La Junta de Extremadura prepara la primera convocatoria de ayudas destinada a conseguir que los nómadas digitales beneficiarios del programa regional permanezcan en la comunidad durante un tercer año. Los incentivos serán de hasta 5.000 euros adicionales y se sumarán a las subvenciones de entre 8.000 y 10.000 euros que ya existían desde 2024 para quienes trasladaran su residencia a Extremadura durante al menos dos años.
El Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) ha sometido a información pública el proyecto del nuevo decreto, que también renovará las ayudas destinadas a captar teletrabajadores procedentes de otros territorios. El plazo para presentar sugerencias permanecerá abierto hasta el 17 de octubre.
Por tanto, las subvenciones todavía no se encuentran disponibles. El texto deberá completar su tramitación y publicarse posteriormente en el Diario Oficial de Extremadura antes de que puedan presentarse las solicitudes.
La documentación aporta, además, el primer balance global del programa. Según la Junta, la convocatoria anterior permitió atraer y empadronar en municipios extremeños a más de 400 profesionales que trabajan a distancia.
La iniciativa comenzó en octubre de 2024 con un presupuesto de dos millones de euros. El volumen de solicitudes llevó posteriormente al Ejecutivo regional a ampliar el crédito primero hasta los tres millones y, finalmente, hasta 4,25 millones de euros.
Un incentivo para prolongar la estancia doce meses
El proyecto mantiene los dos programas previstos en la regulación inicial. El primero está dirigido a los profesionales que trasladan su residencia a Extremadura y se comprometen a permanecer empadronados durante un mínimo de 24 meses.
Las ayudas alcanzarán los 10.000 euros para mujeres, menores de 30 años y personas que, sin pertenecer a los dos grupos anteriores, se instalen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Para el resto de los solicitantes, la cuantía será de 8.000 euros.
La principal novedad práctica será la convocatoria del segundo programa, concebido para retener a quienes hayan cumplido ese periodo inicial. Los beneficiarios que mantengan su residencia y su trabajo remoto durante otros doce meses podrán recibir 5.000 euros adicionales en los supuestos prioritarios y 4.000 euros en los demás casos.
De esta forma, un nómada digital podrá percibir durante los tres años entre 12.000 y 15.000 euros, aunque las cuantías iniciales no son nuevas: ya estaban contempladas en el decreto aprobado en 2024. La convocatoria que ahora prepara el SEXPE permitirá activar el incentivo correspondiente al tercer año.
El borrador habilitará también un plazo extraordinario de tres meses para los profesionales que se hayan empadronado en Extremadura desde el 8 de octubre de 2025, fecha en la que terminó la convocatoria anterior, hasta la entrada en vigor de la nueva regulación.
Más exigencias fiscales y de residencia
El futuro decreto reforzará los controles para acreditar que el traslado es efectivo. Los solicitantes deberán haber residido fuera de Extremadura durante los 18 meses anteriores a su empadronamiento, frente a los seis meses exigidos por la regulación inicial.
También tendrán que trasladar su domicilio fiscal, tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Extremadura y estar dados de alta y cotizando en la Seguridad Social.
Los profesionales que trabajen para empresas extranjeras podrán acreditar la cobertura social de su país de origen cuando exista un convenio internacional aplicable. En el caso de países de la Unión Europea, será necesario presentar el correspondiente formulario de desplazamiento.
Los trabajadores por cuenta ajena deberán aportar un acuerdo de trabajo a distancia firmado con su empresa. Los autónomos tendrán que demostrar que mantienen una actividad económica o profesional desarrollada de forma remota y mediante sistemas informáticos y telemáticos.
Todas las solicitudes y comunicaciones con el SEXPE se tramitarán exclusivamente por medios electrónicos. Las ayudas se abonarán en un único pago después de la resolución de concesión.
La Junta defiende que la llegada de estos profesionales favorece el consumo local, incorpora talento cualificado y puede contribuir a frenar la pérdida de población, especialmente en las localidades rurales. El Gobierno regional todavía no ha comunicado el presupuesto definitivo ni el número estimado de beneficiarios de la nueva convocatoria.
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