La decisión de prolongar la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha resuelto, al menos temporalmente, una de las grandes incógnitas de la política energética española, pero ha abierto inmediatamente otra. ¿Por qué Almaraz sí y el resto de centrales no?
La primera reclamación ya está encima de la mesa y llega desde la Comunitat Valenciana. Su presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno que Cofrentes reciba el mismo trato que la planta extremeña y ha denunciado lo que considera un agravio entre territorios.
La respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), sin embargo, ha sido clara: la modificación realizada para Almaraz no supone, por ahora, una revisión general del calendario nuclear español.
El Gobierno quiere mantener las fechas previstas para las demás centrales y confía en que el avance de las energías renovables y del almacenamiento permita que, cuando llegue 2030, el debate sobre la continuidad nuclear se produzca en circunstancias muy diferentes.
«Almaraz sí. Cofrentes, a esperar»
La reacción valenciana ha llegado apenas conocida la decisión sobre la central cacereña. Pérez Llorca ha reclamado públicamente «el mismo trato para Cofrentes que para Almaraz» y ha sostenido que la Comunitat Valenciana no debe recibir un tratamiento diferente.
El presidente valenciano contrapone ambas instalaciones y pone el foco en que las dos están sometidas a los mismos organismos de control y requisitos de seguridad.
«Almaraz sí. Cofrentes, a esperar. Los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad... y un trato distinto», ha señalado Pérez Llorca.
La Generalitat recuerda además el importante peso que tiene la instalación valenciana en su sistema energético. Según los datos aportados por el presidente autonómico, Cofrentes genera el equivalente al 44% de la electricidad de la Comunitat Valenciana y su producción evita anualmente la emisión de unos tres millones de toneladas de CO2.
La continuidad de la planta lleva meses formando parte de las reivindicaciones tanto del Gobierno valenciano como de representantes empresariales, que vinculan el mantenimiento de la producción nuclear a las necesidades energéticas derivadas de los procesos de electrificación y reindustrialización.
La reclamación cobra ahora una nueva dimensión porque el Ejecutivo central ya ha aceptado romper el calendario inicialmente establecido, aunque sea exclusivamente para Almaraz.
Almaraz rompe el calendario
Hasta esta semana, el punto de partida era el protocolo acordado en 2019 entre las compañías propietarias de las centrales y Enresa para ordenar el cierre progresivo del parque nuclear español.
La decisión publicada en el Boletín Oficial del Estado modifica ese esquema. Almaraz I y II, que debían cesar su actividad en 2027 y 2028, respectivamente, podrán continuar funcionando hasta el 8 de junio de 2030.
Es la primera alteración de calado de una hoja de ruta que durante años se había mantenido como referencia para el abandono progresivo de la energía nuclear.
Y precisamente ese precedente es el que puede alimentar las reivindicaciones del resto de territorios cuando se aproximen las fechas previstas para sus centrales.
Cofrentes y Ascó I tienen actualmente fijado su cierre para 2030. Después llegarían Ascó II, entre 2031 y 2032, mientras que Vandellós II y Trillo completarían el calendario en 2035.
El Gobierno insiste: Almaraz es una excepción
Transición Ecológica trata de cerrar la puerta a que la decisión extremeña desencadene una revisión en cadena. Fuentes del Ministerio recalcan que el Ejecutivo no contempla actualmente otros cambios en el calendario nuclear.
Su planteamiento pasa por acelerar durante los próximos cuatro años el despliegue de renovables y, especialmente, de sistemas de almacenamiento que permitan reducir la necesidad de contar con la producción nuclear.
El objetivo declarado por el Ministerio es llegar a 2030 con tal capacidad renovable que la discusión sobre la continuidad de las centrales pierda buena parte de los argumentos que actualmente la sostienen.
«Que sea tan evidente que vamos sobrados que no se dé», señalan desde Transición Ecológica sobre la posibilidad de que dentro de cuatro años vuelva a reproducirse un debate similar al de Almaraz.
La posición del Ejecutivo es, por tanto, que Almaraz no debe interpretarse como el inicio de una rectificación de la política nuclear, sino como una decisión específica adoptada ante las circunstancias de la instalación extremeña.
Un argumento difícil de contener
La cuestión que se abre ahora es hasta qué punto será posible mantener esa diferenciación cuando otras centrales se acerquen a sus respectivas fechas de cierre.
Cofrentes ofrece el primer ejemplo. Si una instalación supera los controles del Consejo de Seguridad Nuclear y sus propietarios plantean continuar operándola, el precedente de Almaraz puede convertirse inevitablemente en un argumento político y económico para reclamar una prórroga.
Ese debate dependerá también de cómo evolucione el sistema eléctrico durante los próximos años, del ritmo real de incorporación de renovables y almacenamiento, de la demanda energética y de las condiciones técnicas y económicas que presente cada central.
El Ministerio sostiene que la situación será distinta en 2030. Las comunidades con centrales nucleares, sin embargo, ya empiezan a mirar hacia Extremadura.
El Gobierno desvincula la decisión del apagón
Transición Ecológica también ha querido desligar expresamente la ampliación de Almaraz del apagón eléctrico de abril de 2025.
El Ministerio argumenta que aquel episodio estuvo relacionado con problemas de control de tensión y sostiene que la generación nuclear no presenta especiales ventajas para responder dinámicamente a este tipo de oscilaciones, frente al papel que pueden desempeñar otras tecnologías como los ciclos combinados.
También defiende que la autorización se ha aprobado ahora porque ya estaban disponibles los informes técnicos necesarios para adoptar la decisión.
Entre ellos resulta determinante el pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló técnicamente la operación de Almaraz durante el nuevo periodo solicitado.
Cuatro años que pueden cambiar el debate nuclear
La prórroga obliga además a Enresa a reajustar sus previsiones de desmantelamiento y necesidades de personal, aunque el Gobierno resta importancia al efecto sobre su planificación general. Los procesos de desmantelamiento pueden prolongarse entre diez y quince años y, por tanto, el solapamiento entre diferentes centrales ya estaba previsto.
Transición Ecológica mantiene además que Almaraz terminará cerrando y asegura que existe coincidencia en lo esencial dentro del Gobierno, pese a reconocer «matices» con Sumar sobre la decisión adoptada.
Pero la ampliación hasta 2030 introduce un elemento que hasta ahora no existía: el calendario nuclear ha dejado de ser inamovible.
El Gobierno pretende que Almaraz sea una excepción y que los próximos cuatro años permitan reforzar suficientemente las renovables y el almacenamiento para mantener intacto el cierre del resto del parque.
Cofrentes acaba de demostrar que no será sencillo. La central valenciana es la primera en reclamar que el precedente extremeño se aplique también fuera de Extremadura y abre un debate que previsiblemente acompañará a cada una de las centrales españolas a medida que se acerquen sus fechas de cierre.
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