La Asamblea de Extremadura debatió este jueves una propuesta de pronunciamiento del PP y Vox en la que ambas formaciones instan al Gobierno de España a paralizar y revocar las actuaciones dirigidas a retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres. La iniciativa también pide que el Ejecutivo central no impulse medidas para eliminar símbolos o elementos de la historia de España por razones de “sectarismo ideológico” y que promueva modificaciones legislativas para derogar la Ley de Memoria Democrática.
La propuesta fue defendida en el pleno de la cámara regional por el diputado de Vox Alfredo Galavis y contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra.
Durante su intervención, Galavis insistió en varias ocasiones en que la Cruz de los Caídos de Cáceres “no se toca”. Según dijo, esa posición “no es un simple eslogan” ni el “deseo de unos nostálgicos”, sino lo que “quiere el pueblo de Cáceres”. También sostuvo que la cruz es un “símbolo de la ciudad” y afirmó que en 1984 fue desprovista de “cualquier simbología”.
El diputado de Vox añadió que la iniciativa pretende defender la “verdad” frente a la “manipulación del gobierno corrupto y mafioso de Pedro Sánchez” y calificó la Ley de Memoria Democrática de “nefasta”. A su juicio, esa norma “no busca concordia, ni unidad, ni patria, sino todo lo contrario, odio, separación y destrucción”.
Las posiciones del PP, el PSOE y Unidas por Extremadura
Por parte del PP, Luisa María Durán Pagador defendió que la Cruz de los Caídos representa un “referente” para la ciudad, la provincia y Extremadura. También acusó al PSOE y a Unidas de mostrar una “desconexión total” con la realidad y con el sentir de la “inmensa mayoría de la sociedad extremeña”.
Durán Pagador afirmó que el enclave es un “símbolo indiscutible” del patrimonio de Cáceres y un punto de encuentro que forma parte de la vida cotidiana de los cacereños desde hace “generaciones”. “Este monumento no pertenece a ningún gobierno, a ningún partido político y no pertenece a ninguna ideología”, dijo. Además, recordó que fue resignificado en 1984 por una corporación municipal socialista.
La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, subrayó que su grupo rechazó la iniciativa “con toda la fuerza” de sus dieciocho escaños. Según sostuvo, la Asamblea no solo debe defender las ideas de cada partido, sino también “fortalecer” la democracia y las instituciones. Gil Rosiña enmarcó la propuesta en el pacto de gobernabilidad y afirmó que el enclave tiene un “origen político franquista” y que su permanencia en el espacio público supone “un elemento de humillación a las víctimas”.
Desde Unidas por Extremadura, David Araújo criticó el contenido de la iniciativa y preguntó a Vox si había tardado tres meses en redactar “cuatro páginas de basura ideológica”. También señaló que, según informes de expertos, la Cruz de los Caídos carece de valor histórico o artístico y que nunca fue concebida ni dedicada al culto ni a otros fines religiosos. “Es una cruz, una Cruz de los Caídos, como usted la ha definido, levantada sobre el terror para la exaltación de la causa de los golpistas, porque aquí no había dos bandos iguales, había un gobierno legítimo de la República y un bando sublevado golpista, asesino y sanguinario”, afirmó.
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