El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha defendido en el pleno de la Asamblea el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, dotado con 951,7 millones de euros y aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de octubre. Según expuso, la estrategia está pensada para los jóvenes, las familias con menos recursos y el medio rural, y nace del diálogo con agentes económicos y sociales, entidades locales y otros actores del sector.
Tres metas y cuatro líneas estratégicas
Ramírez explicó que el plan fija tres grandes objetivos: garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, reforzar y proteger el parque público de vivienda y contribuir a fijar población en los pueblos, además de generar oportunidades en el medio rural. El consejero sostuvo que se trata de una hoja de ruta “seria, ambiciosa y realista” con objetivos “concretos y medibles”.
La propuesta se articula en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas. Entre esas líneas figuran facilitar el acceso a la vivienda, con 498 millones de euros; promover la rehabilitación y la regeneración urbana, con 127 millones; proteger y fortalecer el parque público de vivienda, con 126 millones; e impulsar la innovación, la formación y la cooperación, con un importe aproximado de 200 millones de euros.
El consejero afirmó que el plan “no nace ni de un despacho ni nace de una ocurrencia” y señaló que se apoya en “el trabajo técnico” y “la realidad extremeña”. También comparó la dotación prevista con la del anterior plan, al que atribuyó 188 millones de euros.
Ramírez añadió que el documento irá acompañado de una “profunda reforma normativa” a lo largo de la legislatura. “No hay que demonizar a nadie, hay que colaborar entre la Administración y el sector privado. También creemos en la seguridad jurídica pero no solamente de una parte del contrato, la seguridad jurídica para las dos partes del contrato, para los arrendatarios pero también para los propietarios”, remarcó.
El PSOE pide un debate monográfico
En el turno de los grupos, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, anunció que su grupo registrará una solicitud para celebrar un debate monográfico sobre vivienda, con el objetivo de que la Junta se posicione sobre las propuestas de la oposición.
Ferreira acusó al consejero de “torcer” el reglamento al intervenir mediante una comparecencia e impedir, según dijo, que los grupos presenten propuestas de resolución y aportaciones al documento. También pidió aclarar si el Gobierno extremeño construirá las 3.500 viviendas comprometidas para 2030 o si, como matizó recientemente la secretaria general de la consejería, se limitará a facilitar el acceso a esas viviendas.
Críticas y apoyos de los grupos
El diputado del PP Miguel Ángel Nieto sostuvo que la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles a ser el número uno y atribuyó esa evolución a “ocho años de gobierno del Partido Socialista”. También acusó al PSOE de usar la vivienda como “una herramienta electoral” y defendió que la Junta ha presentado un plan con más de 950 millones de euros y 3.500 viviendas.
Por su parte, la diputada de Vox Beatriz Muñoz expresó su respaldo al plan y afirmó que ahora toca trabajar sobre ese marco. Señaló que su grupo quiere hacer propuestas para que el documento “se traduzca en resultados” y citó entre sus prioridades la importancia de Urvipexa, la colaboración público-privada, la bajada de impuestos, la desregulación y simplificación administrativa y la revisión de los criterios de adjudicación de vivienda pública autonómica. “Defendemos que las administraciones deben atender primero a sus nacionales, reconocer la vinculación real de las personas con el territorio, el arraigo. Y lo decimos sin complejos”, afirmó.
La diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto cuestionó la financiación del plan y dijo que la Junta prevé aportar 182 millones de euros, “apenas el 19 por ciento” del total. Añadió que “casi 498 millones dependen de financiación externa y privada” y que otros 273,5 millones proceden de fondos estatales y europeos. Soto dijo que no pone en duda la necesidad de ayudas o medidas ni la construcción de nueva vivienda, pero criticó que el plan incluya actuaciones ya anunciadas sin explicar suficientemente qué financiación adicional tienen, cómo se corregirán los problemas detectados y qué resultados concretos se comprometen a alcanzar.
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