La Junta de Extremadura y los sindicatos con presencia en la mesa sectorial de Administración General volvieron a encontrarse este miércoles sin cerrar un acuerdo sobre la equiparación salarial del personal público. La administración autonómica mantiene su oferta de 55 millones de euros en cuatro años, mientras que las organizaciones sindicales sostienen que harían falta unos 120 millones para la homologación salarial.
La Junta pide una propuesta más detallada
El director general de Función Pública, Hugo Curiel, explicó a los medios que la Junta ha pedido a las centrales sindicales una “serie de propuestas detalladas” para que sean estudiadas de forma conjunta y así “intentar llegar a un entendimiento y un acuerdo”.
Curiel recordó que el 15 de octubre tuvo lugar la primera reunión sobre esta cuestión y que, entonces, los sindicatos solicitaron datos y documentación que la Junta remitió días después. A partir de ahí, la administración pidió también que las organizaciones presentaran sus propias propuestas, algo de lo que, según dijo, todavía no dispone.
“En esta mesa lo que se les ha pedido a las organizaciones, como me imagino que habrán hablado anteriormente, es una serie de propuestas detalladas para que sean estudiadas de manera conjunta entre la administración y las cinco centrales, para ver de verdad dónde residen esas brechas salariales, qué grupos están más agravados que otros y poder intentar llegar a un entendimiento y un acuerdo”, señaló.
El director general también subrayó el “esfuerzo económico” que, según dijo, supone incorporar 13 millones de euros ya en el presupuesto de 2027. Además, abrió la puerta a que, si un futuro Gobierno nacional aportara nuevos fondos a Extremadura, parte de esos recursos pudieran destinarse a mejorar las cifras para la equiparación salarial del personal de Administración General.
Los sindicatos ven insuficiente la oferta
Las organizaciones sindicales CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEax trasladarán a la Junta su propia propuesta en la próxima reunión, aún sin fecha concreta. Todas coinciden en que la cifra ofrecida por la administración sigue siendo insuficiente y que la negociación debe continuar.
Juan José Samino, responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, dijo que los sindicatos se han quedado “un poco fríos” al no ver movimientos por parte de la administración. No obstante, valoró que las partes se hayan emplazado a seguir trabajando a partir de la semana que viene o la siguiente, cuando los sindicatos presentarán una propuesta “un poquito más clara” sobre las cifras.
CSIF mantiene que los 120 millones de euros son necesarios para la homologación salarial y considera escasos los millones planteados por la Junta. En la misma línea, José Sánchez Carroza, responsable del sector de Administración Autonómica de CCOO, criticó que la administración no haya ofrecido nada más allá de lo ya conocido y afirmó que las centrales trabajarán en una propuesta más desgranada para la próxima cita.
Desde UGT Servicios Públicos, Érica Gutiérrez lamentó que la cifra no se haya movido y afirmó que los sindicatos salieron de la reunión poco decepcionados. Según explicó, el dinero de la Junta se quedaría en “40 millones”, ya que la cantidad total incorpora la Seguridad Social de los trabajadores.
Por su parte, Antonio Mateos Durán, secretario de Organización y Acción Sindical de SGTEx, defendió la cifra de 120 millones como necesaria para la homologación y aseguró que las negociaciones “no se han paralizado”. “Si no hay una homologación por arriba de todo lo que realmente estamos pidiendo y ellos están ahora mismo en una diferencia de 60 millones pues, evidentemente, al menos lo que sí solicitamos es aunar, que nos presenten de donde sacan la media suya, nosotros le presentaremos de donde sacamos la media nuestra”, afirmó.
Luis Manuel Gil, secretario general de USO Extremadura, también consideró “insuficiente” la propuesta de 55 millones y confió en que en próximas reuniones la Administración aumente su oferta. Añadió que los sindicatos se han comprometido a llevar otra propuesta “más detallada” que explique en qué se basan para situar la brecha salarial en el “20 por ciento” respecto a otras administraciones públicas.
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