María Guardiola abre la puerta a Vox para gobernar Extremadura

María Guardiola, presidenta electa de la Junta de Extremadura, ha dado el primer paso con Vox tras las elecciones de diciembre. Como informó la propia presidenta el viernes, el contacto consistió en una llamada telefónica con Óscar Fernández, candidato de Vox, que se desarrolló en "un ambiente cordial y constructivo". Durante la conversación, ambos se emplazaron a futuras reuniones más adelante, se supone que tras las fiestas de Navidad, sin que por ahora se haya definido el alcance ni la forma del acuerdo. Todas las opciones están abiertas, aseguran fuentes del PP: desde un marco programático limitado hasta la entrada de Vox en el Gobierno regional.

El objetivo del PP no se limita únicamente a la investidura de Guardiola. Se busca un acuerdo de legislatura sólido, capaz de garantizar la estabilidad política de Extremadura durante los próximos cuatro años y permitir la aprobación de los futuros presupuestos autonómicos sin bloqueos. Este pacto requiere compromisos programáticos desde el inicio y fórmulas institucionales que den margen de maniobra al Ejecutivo, evitando que diferencias ideológicas o disputas internas paralicen la Junta de Extremadura.

Aunque María Guardiola mantendrá contactos con todas las fuerzas políticas como gesto de cortesía parlamentaria, el PP descarta a priori otras vías. La gestora del PSOE, a través de su presidente, José Luis Quintana, ya ha comunicado que no se abstendrá en la investidura, que no la ofrecerá y que le parecería un fracaso si se la piden los populares, mientras que Unidas por Extremadura mantiene una postura similar y la negativa a favorecer minimanente un gobierno popular. Por ello, la negociación decisiva se centra unicamente en Vox, aunque los populares insisten en que el diálogo seguirá siendo exploratorio y flexible.

María Guardiola, al igual que Génova a nivel nacional, ha perdido los complejos de permitir que Vox tenga presencia institucional. Internamente se piensa que los extremeños han elegido mayoritariamente fuerzas políticas de derechas en las pasadas elecciones del 21D, por lo que están obligados a explorar estas alianzas. Confían, eso sí, en que las diferencias --que las hay con Vox-- puedan salvarse por un punto intermedio. 

• La ley LGTBI de Extremadura, no olvidemos que impulsada durante el mandato de José Antonio Monago (PP). Por tanto, no debería ser enmendada en su totalidad. Caben acuerdos, pero dejando que no implicarìan retrocesos en derechos.
• En materia social, Vox propone revisar subvenciones a asociaciones de igualdad, así como eliminar las subvenciones a sindicatos y a la patronal, mientras que el PP busca mantener los consensos legislativos existentes.
• En política migratoria, Vox plantea medidas más restrictivas, mientras que el PP apuesta por gestionar la inmigración dentro del marco legal vigente.
• En materia fiscal, ambos coinciden en la necesidad de alivios tributarios, pero difieren en ritmo y alcance: Vox propone reducciones profundas y rápidas, mientras que el PP apuesta por un enfoque gradual, condicionado a la estabilidad presupuestaria.

• En materia de políticas de género, Vox defiende la derogación de la legislación de igualdad y de violencia de género, sustituyéndola por un enfoque neutral centrado en la violencia intrafamiliar, mientras que el PP mantiene su apoyo al marco normativo vigente, incluyendo las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y la lucha específica contra la violencia machista, aunque con énfasis en la eficiencia y evaluación del gasto público asociado.

La negociación incluirìa también el reparto institucional, que podría contemplar la presidencia de la Asamblea de Extremadura y la designación de uno de los dos senadores autonómicos que corresponden a Extremadura. Estas fórmulas permitirían a Vox tener visibilidad y participación institucional y conseguirían seguir manteniendo a Ángel Pelayo Moreno como senador en Madrid ahora que ha dado el relevo del partido a Óscar Fernández.

Vox resulta un partido mucho más cerrado, pero además existe un cierre de filas en torno a la decisión final dado que depende también de la consideración final de Abascal. No obstante, creeen haber percibido el mensaje de su electorado cuando les ha otorgado el doble de representación en la Asamblea y éste consiste en gobernar Extremadura desde la derecha. En suma, se proponen controlar al PP y hacerlo virar en todo momento hacia posiciones que estén en sintonía con su electorado.

Hacia un acuerdo “sobre la campana”

La constitución de la Asamblea está prevista para el 20 de enero, y todo indica que el acuerdo se cerrará en los días previos. Este tipo de negociaciones fructifican siempre en el último momento, "sobre la campaña" como señalan algunas voces dentro del PP. En este contexto, todas las opciones con Vox están sobre la mesa, desde acuerdos institucionales hasta un pacto de gobierno. Nadie se atrave a hablar de reparto de consejerías, tema más delicado, porque la acción de gobierno siempre se basa en ciertas prioridades y ahí el PP prefiere ser cauto y esperar a saber cuáles son las intenciones del partido de Abascal.

El PSOE queda descartado. Los socialistas atraviesan un shock postelectoral, están dirigidos por una gestora y sin una hoja de ruta clara a corto plazo, una situación que previsiblemente se prolongará hasta la celebración de su congreso extraordinario, previsto para mayo de 2026. Este escenario reduce al mínimo las alternativas parlamentarias y refuerza la posición de Vox como socio imprescindible si no se quiere ir a una repetición electoral.

Con ese tablero político, María Guardiola afronta la negociación con la intención de cerrar un acuerdo estable y duradero, capaz de sostener un gobierno toda la legislatura y aprovechar una ventana de oportunidad marcada por la debilidad de la oposición y la necesidad de garantizar gobernabilidad y presupuestos en Extremadura.