El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familias de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle (Vox), defendió este jueves en la Asamblea la idea de dar prioridad a los extremeños y a los españoles en el reparto de recursos públicos, en el marco de una interpelación sobre la protección a la infancia y la adolescencia. Durante su intervención, afirmó que la “prioridad nacional” estará presente en los próximos presupuestos autonómicos y aseguró que no aceptará que los recursos “vayan en primer lugar para los nuestros” desde el Gobierno regional y, según dijo, también desde el Gobierno de España.
Fernández Calle sostuvo que el Ejecutivo extremeño trabaja con menores “todos, pero especialmente los que están dentro del sistema de protección”, a los que consideró “los más vulnerables”. Según los últimos datos que ofreció, en Extremadura había 484 menores en ese sistema, una cifra sobre la que, dijo, la Junta debe ofrecer una respuesta “adecuada y ad hoc”. Reconoció, no obstante, que se trata de un objetivo “tremendamente ambicioso y complicado” porque, según explicó, no todos los niños necesitan la misma intervención.
Prevención de la institucionalización y nuevos recursos
El consejero afirmó que la Junta está trabajando para prevenir la institucionalización de los menores. Para ello, señaló que se ha puesto en marcha un programa de intervención intensiva en el propio domicilio familiar, con el objetivo de reforzar las capacidades de la familia y favorecer, cuando sea posible, la reunificación. “Si pueden estar en su casa con sus padres, sea aquí o sea en Marruecos, mucho mejor para todos”, dijo.
Cuando esa opción no es viable, añadió, la Administración ofrece una alternativa segura mediante el refuerzo del acogimiento familiar y la adopción. Fernández Calle aseguró que el apoyo a las familias adoptivas y acogedoras ha pasado de 465.000 euros a 980.000, “más del doble”, y defendió también la red residencial, que describió como necesaria en aquellos casos en los que un recurso especializado es la mejor respuesta para un menor. Según indicó, esa red cuenta con un presupuesto de 28 millones de euros.
Entre las medidas anunciadas, avanzó que el próximo 20 de octubre se abrirá en Villanueva de la Serena un hogar semiautónomo con ocho plazas para jóvenes que estaban tutelados y que, según explicó, están siendo preparados para dar un paso hacia su emancipación y autonomía. También dijo que el Centro de Menores Cereza de Plasencia se abrirá “lo más pronto posible”, aunque no precisó una fecha.
Atención terapéutica y crítica de Unidas por Extremadura
Fernández Calle añadió que el programa de atención terapéutica ha atendido desde octubre de 2025 a 22 menores y que recibe una dotación anual de 500.000 euros. Según expuso, ese recurso está permitiendo ofrecer alternativas terapéuticas y reducir la necesidad de recurrir a medidas de internamiento. “Cada uno tiene que encontrar su camino y tenemos que ayudarles a encontrar ese camino”, afirmó, antes de rechazar lo que calificó como una política de infancia basada en consignas o en la “colectivización” de los menores.
Desde Unidas por Extremadura, el diputado José Antonio González Frutos criticó la intervención del consejero y lamentó, según dijo, la “deshumanización” de los menores migrantes. Le reprochó que hable “todo el día” de esos menores y le pidió conocer su hoja de ruta más allá de ese enfoque. También le preguntó cuándo adaptará la Junta su normativa a la nueva Ley de Infancia y Adolescencia y reclamó medidas como la implantación del coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo, protocolos frente a la violencia, refuerzos en servicios sociales y sanitarios, y la designación de delegados de protección en deporte, ocio y tiempo libre.
González Frutos cuestionó además si el Ejecutivo autonómico ha evaluado el cumplimiento de una ley que, según afirmó, “debería estar en vigor ya” y recordó que la mayoría de las competencias son autonómicas. Sobre el modelo de protección, sostuvo que los resultados “a día de hoy” no parecen exitosos y citó datos que, a su juicio, reflejan que alrededor del 60 % de los niños están en acogimiento residencial y solo 200 en acogimiento familiar, la mayoría en familias extensas.
El diputado de Unidas por Extremadura también denunció problemas de pago en los recursos de menores externalizados y alertó de que, tras el asesinato de Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz, siguen existiendo educadores y cuidadores solos en esos dispositivos. Por ello, reclamó “un cambio estructural en el sistema”.
Este artículo se reescribió con Comitium AI
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