La Junta de Extremadura ha solicitado la suspensión del Debate de Orientación de Política General, conocido como Debate sobre el Estado de la Región, correspondiente a este año, al considerar que concurren circunstancias excepcionales que desvirtúan el sentido original de esta sesión parlamentaria.
Según ha confirmado la Junta de Extremadura a preguntas de La Portada de Extremadura, el Ejecutivo regional ya ha trasladado esta posición a la Presidencia de la Asamblea "dentro del pleno respeto a sus prerrogativas". El Gobierno autonómico argumenta que la situación actual es extraordinaria debido a la celebración de las elecciones anticipadas de diciembre de 2025 y al hecho de que el nuevo Ejecutivo no tomó posesión hasta el pasado 30 de abril de 2026.
Desde la Junta se subraya que, en estas circunstancias, el Gobierno de Guardiola "apenas contaría con un mes de recorrido evaluable", lo que, a su juicio, vacía de contenido un debate concebido para analizar la acción política de un Ejecutivo con una trayectoria suficiente.
El Ejecutivo regional también recuerda que en 2025 sí se celebró el correspondiente Debate de Orientación de Política General, lo que permitió a la Cámara ejercer su función de control sobre el anterior Gobierno en un año electoral, una circunstancia que considera igualmente excepcional.
Además, la Junta señala que el Reglamento de la Asamblea de Extremadura excluye la celebración de este debate en año electoral, una previsión que responde a la lógica de evitar un debate de estas características cuando un Gobierno está a punto de someterse a las urnas o acaba de constituirse tras ellas.
Una situación "completamente extraordinaria"
La Asamblea de Extremadura por su parte ha confirmado que el Ejecutivo le ha comunicado formalmente su posición y comparte que se trata de una situación "completamente extraordinaria", ya que el Reglamento de la Cámara no contempla expresamente un supuesto como el actual, marcado por la convocatoria de elecciones anticipadas y el tiempo transcurrido hasta la constitución definitiva del Gobierno.
Ante esta situación, la Presidencia de la Asamblea ha solicitado la elaboración de un informe jurídico para analizar el encaje reglamentario de la petición de la Junta. Una vez emitido, dicho informe será trasladado a los grupos parlamentarios para su conocimiento y valoración.
La decisión definitiva sobre la celebración o no del Debate de Orientación de Política General quedará, por tanto, condicionada al análisis jurídico y al posterior pronunciamiento de la Cámara autonómica ante un escenario inédito en la política extremeña reciente.
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