La Junta de Extremadura sigue elaborando una nueva Ley de Simplificación Administrativa Inteligente con la que pretende, según ha informado en un comunicado, reducir las trabas burocráticas, eliminar gestiones innecesarias y agilizar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración autonómica.
Menos documentos y menos esperas
El gobierno regional, liderado por María Guardiola, señala que la futura norma buscará que trámites como solicitar una ayuda, obtener una autorización o poner en marcha un negocio requieran menos documentos, menos tiempo y menos gestiones. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital trabaja en el texto para trasladar al conjunto de la Administración los avances logrados en los dos últimos años en simplificación y digitalización.
Entre los datos difundidos por la Junta figura que el Plan de Simplificación Administrativa Digital ha trabajado sobre más de 500 trámites. De los 119 procesos ya completados, la simplificación habría permitido reducir de media un 50% la documentación requerida, un 41% los datos solicitados y un 42% el tiempo de gestión manual.
El balance de octubre de 2026 recoge 768 trámites digitales. Además, según el informe CAE 2025 del Ministerio de Transformación Digital, Extremadura ha pasado del 45% de disponibilidad en línea de sus principales trámites en 2023 al 91% en 2025, por encima del 88% de media europea.
Consultas, ayudas y silencio administrativo
La Junta indica que uno de los objetivos principales de la ley es evitar que ciudadanos y empresas tengan que aportar documentos e información que ya obran en poder de las administraciones. Para ello, la intención es que la Administración autonómica pueda consultar esos datos con las garantías legales necesarias.
En el ámbito empresarial, la propuesta prevé fomentar el uso de declaraciones responsables para iniciar actividades cuando la normativa y el nivel de riesgo lo permitan, sin esperar una autorización previa y manteniendo después los controles correspondientes. También plantea reducir la documentación exigida en ayudas y subvenciones, simplificar solicitudes y justificaciones y automatizar comprobaciones de información disponible.
La futura ley contempla además ampliar los supuestos en los que el silencio administrativo pueda tener efectos estimatorios, dentro de los límites y excepciones establecidos por la legislación.
Diálogo con empresas y profesionales
La Junta mantiene encuentros con los sectores afectados para avanzar en la elaboración de la norma. Según el comunicado, se han celebrado reuniones con más de 100 representantes empresariales, profesionales y sociales para conocer las dificultades que encuentran en su relación con la Administración y recoger aportaciones.
Entre las entidades que han participado figuran la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, la CREEX, el CIEM y las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz. También se han celebrado reuniones con representantes de los colegios profesionales y de las corporaciones empresariales de Cáceres los días 28 y 29 de octubre.
La elaboración del texto corresponde a la Secretaría General de Transformación Digital, integrada en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El objetivo es someter el proyecto a audiencia e información pública entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Después, y tras analizar las aportaciones y completar los informes preceptivos, el gobierno regional podrá elevarlo a la Asamblea de Extremadura para continuar su tramitación.
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