El Gobierno central prepara un cambio sustancial en las condiciones para instalar grandes centros de datos en España, una regulación que puede tener especial incidencia en Extremadura por su elevada capacidad de generación renovable y por los proyectos tecnológicos que puedan plantearse en la región.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto este jueves, por la vía de urgencia, la audiencia pública del proyecto de real decreto que regulará los requisitos energéticos, medioambientales y de soberanía digital de los centros de datos. Las alegaciones podrán presentarse hasta el próximo 4 de septiembre.
La principal novedad es energética: los centros de datos de más de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de la electricidad que consuman en cada hora de funcionamiento.
No bastará, por tanto, con acreditar de forma anual que se ha contratado electricidad de origen renovable. La norma introduce una correlación horaria entre consumo y generación, de manera que en cada hora al menos ocho de cada diez unidades de electricidad consumidas deberán estar respaldadas por producción renovable generada durante esa misma hora.
Nueva generación para acompañar al consumo
Además, esa energía tendrá que proceder de nuevas instalaciones renovables. Por cada nuevo MW consumido por un centro de datos deberá existir un nuevo MW de generación instalado durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento de la instalación.
El requisito podrá cumplirse mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo, los denominados PPA.
Este punto puede resultar especialmente relevante para Extremadura. La comunidad dispone de una elevada potencia renovable instalada y mantiene una importante cartera de proyectos fotovoltaicos, lo que podría facilitar la asociación entre nuevas instalaciones de generación y grandes consumidores tecnológicos.
La norma, sin embargo, introduce una precisión importante: no será suficiente aprovechar la generación renovable que ya existe, sino que los nuevos consumos deberán ir acompañados de capacidad renovable adicional.
También afecta a los proyectos que ya están en marcha
Los cambios no se limitarán a los futuros centros de datos. Los proyectos que se encuentren actualmente en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias y demostrar que pueden cumplirlas.
El plazo se reducirá a tres meses para aquellos que estén pendientes de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica.
Los promotores que no puedan adaptarse podrán renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías correspondientes.
La regulación convierte así el cumplimiento de los requisitos energéticos en una condición directamente relacionada con el acceso a la red. Los nuevos centros de datos deberán demostrar que cumplen las exigencias para conseguir sus derechos de acceso y conexión.
Riesgo de perder el acceso a la red
El incumplimiento tendrá consecuencias económicas crecientes. El proyecto contempla penalizaciones en cargos y peajes eléctricos y, en último término, la posibilidad de perder los propios derechos de acceso y conexión.
El objetivo del Gobierno es evitar que el rápido crecimiento de los centros de datos provoque problemas sobre el sistema eléctrico como los registrados en otros países y seleccionar aquellos proyectos que aporten mayor valor económico con un menor impacto territorial y ambiental.
España tiene previsto alcanzar alrededor de 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que podrían requerir entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones, muy por encima de esas previsiones.
El agua también será determinante
La disponibilidad eléctrica no será el único condicionante. Los grandes centros de datos deberán cumplir igualmente los estándares europeos más exigentes de eficiencia energética y consumo de agua.
Cuando entre en vigor el nuevo etiquetado europeo para centros de datos, previsto aproximadamente dentro de un año, el proyecto español pretende exigir la categoría A, la máxima, tanto en eficiencia energética como hídrica.
Esta condición introduce otro factor relevante a la hora de analizar la implantación de grandes instalaciones en Extremadura: junto a la disponibilidad de electricidad renovable y capacidad de conexión a la red habrá que acreditar también un uso eficiente de los recursos hídricos.
Una oportunidad renovable para Extremadura, pero con mayores exigencias
La nueva regulación dibuja, por tanto, un escenario con más requisitos para los promotores, pero en el que territorios con capacidad para desarrollar nueva generación renovable pueden partir con ventaja.
Para Extremadura, la clave estará en que los proyectos de centros de datos puedan vincular su demanda eléctrica a nuevas plantas renovables, disponer de capacidad suficiente en las redes y cumplir las exigencias de consumo de agua.
El decreto también incorpora requisitos de soberanía digital. La operación de los centros y el control de los datos asociados deberán corresponder a entidades sujetas al derecho de la Unión Europea, mientras que determinados datos, metadatos y registros deberán permanecer en territorio comunitario.
Además, los centros de datos de más de 500 kilovatios estarán obligados a remitir anualmente al Ministerio información sobre su eficiencia energética y sostenibilidad. Los superiores a 1 MW deberán informar también sobre el cumplimiento de las mejores prácticas europeas.
La propuesta se encuentra todavía en fase de audiencia pública, por lo que las condiciones pueden experimentar modificaciones antes de la aprobación definitiva del real decreto.
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