Los centros educativos extremeños han arrancado el curso con una norma nueva sobre la mesa. La Instrucción 6/2026 de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, firmada el 20 de agosto, establece que durante toda la jornada escolar el alumnado no utilizará ni exhibirá móviles, relojes inteligentes ni dispositivos equivalentes. Apagados y guardados. La mera tenencia, reza el texto, no habilita su utilización.
No es la primera vez. El documento deroga la Instrucción 3/2024, de 1 de marzo, que ya sacó los teléfonos de las aulas extremeñas. Lo que hay ahora es otra vuelta de tuerca.
La prohibición alcanza a Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional en los centros sostenidos con fondos públicos, y acota además el uso pedagógico de los dispositivos personales: si hay que trabajar la competencia digital, se trabajará con los equipos del centro.
Hay excepciones, pero se cuentan con los dedos de una mano: salud, discapacidad, accesibilidad, seguridad o fuerza mayor, y deben ser autorizadas por la Dirección del centro. Fuera de ahí, ni en los recreos. Colegios e institutos tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para adaptar sus normas internas.
Extremadura no inventa nada. Murcia dio el paso en enero de 2024; Castilla-La Mancha y Galicia llevan más de una década. Y en el mundo hay ya 114 sistemas educativos con prohibiciones de ámbito nacional, el 58 % del total, según el último recuento de la Unesco, de marzo de 2026. Hace tres años eran uno de cada cuatro. La ola va rápido.
Prohibir el móvil en clase se ha convertido en una de esas pocas medidas en las que casi todo el mundo parece estar de acuerdo. Y en política educativa el consenso unánime suele ser motivo de suspicacia, no de tranquilidad.
Un jarro de agua fría
Claro que, frente a esas unanimidades y adhesiones, viene la realidad a chafar la fiesta. Se plasma, por ejemplo, en el trabajo que The Lancet Regional Health – Europe publicó en 2025, el primero que comparó el bienestar y la salud mental del alumnado entre institutos con políticas de móvil distintas. La pregunta era elemental: ¿funcionan estas prohibiciones?
El estudio SMART Schools, de la Universidad de Birmingham, siguió a 1.227 alumnos de 12 a 15 años en treinta institutos ingleses. Veinte prohibían el móvil; diez lo permitían en recreos o zonas concretas.
El resultado fue incómodo para los prohibicionistas a ultranza. Ninguna diferencia en bienestar mental entre unos y otros. Ninguna tampoco en ansiedad, depresión, sueño, actividad física, conducta ni notas. Ni siquiera en los centros más severos, donde el teléfono acababa en una taquilla o en recepción (ver cuadro 1).
Dentro del recinto sí ocurrió lo esperable: los alumnos de los centros restrictivos usaban el móvil unos cuarenta minutos menos en horario lectivo. Una perogrullada, porque si no tienen el teléfono, ¿cómo lo van a usar?
Pero ese ahorro se evaporaba al mirar el día completo: entre cuatro y seis horas de pantalla, prácticamente lo mismo en ambos grupos. Lo que no se consume en clase se recupera al salir por la puerta.
Y conviene no perder de vista el otro hallazgo. Al margen de las políticas de centro, el estudio sí encontró una relación clara entre más horas de móvil y peores resultados en todo lo medido, pero referida al uso durante todo el día, dentro y fuera del aula. El problema es real. La medida estrella, prohibirlo en el aula, ni lo aborda ni lo resuelve.
Experiencia en España: cal y arena
Lo que se ha estudiado aquí apunta en otra dirección. Pilar Beneito y Óscar Vicente Chirivella, de la Universitat de València, analizaron qué pasó en las comunidades que prohibieron antes (Castilla-La Mancha a finales de 2014, Galicia a comienzos de 2015) y encontraron caídas del acoso escolar de entre el 15 % y el 18 % entre los alumnos de 12 a 14 años. En Galicia, además, mejoras en las pruebas PISA.
Aquí hay dos cuestiones que dilucidar. La primera: ¿ese descenso del acoso se mide dentro y fuera del aula o se limita al recinto escolar? Porque si es lo segundo, volvemos a la obviedad: no hay móvil y el acosador se queda sin su herramienta favorita.
La segunda es si la mejora gallega en PISA se puede atribuir a la prohibición. Los autores emplearon control sintético, esto es, construyeron una Galicia de laboratorio a partir de datos de otras comunidades para aislar el efecto. Aun así, en esos mismos años se pusieron en marcha otras medidas educativas que pueden estar detrás de la mejora, y ninguna metodología descarta del todo esa competencia. Quizá sí, quizá no.
Por su parte, la Consejería de Educación de Murcia presentó un balance parecido tras su primer curso sin móviles: un 27,42 % menos de casos registrados de ciberacoso. Es un dato de la Administración que promovió la medida, no una evaluación independiente, con lo que su valor queda en entredicho a falta de un estudio externo.
Pero, aun dando por buenas siquiera parcialmente estas conclusiones, ¿se contradicen el trabajo inglés y los españoles? No exactamente: miden cosas distintas. Uno pregunta por la salud mental y por el consumo total de pantallas; los otros, por el acoso y el rendimiento. Y tiene sentido que un móvil apagado en el aula reduzca el acoso que se ejerce precisamente ahí, sin que eso cambie las horas que ese mismo chaval pasa en TikTok de madrugada. La prohibición resuelve un problema de convivencia escolar. Venderla como una política de salud pública es donde empieza el problema.
¿Me puede el profe quitar el móvil?
Es una pregunta que ronda las salas de profesores desde hace años y que la Instrucción, con buen criterio, intenta responder: ¿puede un docente quitarle el móvil a un alumno, siendo un aparato de su propiedad? Sí, pero con condiciones.
El artículo 124.3 de la Ley Orgánica de Educación reconoce al profesorado la condición de autoridad pública, y eso ampara las medidas correctoras. Pero la retirada solo es válida si está expresamente prevista en las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro. Sin ese respaldo escrito, el docente que se guarda un teléfono ajeno pisa terreno resbaladizo: retenerlo más allá de lo razonable puede encajar en una apropiación indebida, y el centro responde de los daños o pérdidas mientras lo custodia.
Más delicado todavía es el contenido. Abrir la galería, leer los mensajes o revisar el historial afecta al secreto de las comunicaciones que protege el artículo 18.3 de la Constitución, y ahí no dan cobertura ni la autoridad del docente ni la normativa del centro: hace falta un consentimiento válido o un requerimiento policial o judicial (ver cuadro 2).
La Instrucción 6/2026 es escrupulosa en este punto. Su Anexo II obliga a que sea el propio alumno quien apague el dispositivo, prohíbe manipularlo o acceder a su contenido, descarta el forcejeo y el registro personal si el alumno se niega a entregarlo, ordena guardarlo en un sobre sellado y en dependencia cerrada y exige devolverlo al terminar la jornada. Nada de retenciones durante el fin de semana. Es la parte mejor resuelta del documento.
Lo que dicen quienes llevan años en esto
El debate académico está lejos de zanjado. Aquí no se dan las unanimidades con las que nos obsequian nuestros políticos para que se vea que están “muy preocupados por el asunto”.
Manuel Area-Moreira, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna, describe esta oleada normativa como una “contrarreforma digital” alimentada más por la nostalgia y el miedo que por la evidencia. Laura Cuesta, profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela, defiende un uso regulado (los aparatos guardados y sacados solo para actividades concretas) y advierte de que el prohibicionismo puro puede producir el efecto contrario.
Enfrente están quienes sostienen que el aula debe ser un espacio protegido y que la única forma de garantizarlo es sacar el aparato de la ecuación.
El informe del comité de cincuenta expertos del Ministerio de Juventud e Infancia, de diciembre de 2024, se sitúa en un punto intermedio que rara vez se cita completo: recomienda restringir los dispositivos personales en los centros, sí, pero dedica buena parte de sus 107 medidas a reforzar la competencia digital del alumnado. Las dos cosas.
Y ahí es donde la instrucción extremeña se queda a medias. Ordena bien qué apagar y dónde guardarlo, y habla de bienestar digital y desconexión. Pero el grueso del texto es un reglamento de convivencia, no un plan de educación digital. Sin esa segunda pata, la evidencia dice bastante claro qué va a pasar: menos móviles en el pasillo y la misma adolescencia enganchada a las once de la noche.
Cuando quieres que a tu hijo no lo atropelle un coche, le enseñas a cruzar. No lo encierras en casa, porque tarde o temprano saldrá y cruzará, y entonces…
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