Patrimonio inmobiliario de la Iglesia extremeña: Más de un millar de edificaciones, de las que 102 son Bienes de Interés Cultural (BIC)

Doctores tiene la Iglesia, y también un nutrido patrimonio inmobiliario. Si en toda España este patrimonio se estima en más de 12.000 edificaciones de distinto tipo, entre ellas 3.161 BIC, en el caso de Extremadura, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, y las Diócesis de Coria-Cáceres y Plasencia suman más de un millar de propiedades inmobiliarias, de las que 102 tienen categoría protegida como BIC. 

Esto supone, por un lado, que sólo la Junta de Extremadura supera a la Iglesia en número de edificaciones (más del doble), y que un tercio de los BIC que existen en la región pertenecen a la Iglesia. Lógico, por otra parte, teniendo en cuanta que en los inmuebles eclesiásticos se incluyen templos, ermitas y monasterios, edificaciones históricas que merecen ser protegidas. 

Se trata, pues, de un propietario que no aparece en ningún ranking inmobiliario. No vende, no compra y casi nunca alquila. Tiene un edificio en prácticamente cada pueblo de la región, incluidos aquellos de los que se marchó casi todo el mundo, y en muchos casos se trata de la construcción más antigua del municipio, la más alta y la única que sale en las publicaciones turísticas. El catálogo engloba no sólo templos, sino también casas parroquiales, colegios, residencias de ancianos, centros de acogida, museos, algún cementerio y varios solares urbanos. 

Este extenso patrimonio es una bendición, sí, pero también una condena, o, si se quiere, una pesada carga, ya que necesita de una continua y generosa inversión económica para mantenerse en pie. 

¿Qué hay? 

Reconstruir el inventario es tarea ardua, ya que exige cruzar varias fuentes (listados diocesanos, memorias, dossiers de declaraciones de BIC e inventarios de inmatriculaciones) dado que las diócesis no publican un catálogo único ni usan un modelo homogéneo y normalizado para esos listados. 

Así pues, y con el riesgo de algún error, el cuadro sería el siguiente: 

• Templos y culto. Las tres suman en torno a 562 parroquias: 202 en la de Mérida-Badajoz, 200 en la de Plasencia y 160 en la de Coria-Cáceres, con tres catedrales, una concatedral y la catedral vieja placentina. A eso se añaden más de 280 ermitas contabilizadas solo en dos de ellas (142 en la archidiócesis pacense y 138 en Plasencia) y una veintena larga de capillas. 
• Vida consagrada. Veintinueve monasterios: 13 en Mérida-Badajoz, nueve en Plasencia y siete en Coria-Cáceres. Más otra veintena de conventos que figuran como inmuebles propios en los listados diocesanos. 
• Vivienda y usos administrativos. El inventario de bienes inmatriculados por Mérida-Badajoz detalla 45 casas sacerdotales, siete centros parroquiales, dos cementerios y 13 terrenos, cinco de ellos fincas rústicas y ocho solares urbanos. Plasencia cifra en 35 sus casas parroquiales. Es la parte menos visible del patrimonio y la que más discusión genera, porque ahí caben viviendas, huertos y parcelas sin uso litúrgico. 
• Red social. Aquí el volumen sorprende: 342 centros asistenciales y sociales (122 en Mérida-Badajoz, 117 en Plasencia y 103 en Coria-Cáceres), con alrededor de 33.000 personas atendidas en un año. Comedores, casas para mayores, centros de rehabilitación, pisos tutelados, oficinas de empleo. Solo Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz acompañó en 2024 a 4.348 personas, con 9.564 beneficiarias finales (incluyendo a las familias), a través de sus programas y de las 126 Cáritas parroquiales del territorio. 
• Educación. Veinticuatro centros católicos concertados (14 en Plasencia y 10 en Coria-Cáceres) con 9.295 alumnos, sin contar los colegios diocesanos pacenses, el San Atón entre ellos. 

Amplia nómina de BIC 

Pero la verdadera importancia del patrimonio eclesiástico no está en su número, sino en su grado de protección por constituir edificaciones de singular importancia. Sumando lo que declara cada diócesis, la Iglesia extremeña tiene 102 bienes inmuebles de interés cultural: 42 en Coria-Cáceres, 32 en Plasencia y 28 en Mérida-Badajoz. 

Para calibrar la cifra basta cruzarla con el registro de la Junta de Extremadura. En el listado oficial de BIC declarados figuran 265 bienes en toda la comunidad; en torno a noventa son inmuebles religiosos cristianos: catedrales, iglesias parroquiales, ermitas, conventos y monasterios. Uno de cada tres bienes protegidos de la región es un edificio de culto. 

El dato, eso sí, tiene truco. Los recuentos diocesanos mezclan declaraciones individuales firmes, expedientes incoados hace más de cuarenta años y todavía sin resolver (hay una tanda de 1982 que sigue en trámite) y templos protegidos no por decreto propio, sino por estar dentro de un conjunto histórico. 

En el listado de Coria-Cáceres, media docena de iglesias cacereñas figuran amparadas por la declaración del casco antiguo de 1949. En Béjar (que pertenece a la Diócesis de Plasencia) ocurre justo lo contrario: las cuatro iglesias del casco antiguo salmantino están dentro del conjunto protegido desde 1974, pero ninguna tiene declaración propia, y la propuesta de dársela a Santa María la Mayor acabó rechazada en las Cortes de Castilla y León. 

Además, la lista no es estática, sigue creciendo. En junio de 2025 el DOE publicó la declaración como BIC, en categoría de Monumento, de la iglesia parroquial de San Andrés de Zarza la Mayor, y en diciembre de 2024 le había tocado el turno a la de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de Cáceres, con la talla de Jesús Nazareno de Luis Salvador Carmona entre sus bienes muebles asociados. Las dos, en Coria-Cáceres. 

Casi 35 millones de euros 

En 2024, último ejercicio con cuentas cerradas y publicadas en las tres diócesis, la Iglesia extremeña ingresó 34.922.403 euros. Mérida-Badajoz, 17.376.660 (incluidas archidiócesis, parroquias, catedral y Cáritas diocesana); Coria-Cáceres, 10.262.746; Plasencia, 7.282.995. 

Agregando las tres, el dinero llega por estas vías: 

• Aportaciones directas de los fieles: 12,95 millones, el 37,1%. Colectas, suscripciones y cuotas parroquiales siguen siendo la primera fuente. 
• Asignación tributaria (la X del IRPF, vía Fondo Común Interdiocesano): 11,27 millones, el 32,3%. 
• Subvenciones y otros ingresos corrientes: 5,64 millones, el 16,2%. 
• Ingresos de patrimonio y otras actividades —alquileres, rendimientos financieros, actividad económica—: 2,74 millones, apenas el 7,9%. 
• Ingresos extraordinarios, básicamente enajenaciones: 2,3 millones, el 6,6%. 

El reparto interno es muy desigual. En Mérida-Badajoz manda la colecta: los fieles aportan el 49,33% del presupuesto. En Plasencia, la asignación tributaria cubre el 46,05% y los fieles apenas llegan al 20%. Coria-Cáceres queda en medio (28,43% y 26,47%) con una particularidad que merece nota: es la que más rentabiliza su patrimonio, con 2,09 millones en alquileres e ingresos de actividad económica, siete veces más que Plasencia y muy por encima de los 319.650 euros de la archidiócesis pacense. En una organización con miles de metros cuadrados a su nombre, ese capítulo resulta sorprendentemente pequeño. Menos de un euro de cada doce. 

Del lado del gasto, 34,78 millones repartidos en tres bloques de tamaño casi idéntico: personal (clero y trabajadores seglares) 9,97 millones, el 28,7%; conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 9,40 millones, el 27%, y acciones pastorales y asistenciales, 9,11 millones, el 26,2%. El resto serían amortización de préstamos y gastos extraordinarios. 

Que el ladrillo cueste prácticamente lo mismo que las nóminas es la mejor síntesis de lo que supone administrar este patrimonio. Eso sí, debemos hacer dos matices. 

El primero es que la partida mezcla obras de conservación con suministros, seguros y gasto corriente, así que no equivale a inversión pura en patrimonio. El segundo, más importante para leer bien el cuadro: es la fotografía de un solo ejercicio, y esta partida baila mucho de un año a otro. Basta con que una gran actuación concluya (o arranque) para que el porcentaje de una diócesis se mueva diez o quince puntos. 

En 2024, y con estas advertencias previas de interpretación, el reparto quedó así: Mérida-Badajoz destinó 3.343.856 euros a conservación y funcionamiento, un 19,40% de su gasto, por detrás de las actividades asistenciales (5.234.586) y de las retribuciones (4.916.587); la archidiócesis dedicó además 1.450.440 euros a amortizar préstamos parroquiales, un capítulo que las otras dos ni siquiera desglosan. Coria-Cáceres empleó 2.436.639 euros, el 23,74%, en un ejercicio condicionado por 3,46 millones de gastos extraordinarios, el capítulo más grueso de sus cuentas. Y Plasencia gastó 3.623.014 euros sobre un presupuesto de 7,28 millones: el 49,75%. 

El caso placentino merece una alusión propia, porque ilustra el desajuste estructural del modelo. Una diócesis fundada en 1189, con doscientos templos y 138 ermitas repartidos por el oriente cacereño, una franja de Badajoz (Don Benito, Guareña, Medellín, Santa Amalia) y cinco municipios salmantinos. Muchos edificios, muy dispersos y la mayoría muy antiguos. Su clero supuso un coste de 1,08 millones en 2024; sus edificios, más del triple. 

La desproporción explica los necesarios acuerdos de financiación y colaboración. La delegación diocesana de Patrimonio detalla en la revista Iglesia en Plasencia los convenios con los que afronta las restauraciones: la comisión mixta con la Junta de Extremadura para los bienes declarados BIC, un convenio bianual al 50% con la Diputación de Salamanca por 240.000 euros, otro anual con la de Badajoz por 300.000, uno más con la de Cáceres por 250.000 y 78.500 euros de fondos europeos para un proyecto turístico en el convento placentino de San Ildefonso (conocido popularmente como ‘las Ildefonsas’). Todos, salvo el último, dedicados a lo mismo: cubiertas y paramentos. Tejados, en román paladino. 

En obra nueva y rehabilitación, las diócesis extremeñas declararon 42 proyectos en el ejercicio, 34 de ellos en Plasencia y ocho en Coria-Cáceres. 

Casi mil nóminas 

En el apartado de Personal, puede decirse que si la Iglesia extremeña fuese una corporación empresarial entraría en el catálogo de ‘gran empresa’, al superar de largo los 250 empleos que marcan la etiqueta de pyme. 

Efectivamente, los 9,97 millones de gasto en personal se reparten entre clero y trabajadores seglares, y el segundo bloque pesa más de lo que suele suponerse: solo en Coria-Cáceres, los salarios y la Seguridad Social del personal laico costaron 2,08 millones, un 20,33% del presupuesto. Más que la retribución de sus 109 sacerdotes. 

En número de personas, el conjunto reúne más de 450 sacerdotes —211 en Mérida-Badajoz, según la memoria que la archidiócesis publica cada Día de la Iglesia Diocesana, 134 en Plasencia y 109 en Coria-Cáceres— y en torno a 850 religiosos y religiosas, incluidas 153 monjas de clausura contabilizadas en las dos diócesis cacereñas. 

Pero si nos centramos en empleo asalariado propiamente dicho, está sobre todo en los colegios y los centros sociales. Los 24 concertados de Coria-Cáceres y Plasencia ocupan a 912 personas: 778 docentes y 134 trabajadores de administración y servicios. Sumando el personal de los centros asistenciales y de las curias, la cifra ronda el millar largo de puestos directos. 

Además, ‘fuera de nómina’ hay un voluntariado muy superior en volumen: más de 2.700 personas entre Cáritas y Manos Unidas, 1.500 de ellas solo en la archidiócesis pacense. 

57 millones de impacto sobre el PIB 

Lógicamente, la suma de todas las actividades que generan impacto (inversiones, construcciones, pago de nóminas…) tiene una repercusión global en la economía de la región. 

Según el análisis realizado a escala nacional, se calcula que por cada euro que la Iglesia destina a su misión pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros en la economía del país. De ahí que un gasto de 1.428 millones se traduzca en un impacto agregado de unos 2.300 millones de PIB, 52.000 empleos y 290 millones en impuestos. 

Si trasladamos ese cálculo a Extremadura, con todas las cautelas lógicas, tendríamos que la estructura de costes, el peso del voluntariado y la intensidad de la obra pueden variar según territorios, pero sirven para dar una idea del tamaño. 

Los 34,78 millones de gasto de las tres diócesis equivaldrían a un impacto agregado de entre 56 y 57,4 millones de euros, en torno a 1.270 puestos de trabajo sostenidos o creados y unos siete millones en impuestos. Extremadura aportaría, con esos números, alrededor del 2,4% del gasto eclesiástico español y algo más del 3% de sus bienes de interés cultural. 

Un capítulo incómodo 

Pese a que la polémica suscitada en su día se fue diluyendo con el tiempo, ningún repaso al patrimonio eclesiástico puede esquivar el asunto de las inmatriculaciones. Por explicarlo de manera breve y sencilla, se trata (o se trató) de inscribir por vez primera en el Registro de la Propiedad una serie de bienes que carecían de título escrito. 

Esto era así porque se trataba de edificios dedicados al culto, y la ley impedía registrar los templos. Cuando se abrió la posibilidad, el principal debate fue cómo se demostraba la propiedad, sobre todo en el caso de edificios que llevaban siglos en pie, es decir que no había ‘papeles’. 

Durante el proceso se denunció que la Iglesia había inscrito a su nombre no sólo templos, sino bienes comunales, plazas, solares y hasta monumentos emblemáticos, sin haberlo justificado. Fueron precisas varias depuraciones de listados y no pocas explicaciones para llegar, si no a un cierre definitivo, sí a cierto atemperamiento. 

En el caso de la Iglesia extremeña, este procedimiento extraordinario (vigente entre 1998 y 2015, cuando se cerró definitivamente esta puerta) permitió inmatricular 982 inmuebles, de un total de 34.961 inscritos en toda España. 

Pero en los inicios, el listado que el Gobierno remitió a las Cortes no coincidió con los inventarios diocesanos, y ahí nació la polémica. Mérida-Badajoz respondió con un análisis propio: de los 380 bienes que se le atribuían, sostiene que 26 no deberían figurar y que faltan 19, de modo que el número real es 373, desglosados en 291 inmuebles urbanos de culto, 69 para otros usos y 13 terrenos. 

Coria-Cáceres verificó 221 de los 258 asignados y detalló 37 incidencias: duplicados, bienes con otro titular, fincas imposibles de identificar con los datos aportados. Plasencia figura con 304 bienes en 124 municipios de tres provincias. 

Las dos diócesis que emitieron comunicados sobre el asunto insisten en el mismo argumento (“la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo”, afirmó el obispado de Coria-Cáceres) y recuerdan que la inmatriculación no otorga la propiedad, solo la certifica. Las plataformas que reclaman revisar el proceso mantienen la lectura contraria. El expediente sigue abierto en la comisión mixta entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal. Al menos se ha pasado de la polémica agria y subida de tono al análisis más técnico y riguroso. 

La despoblación 

Cerramos capítulo con una mirada, siquiera breve, al futuro. Extremadura tiene 388 municipios, pero muchos de ellos, los más pequeños, sufren una paulatina despoblación. 

Tras la brutal diáspora que se produjo en los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando más de medio millón de extremeños se marcharon en busca de mejor futuro, lo que supuso la pérdida en poco tiempo de un tercio de la población, este fenómeno se ha venido repitiendo, pero ya en forma de goteo continuo, no de salida masiva. 

Jóvenes que se marchan a las ciudades, ya sea de la región o de fuera, caída de la natalidad, envejecimiento… son amenazas demográficas muy presentes y muy evidentes en los pequeños núcleos. 

Y sí, las personas se marchan, pero los templos siguen donde estaban, y necesitan reparación y atención. 

La pregunta no es quién es dueño de qué, sino cómo se va a mantener el patrimonio en lugares que se vacían de pobladores. ¿Quién pagará el tejado de la ermita? ¿y la reparación de las humedades de la iglesia antes de que suponga un riesgo a la propia estructura del templo? ¿De qué colecta saldrá el dinero si no hay casi vecinos que aporten? 

Son preguntas que no sólo la Iglesia extremeña debe responder, sino toda la sociedad, puesto que, entre otras cuestiones, estos templos y edificios son parte (y a veces el único) del atractivo de la zona, el único reclamo, junto con la naturaleza y el paisaje, para el turismo de interior. ¿Será esta, pues, la respuesta?