Los grupos parlamentarios del PP y Vox han reclamado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura que el Gobierno exprese su apoyo institucional a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo nacional. La iniciativa, defendida por el PP, salió adelante solo con el respaldo de Vox y el voto en contra del PSOE y Unidas por Extremadura.
El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, abrió su intervención con un apoyo “rotundo” y “sin fisuras” a la jueza. Argumentó que su grupo llevaba la propuesta a la cámara porque, a su juicio, el Gobierno y las “cloacas” del PSOE habían traspasado “todas las líneas rojas” y habían pasado “de la esfera política al terreno de lo criminal”. También sostuvo que unas informaciones publicadas semanas antes sobre supuestos encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz para intimidar a Biedma se habían convertido en “confirmaciones”.
Sánchez Juliá pidió explicaciones sobre quién habría ordenado, según su versión, actuar contra la jueza y cuestionó además qué personas del PSOE de Extremadura conocían a Leire Díez y qué relación tendrían con los hechos mencionados en el debate. “¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?”, preguntó desde la tribuna. El dirigente del PP añadió que este jueves la política extremeña había hablado con el sentido del voto y vinculó esa decisión con una cita electoral prevista para el 29 de noviembre.
Qué recoge la propuesta
La propuesta de pronunciamiento insta al Gobierno a condenar cualquier actuación dirigida a investigar “de forma clandestina, desacreditar, intimidar, coaccionar o apartar a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por sus investigaciones. También reclama ordenar, dentro de sus competencias, la trazabilidad y conservación íntegra de documentos, correos, agendas, registros de visitas, expedientes, contratos, comunicaciones oficiales y demás información relacionada con los hechos, para evitar su destrucción, alteración u ocultación y ponerla a disposición de la autoridad judicial.
Entre las medidas incluidas figura igualmente reforzar los protocolos de integridad y denuncia en la Administración General del Estado y su sector público, de modo que cualquier ofrecimiento de favores, presión, petición de información reservada o intento de interferencia en una investigación judicial, fiscal o policial sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad competente. La iniciativa pide además adoptar medidas de protección y seguridad para la magistrada instructora y para cualquier juez, fiscal, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otro servidor público que pudiera verse amenazado o intimidado por su intervención en estas pesquisas.
La propuesta reclama, por último, una posición “activa y firme” en defensa de la independencia judicial y del libre ejercicio de la función jurisdiccional, incluida la posible personación de la Administración General del Estado en los procedimientos que pudieran derivarse de estos hechos, si se cumplen los requisitos legales.
Críticas del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura
La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, consideró que el pleno asistía a un “debate impropio” y calificó la iniciativa de “esperpento”. Sostuvo que, si alguien afirma tener pruebas de los hechos, debería haber acudido a la Fiscalía de Extremadura en lugar de trasladarlos al debate parlamentario. “Es indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura”, afirmó, aunque remarcó que la posición de su grupo es “inequívoca” de apoyo a Beatriz Biedma y a su familia.
Desde Vox, Eva García Alegre defendió que lo que se está conociendo sobre el caso Leire Díez no es “ruido”, sino el uso de “métodos mafiosos” para perseguir, espiar y desacreditar a jueces y fiscales. “Nadie está por encima de la ley”, dijo en su intervención, en la que también acusó al PSOE de no tener “patente de corso ni impunidad”. Por su parte, Juan Alessandro Schirinzi Pareés, de Unidas por Extremadura, reprochó al PP que haya convertido la tribuna en un espacio de “vergüenza ajena” y tildó la propuesta de propia de una revista del corazón, al tiempo que pidió a los populares mirar “primero lo que tienen en casa”.
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