La Junta de Extremadura y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz firmaron este viernes dos convenios de colaboración para dar continuidad al servicio de orientación y asesoramiento jurídico especializado dirigido a personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas, una prestación que ahora se amplía también a los casos de impago de alquiler.
La principal novedad de estos acuerdos es que incluyen expresamente los incumplimientos de las obligaciones contractuales derivadas del arrendamiento de viviendas, especialmente el impago de alquileres. Según los colegios profesionales, buena parte de las consultas que reciben están relacionadas con conflictos entre propietarios e inquilinos, por lo que la ampliación busca dar respuesta a una demanda creciente.
Atención presencial, telefónica y telemática
El servicio seguirá prestándose a través de turnos especializados de abogados, encargados de ofrecer atención y orientación profesional a los afectados tanto por ocupaciones ilegales como por conflictos vinculados al alquiler. Los profesionales facilitarán información sobre las distintas vías de actuación y los recursos disponibles, y la atención podrá realizarse de forma presencial, telefónica o telemática, garantizando así “una mayor accesibilidad” al servicio.
Financiación, duración y declaración del consejero
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, defendió la renovación de los convenios para mantener una herramienta de información y acompañamiento para quienes atraviesan estas situaciones. “La renovación de estos convenios demuestra nuestra voluntad de seguir ofreciendo a los extremeños un servicio útil y cercano, que les permita disponer de asesoramiento especializado ante situaciones que generan incertidumbre y preocupación, ya sea por ocupaciones ilegales o por conflictos derivados del alquiler de viviendas”, señaló.
Ramírez destacó además que la continuidad y ampliación de estos acuerdos responde al compromiso del Ejecutivo regional de ofrecer “respaldo y asesoramiento” a las familias afectadas y reforzar, a la vez, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos. “Seguimos trabajando para que los extremeños dispongan de información y asesoramiento especializado cuando se enfrentan a situaciones complejas. La colaboración con los colegios de la Abogacía nos permite ofrecer una atención cercana, profesional y eficaz, contribuyendo a reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos”, aseguró.
La Junta destinará 50.000 euros al desarrollo de ambos convenios, con una aportación de 25.000 euros para cada colegio profesional. Los acuerdos tendrán una vigencia inicial de un año y podrán prorrogarse en los términos previstos en los convenios suscritos.
Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se conocieron 206 casos de ocupación ilegal de inmuebles en Extremadura, lo que supone un incremento del 42% respecto a 2024 (cuando hubo 145).
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