La mayoría parlamentaria de PP y Vox ha permitido convalidar en la Asamblea de Extremadura el decreto ley que modifica la normativa urbanística regional para agilizar la disponibilidad de suelo y facilitar la construcción de vivienda protegida.
La medida más destacada permite incrementar excepcionalmente la edificabilidad hasta un 20% en parcelas privadas y un 30% en terrenos públicos, siempre que toda la superficie adicional se destine a vivienda protegida.
El decreto ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio y llegó este viernes a un pleno no programado de la Cámara autonómica. PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra y reclamaron su tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y consultar a los ayuntamientos.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, defendió que la norma responde a la falta de vivienda y a las dificultades de los municipios para disponer de suelo debido a unos procedimientos administrativos que calificó de lentos, complejos y excesivamente burocráticos.
Según explicó, la simplificación urbanística constituye el eje central del decreto, que reduce los plazos de información pública, agiliza las modificaciones del planeamiento municipal y refuerza la coordinación entre las administraciones.
Más edificabilidad para vivienda protegida
La reforma permitirá aumentar la superficie construible cuando el aprovechamiento adicional se reserve íntegramente a vivienda protegida. El límite será del 20% para las parcelas privadas y del 30% para las públicas.
También facilitará que parcelas y edificios destinados actualmente a usos terciarios —como oficinas, comercios o determinados servicios— puedan convertirse en vivienda protegida sin tener que modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La norma incorpora igualmente los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una herramienta diseñada para reunir la ordenación urbanística, la urbanización y la gestión del suelo en un procedimiento más rápido cuando exista una situación de necesidad residencial.
El decreto crea además la figura de la vivienda dotacional pública, promovida por las administraciones para atender necesidades habitacionales específicas de jóvenes, personas mayores y colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Otro de los cambios permitirá que hasta un 30% de la superficie de las terrazas cubiertas no compute a efectos de edificabilidad, lo que facilitará incorporar estos espacios sin consumir por completo la superficie máxima autorizada en cada parcela.
Declaración responsable para la primera ocupación
La reforma sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable del promotor. Mediante este documento, el responsable de la actuación manifiesta que el inmueble cumple los requisitos establecidos y aporta la documentación necesaria sin esperar a la concesión expresa de la licencia municipal.
Este cambio fue uno de los puntos cuestionados por la oposición. El diputado socialista Juan Ramón Ferreira preguntó qué protección tendrán las familias que entren en una vivienda mediante la declaración de un promotor que después resulte no haber cumplido sus obligaciones.
El PSOE considera que el decreto puede reducir la capacidad de los ayuntamientos para decidir cómo deben crecer sus municipios. Ferreira reconoció que la norma contiene aspectos positivos, pero sostuvo que también plantea dudas suficientes como para haberla tramitado mediante un proyecto de ley, escuchando previamente a alcaldes y grupos parlamentarios.
Entidades privadas para agilizar las licencias
La norma introduce las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), organizaciones acreditadas que podrán comprobar el cumplimiento técnico de la normativa y colaborar en la tramitación de licencias y expedientes.
Ramírez aseguró que estas entidades no sustituirán a los ayuntamientos, sino que aportarán apoyo técnico para agilizar los procedimientos, especialmente en aquellos municipios con menos medios.
PSOE y Unidas por Extremadura temen, sin embargo, que el sistema genere dos velocidades. Según expusieron, los promotores que puedan pagar una certificación privada tendrán la posibilidad de acelerar sus expedientes, mientras que quienes carezcan de esos recursos dependerán de unos servicios municipales que ya soportan una elevada carga de trabajo.
La diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto advirtió de que eliminar burocracia innecesaria no debe traducirse en reducir los controles. Su grupo defendió también la tramitación como proyecto de ley para debatir, enmendar y mejorar el contenido de la reforma.
Soto cuestionó además que el problema de acceso a la vivienda pueda solucionarse únicamente aumentando la construcción y confiando en la respuesta del mercado.
La oposición reclama escuchar a los alcaldes
Ferreira pidió al consejero que retirase el decreto y tramitase sus medidas como proyecto de ley. A su juicio, esta fórmula habría permitido escuchar a los alcaldes y admitir aportaciones de todos los grupos.
El diputado socialista sostuvo que la vía elegida puede responder al cumplimiento del pacto de gobierno entre PP y Vox. También criticó que determinadas decisiones sobre el planeamiento municipal puedan quedar condicionadas por la declaración de una situación de urgencia residencial.
PSOE y Unidas por Extremadura coincidieron en que la reducción de trámites puede ser positiva, pero reclamaron garantías para que la agilización no reste capacidad de decisión a los ayuntamientos ni rebaje los controles urbanísticos.
PP defiende que atiende demandas municipales
El diputado popular Juan Luis Rodríguez Campos rechazó las objeciones de la oposición y sostuvo que las medidas recogen demandas planteadas por promotores, ciudadanos y alcaldes, incluidos responsables municipales socialistas.
El PP considera que reducir los plazos para aprobar los planes generales y poner suelo a disposición de la construcción constituye una respuesta necesaria ante el problema de la vivienda.
Rodríguez Campos acusó al PSOE de realizar una “pirueta” para justificar su rechazo y aseguró que sus dudas no son razonables porque, a su juicio, no responden a las peticiones trasladadas desde los municipios.
Vox reivindica la desregulación
Por parte de Vox, Ángel Pelayo Gordillo vinculó la dificultad para acceder a una vivienda con las políticas desarrolladas por los anteriores gobiernos y defendió la derogación de la Ley estatal de Vivienda.
El diputado señaló que para construir viviendas con urgencia resulta necesario disponer de suelo, promociones económicamente viables y procedimientos administrativos que puedan resolverse en plazos razonables.
Vox reivindicó expresamente el carácter desregulador del decreto y sostuvo que la reforma busca sentar las bases para que la construcción de vivienda resulte “rentable, rápida y asequible”. Gordillo recordó, además, que las medidas forman parte del acuerdo de gobierno suscrito con el PP.
Con la convalidación parlamentaria, la reforma urbanística mantiene su vigencia. Queda por conocer ahora cuántos ayuntamientos y promociones se acogerán a los aumentos de edificabilidad y cuántas viviendas protegidas podrán incorporarse mediante los nuevos procedimientos.
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