestantes reclamaron también “salarios dignos y condiciones laborales justas”, tanto para la juventud como para el personal de la universidad, y subrayaron la importancia de cuidar la salud mental. “No queremos tener que elegir entre estudiar o trabajar, entre pagar una habitación o cubrir nuestras necesidades, entre nuestra formación y nuestro bienestar”, sostuvo Toscano.
En su intervención, insistió en que, en el contexto de la huelga del 11 de noviembre, “el estudiantado tiene mucho que decir” y “las instituciones tienen la responsabilidad de escucharnos”. “No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo derechos”, concluyó.
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