Los presupuestos de Extremadura para 2027 siguen adelante. PP y Vox han hecho valer este miércoles su mayoría absoluta en la Asamblea para rechazar las dos enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura, que reclamaban devolver el proyecto al Ejecutivo. Más de cinco horas de debate han dejado dos votaciones con idéntico desenlace y una discusión que ha ido bastante más allá de las partidas: cuánto se recauda, quién debe pagar y qué modelo de región financian las cuentas del Gobierno de María Guardiola.
La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido un presupuesto de 9.254 millones de euros, un 4,8% más que el de este año, como la herramienta para prolongar el crecimiento y mejorar los servicios públicos. La oposición ha discutido precisamente esa relación entre el volumen de recursos y sus resultados. Para los socialistas, la Junta desperdicia una financiación histórica y asume el «coste ideológico» de sus políticas. Para Unidas, las cuentas carecen de una dirección reconocible y crecen gracias a las aportaciones del Estado, los fondos europeos y la deuda.
La mayoría parlamentaria ha resuelto el trámite, pero el debate ha mostrado dos lecturas enfrentadas de la situación de Extremadura. Donde el Ejecutivo presenta una comunidad que gana actividad y puede bajar impuestos, la izquierda ve servicios públicos debilitados y ventajas fiscales que favorecen a quienes menos las necesitan.
Manzano defiende bajar impuestos y recaudar más
La responsable de Hacienda ha construido su intervención sobre una idea: las rebajas fiscales permiten mantener el impulso económico y, al mismo tiempo, sostener el gasto público. Según las cifras expuestas por Manzano, desde la llegada de Guardiola a la Presidencia se han devuelto 128 millones de euros a los contribuyentes y las nuevas medidas supondrán otros 49 millones.
La consejera ha destacado la reducción de los tipos de los dos primeros tramos del IRPF, con la que, según ha defendido, Extremadura tendrá la tributación más baja del país para quienes ingresan menos de 20.200 euros. A esa política ha atribuido parte del dinamismo que, de acuerdo con su exposición, ha permitido aumentar la recaudación en 525 millones.
Su defensa de las cuentas ha combinado las previsiones económicas —un crecimiento del PIB del 1,8%— con el compromiso de cumplir la regla de gasto del 4% y un déficit presupuestado del 0,1%. También ha reivindicado el esfuerzo destinado a los empleados públicos, incluida la subida salarial del 5% prevista para el próximo ejercicio.
Pero el intercambio ha abandonado pronto el terreno de la exposición técnica. Manzano ha acusado al PSOE de presentar una enmienda hecha en buena medida con un «copia y pega», cargada de «absolutas barbaridades» y «dogmas de fe». Incluso ha trasladado el reproche al liderazgo socialista: ha dicho que le habría gustado debatir con Álvaro Sánchez Cotrina para preguntarle si comparte el contenido del texto.
El PSOE discute el destino de los ingresos
Isabel Gil Rosiña ha llevado la discusión hacia las prioridades del Gobierno. La portavoz socialista ha sostenido que el problema de las cuentas no es solo económico, sino político: a su juicio, dibujan una Extremadura distinta, más desigual y marcada por el «ideario de la ultraderecha».
Frente al relato de la Junta sobre el efecto de sus rebajas fiscales, Gil Rosiña ha puesto sobre la mesa el aumento de los recursos del sistema de financiación autonómica. Según los datos que ha expuesto, las entregas a cuenta y la previsión de liquidación elevarán esa financiación a 5.094 millones de euros, un 9,7% más que en el ejercicio anterior.
La pregunta socialista ha sido qué hace el Ejecutivo con ese margen. Gil Rosiña ha denunciado problemas de ejecución, ha cuestionado que se sigan bajando impuestos con el nivel de deuda existente y ha contrapuesto el presupuesto anunciado a las necesidades de la sanidad, la vivienda y la educación.
Su alternativa pasa por un plan extraordinario de vivienda protegida y alquiler asequible, más capacidad en Atención Primaria, el refuerzo de la enseñanza pública y medidas para el empleo, la industria y el relevo generacional agrario. Un programa que, ha defendido, requiere más inversión pública y una fiscalidad en la que aporte más quien más capacidad económica tenga.
Manzano ha rechazado ese diagnóstico. Ha asegurado que la Junta registra la mayor ejecución presupuestaria de los últimos diez años y que las previsiones de ingresos están medidas. La discusión ha dejado así otro desacuerdo de fondo: Gobierno y oposición ni siquiera comparten el balance desde el que juzgar las nuevas cuentas.
Almaraz concentra el choque fiscal
La rebaja del 30% del impuesto autonómico que grava a la Central Nuclear de Almaraz ha sido uno de los puntos de mayor confrontación. Para el PSOE, la Junta se ha colocado del lado de las eléctricas. Para Unidas, la medida resume las prioridades del presupuesto.
José Antonio González Frutos ha recurrido a Bienvenido, míster Marshall para describir unas cuentas que considera una expresión de servilismo hacia las compañías propietarias. Ha cifrado el beneficio fiscal en 28 millones de euros y ha preguntado qué espera recibir el Ejecutivo a cambio.
El portavoz de Hacienda de Unidas ha discutido la explicación del crecimiento presupuestario ofrecida por Manzano. A su juicio, no hay un milagro económico de Guardiola, sino más transferencias y endeudamiento que permiten reducir ingresos propios porque otros «pagan la fiesta».
Su propuesta reclama gravar la riqueza y las rentas del capital, elevar los recursos para vivienda hasta el 3% del presupuesto, reforzar la sanidad y universalizar la educación pública de cero a tres años. También ha pedido cambios en dependencia, financiación municipal y atención a los empleados públicos.
Manzano ha respondido que Unidas plantea soluciones de otra época, desde una «perspectiva en blanco y negro», y ha defendido la rebaja vinculada a Almaraz por las consecuencias que tendría el cierre de la central. Además, ha reiterado su petición de que el Estado reduzca la tasa de Enresa, lo que, según ha señalado, permitiría revisar el acuerdo fiscal autonómico.
La consejera sí ha concedido una diferencia entre las dos enmiendas de la oposición: ha reconocido el trabajo de Unidas, aunque haya calificado sus propuestas de «irrealizables», frente al reproche de falta de elaboración dirigido a los socialistas.
PP y Vox cierran filas
Los grupos que sostienen al Ejecutivo han respaldado tanto las cuentas como el discurso de la consejera. El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha presentado el debate como una elección entre una Extremadura que «ha pisado el acelerador» y una oposición empeñada en hacerla retroceder.
Su argumento ha resumido la tesis fiscal del Gobierno: «Los extremeños pagan menos y reciben más». Ha reivindicado la evolución del empleo, las inversiones en servicios públicos y unas cuentas que, según ha destacado, destinan siete de cada diez euros a políticas sociales. Al PSOE le ha atribuido falta de proyecto y de liderazgo.
Desde Vox, Inés Checa ha acusado a los socialistas de «pereza política» por el contenido de su enmienda y ha defendido la gestión compartida con el PP en sanidad, educación, campo y vivienda. En el turno sobre la propuesta de Unidas, Eva María García Alegre ha rechazado un modelo que considera «utópico» y «caduco», al entender que reclama más gasto sin concretar suficientemente cómo financiarlo.
PSOE y Unidas, por su parte, han apoyado mutuamente sus enmiendas. La socialista Blanca Martín ha explicado esa coincidencia por las preocupaciones compartidas sobre el acceso a la vivienda, la atención sanitaria, el empleo y la orientación fiscal del Ejecutivo. Disponer de más recursos, ha defendido, obliga a dar mejores respuestas.
La votación ha mantenido intactos los dos bloques. La enmienda socialista ha recibido el apoyo de Unidas y el rechazo de PP y Vox; la de Unidas ha sumado los votos del PSOE y ha caído ante la misma mayoría.
Enmiendas parciales
Superado el debate de totalidad, el proyecto entra ahora en el examen por departamentos. Los altos cargos de la Junta comparecerán en comisión este jueves y viernes, 29 y 30 de octubre, y el 3 de noviembre se abrirá el plazo para presentar enmiendas parciales.
El pleno final está previsto para los días 22 y 23 de diciembre. Hasta entonces se discutirá el detalle de unas cuentas cuya orientación general ha quedado respaldada por PP y Vox. La izquierda ha fracasado en su intento de devolverlas al Gobierno, pero ha situado el eje de su oposición para lo que queda de tramitación: no cuánto crece el presupuesto, sino a quién beneficia y en qué se convierte el dinero anunciado.
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