PP y Vox reclaman al Gobierno medidas inmediatas en Ceuta y rechazan que Extremadura destine recursos a la acogida

La Asamblea aprueba con los votos de ambos partidos exigir al Gobierno un plan para recuperar la normalidad y rechaza la propuesta de Unidas por Extremadura para implicar a la Junta en la atención a las personas afectadas por la crisis

17 de septiembre de 2026 a las 17:37h
El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, en la tribuna de la Asamblea. / LP
El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, en la tribuna de la Asamblea. / LP

La situación de Ceuta ha enfrentado este jueves en la Asamblea de Extremadura dos modelos distintos sobre la respuesta que debe darse a la crisis vivida en la ciudad autónoma. PP y Vox han unido sus votos para reclamar al Gobierno de España medidas inmediatas en materia de seguridad y control fronterizo y, al mismo tiempo, han rechazado una iniciativa de Unidas por Extremadura, respaldada por el PSOE, que pretendía implicar a la Junta con recursos propios en la acogida temporal y atención a las personas afectadas.

El pleno ha debatido por separado ambas propuestas, aunque las votaciones han reproducido la misma división: PP y Vox frente a PSOE y Unidas por Extremadura. La situación de Ceuta figuraba previamente entre los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.

La primera de las iniciativas, presentada por el Grupo Popular, insta al Gobierno central a reconocer la gravedad de la entrada masiva registrada el pasado mes de julio y activar los mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional que resulten procedentes, además de elaborar un plan estatal dirigido a recuperar completamente la normalidad en Ceuta.

La propuesta ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura.

Entre las medidas planteadas figura conceder a los militares españoles desplegados en Ceuta la consideración de agentes de la autoridad, con el objetivo de reforzar la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil y preservar la seguridad ciudadana.

También reclama identificar y retornar a Marruecos a las personas que hayan accedido irregularmente a territorio español, incluyendo a los menores extranjeros no acompañados con sus familias o, cuando no resulte posible, con los servicios de protección de su país de origen, siempre que concurran los requisitos legales, se respete el interés superior del menor y se actúe conforme a los acuerdos internacionales.

El PP plantea igualmente exigir a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos en materia de control fronterizo, prevención de salidas irregulares, lucha contra las mafias y readmisión y retorno de migrantes. A ello suma la petición de un despliegue inmediato de Frontex en la frontera de Ceuta, con la posibilidad de extenderlo a Melilla si fuera necesario.

Dos visiones enfrentadas sobre la crisis

El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido la necesidad de una respuesta estatal ante lo sucedido. Vox ha respaldado la iniciativa y su diputado Ángel Pelayo Gordillo ha calificado los acontecimientos de julio como una "invasión" y ha defendido la militarización de las fronteras.

Desde el PSOE, Alfonso Beltrán ha reconocido que la entrada masiva constituyó un episodio de "enorme gravedad" que tensionó los servicios públicos y los dispositivos de seguridad de Ceuta, pero ha rechazado el planteamiento de la propuesta popular al considerar que contiene medidas que plantean dudas legales y que la respuesta debe respetar los derechos humanos.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cuestionado igualmente la utilización del término "invasión" para describir lo sucedido y ha defendido que la llegada de migrantes no puede abordarse desde una terminología bélica.

PP y Vox frenan la propuesta para que la Junta aporte recursos

El debate sobre Ceuta ha tenido una segunda parte con una propuesta de impulso de Unidas por Extremadura, que reclamaba una participación directa del Ejecutivo autonómico en la respuesta a la situación de la ciudad autónoma. La iniciativa ha sido rechazada por PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas han votado a favor.

La propuesta pedía reforzar la cooperación entre Extremadura, Ceuta y el Gobierno de España y poner recursos autonómicos a disposición de una acogida temporal de personas afectadas. También planteaba campañas de sensibilización y la defensa de una política migratoria centrada en la protección de la infancia y la dignidad humana.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha defendido que la Junta contribuya con sus medios a aliviar lo que su formación considera una "crisis humanitaria". Al mismo tiempo, ha criticado la actuación del Gobierno central, al que ha reprochado no haber respondido adecuadamente a la dimensión del problema y al colapso de servicios registrado en Ceuta.

La socialista Soraya Vega ha respaldado la propuesta y ha pedido al PP que Extremadura ponga recursos a disposición de la ciudad autónoma, defendiendo la cooperación y la solidaridad entre territorios.

El PP rechaza que Extremadura tenga que "parchear" el problema

La diputada popular Teresa Tortonda ha sostenido que Extremadura es una comunidad solidaria, pero ha rechazado que tenga que asumir las consecuencias de lo que su grupo considera una responsabilidad del Ejecutivo central.

Según ha defendido, destinar recursos a atender situaciones de vulnerabilidad puede proporcionar alivio, pero no resuelve el problema de fondo ni debe servir para que las comunidades autónomas "parcheen" la política migratoria estatal.

Vox también ha votado contra la iniciativa. Su portavoz parlamentaria, Inés Checa, ha rechazado que Extremadura participe en el reparto de migrantes derivado de la situación de Ceuta y ha defendido que los menores deben permanecer con sus familias y bajo la protección de Marruecos.

Las dos votaciones han dejado así plasmada en la Cámara extremeña una división clara sobre la respuesta a Ceuta: PP y Vox han situado el foco en el control fronterizo, la seguridad y la responsabilidad del Gobierno central, mientras PSOE y Unidas por Extremadura han defendido una mayor implicación autonómica en la acogida y atención humanitaria, aunque Unidas también ha expresado críticas a la gestión realizada por el Ejecutivo de España.

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Javier Fernández
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