Los presupuestos de Extremadura para 2027 han abierto este viernes, 16 de octubre, una nueva disputa sobre la política fiscal de la Junta y el destino de los recursos públicos. PSOE y Unidas por Extremadura cuestionan tanto las cifras como las prioridades del proyecto, con especial rechazo a la rebaja fiscal a las eléctricas. El PP, por su parte, sostiene que las cuentas permitirán a los extremeños pagar menos impuestos y recibir mejores servicios.
Tras la presentación del proyecto por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, la portavoz socialista de Presupuestos, María Curiel, lo ha definido como unas cuentas «fantasma, inútiles e injustas». A su juicio, el Gobierno de María Guardiola mantiene unas políticas que no resuelven los problemas de la región y anuncia un volumen de gasto que no se corresponde con su capacidad para ejecutarlo.
Curiel cifra en casi 1.500 millones de euros el importe en el que considera inflado el presupuesto. Para sostener esa crítica, ha señalado los 860 millones de inejecución que, según ha explicado, recoge la memoria general, y una diferencia de casi 600 millones entre el pasivo financiero y las amortizaciones de préstamos.
La diputada ha recordado que la documentación del año anterior ya contemplaba 777 millones de inejecución y ha preguntado cómo puede la consejera garantizar el cumplimiento íntegro de las cuentas si los propios documentos presupuestarios prevén que una parte no se gastará.
El PSOE cuestiona el peso social de las cuentas
El otro reproche socialista se dirige al reparto del dinero. Según Curiel, las políticas sociales representan el 67% del presupuesto, una proporción que considera insuficiente y que ha contrapuesto al mínimo de siete de cada diez euros que, asegura, destinaban los gobiernos socialistas a estas áreas.
También ha atribuido el 97% del incremento presupuestario a las entregas a cuenta del Gobierno de España y a la liquidación de 2025. Para la portavoz, la discusión debe centrarse en qué hace la Junta con esos fondos y en si se traducen en una mejor atención sanitaria, educativa o a la dependencia.
La fiscalidad ha concentrado buena parte de su intervención. Curiel calcula que la nueva rebaja de los dos primeros tramos del IRPF dejará un ahorro aproximado de cinco euros al mes a una familia trabajadora, mientras las rentas altas obtienen beneficios de miles de euros al año. Ha contrapuesto ese alivio a las esperas para conseguir una cita médica o una valoración de dependencia, y ha citado el caso de Aljucén para reprochar a Guardiola el cierre del colegio público del municipio.
Especialmente crítica ha sido con la reducción de la ecotasa, que, según el PSOE, supondrá «perdonar» 28 millones de euros a las compañías eléctricas. Curiel considera que esa decisión contradice el carácter social que la Junta atribuye al proyecto y ha reclamado que se dé prioridad a sanidad, educación, dependencia y vivienda.
Unidas ve menos capacidad de gasto y cuestiona las rebajas fiscales
Unidas por Extremadura comparte el rechazo al beneficio fiscal a las eléctricas y las dudas sobre la ejecución. Su diputado José Antonio González Frutos ha calificado el proyecto de «un farol», como las cuentas aprobadas en julio, aunque esta vez aprecia más «claroscuros».
Su primera objeción se refiere al crecimiento anunciado. González Frutos ha contrapuesto la subida presupuestaria del 4,8% con un IPC interanual que sitúa en el 5,3%, para cuestionar que la Junta pueda presentar las cuentas como expansivas.
El diputado ha señalado, además, que el incremento se sostiene sobre mayores aportaciones externas: más de 400 millones adicionales en entregas a cuenta, 65 millones en transferencias de capital de la Unión Europea y 160 millones en transferencias corrientes del Estado. A ello ha añadido un aumento de 87 millones en el endeudamiento.
Con ese panorama, ha tachado de frivolidad la rebaja fiscal a las empresas propietarias de Almaraz y de «ridículo» el efecto de la reducción del IRPF sobre los bolsillos de los ciudadanos. Unidas presentará una alternativa fiscal, según ha anunciado.
En el reparto por áreas, González Frutos ha expresado su preocupación por una subida del 3,2% en Sanidad, del 2% en Agricultura y del 0,8% en Vivienda, todas por debajo del crecimiento global que atribuye al presupuesto. También ha denunciado una reducción de seis millones en la Consejería de Servicios Sociales y de tres millones en las políticas de empleo.
A esas críticas ha sumado sus dudas sobre la posibilidad de avanzar en la homologación salarial de los empleados públicos. Según sus cálculos, las partidas de altos cargos crecen un 5,4%, frente al 3,4% de las correspondientes a funcionarios.
González Frutos ha advertido también de una diferencia de alrededor de 1.000 millones entre ingresos y gastos no financieros y ha anunciado un estudio detenido del proyecto para localizar los recortes que, sostiene, contienen determinadas partidas.
El PP defiende unas cuentas para «pagar menos y recibir más»
Frente a esas valoraciones, el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que Extremadura «pisa el acelerador» con unos presupuestos que permitirán a sus ciudadanos vivir mejor, «pagando menos y recibiendo más».
El dirigente popular ha situado las bajadas de impuestos en el centro de su defensa. Ha destacado que se han producido todos los años desde que Guardiola preside la Junta y ha reivindicado una política fiscal con la que, según sostiene, Extremadura es la comunidad donde menos IRPF se paga.
Sánchez Juliá ha rechazado también la lectura de la oposición sobre los servicios públicos. En sanidad, ha destacado el refuerzo de profesionales y la inversión hospitalaria. En educación, ha enumerado la gratuidad de la etapa de cero a tres años, la climatización de aulas y el aumento de recursos para transporte escolar, comedores, libros y docentes.
Respecto a la vivienda, ha defendido las rebajas fiscales para facilitar la compra y el alquiler y la continuidad del Aval Joven, del que, según ha indicado, se han beneficiado más de 2.500 jóvenes. También ha destacado el respaldo a autónomos, agricultores, ganaderos y al emprendimiento rural.
La posición popular sobre Almaraz ha sido igualmente opuesta a la de los grupos de izquierda. Sánchez Juliá ha presentado el apoyo a la central como un compromiso con las 4.000 familias que, según ha señalado, viven de ella.
El portavoz ha definido el proyecto como «el presupuesto de la seriedad» y de un Gobierno estable que presenta sus cuentas «en tiempo y forma». Ha subrayado que es el segundo presupuesto que el Ejecutivo de Guardiola lleva a la Asamblea en menos de seis meses de legislatura y ha reclamado a la oposición una actitud constructiva ante unas cuentas que, a juicio del PP, aumentan las políticas sociales y económicas y devuelven dinero a los extremeños mediante las rebajas de impuestos.
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