No será porque no se había advertido. Ya en 2022, CREEX, organización de referencia para el empresariado extremeño, y Pymecon, patronal de la construcción en la región, en unas jornadas sobre la situación de este sector en Extremadura advertían de que la desviación entre los costes reales y los precios de licitación de obra pública abocaban a un callejón sin salida.
No se les hizo ni caso, y ahora la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha puesto negro sobre blanco la dimensión del problema. Por ceñirnos a nuestro ámbito territorial, Extremadura acumula 105 licitaciones de obra pública declaradas desiertas sólo en el primer semestre de 2026.
Suman casi 21 millones de euros y colocan a la región entre las más afectadas de España por un problema que la CNC ya había denunciado: ayuntamientos y comunidades autónomas siguen sacando a concurso obras con presupuestos calculados antes de la última escalada de costes. Las empresas, sencillamente, ya no pueden asumirlas.
El 23 de julio, esta organización nacional hizo público un informe que sitúa esa cifra en 106 expedientes en Extremadura (en realidad son 105, el 9,3% del total nacional), lo que coloca a la región en cuarta posición, solo por detrás de Andalucía (284), Cataluña (199) y la Comunidad Valenciana (127).
Entre las cuatro se llevan más del 63% de las 1.130 licitaciones desiertas que la patronal ha contabilizado en España en lo que va de año, con un impacto económico de 707 millones de euros en obras sin iniciar.
Peor que en lo peor de la guerra en Ucrania
El dato que más preocupa no es tanto el volumen acumulado como la velocidad a la que crece. Desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, la media mensual de licitaciones desiertas en España se sitúa en 188, un 16% por encima del pico que se registró durante la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. En solo seis meses, el importe bloqueado ya equivale al 80% de los 882,6 millones que la organización empresarial contabilizó a lo largo de todo 2022. Fue precisamente el año en que el Gobierno tuvo que aprobar un mecanismo excepcional de revisión de precios para frenar la sangría.
De hecho, la desviación de la que advertían hace cuatro años CREEX y Pymecon se refería precisamente al impacto de la invasión rusa en suelo ucraniano, y ahora la situación va a peor.
A eso se suma un síntoma que Bruselas vigila de cerca: la falta de competencia real en los concursos que sí logran adjudicarse. CNC ha detectado 1.877 procedimientos con concurrencia insuficiente en toda España (sin ninguna oferta o con una sola), de los que 747 se resolvieron con un único licitador. Uno de cada tres contratos de obra pública española recibe una sola oferta, ocho puntos por encima de la media europea. Para la Comisión Europea, superar el 30% ya es una señal de alarma.
En los municipios, más castigo
En Extremadura, el desglose por administración deja pocas dudas sobre quién sufre más este bloqueo. De los 105 expedientes desiertos (identificados y verificados uno por uno por laportadadeextremadura.com, cotejando cada licitación con su ficha en la Plataforma de Contratación del Sector Público), 83 son de ayuntamientos: 16,41 millones de euros en total. Les siguen la Junta de Extremadura y sus empresas públicas, con 12 licitaciones por 2,88 millones; las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, con 8 expedientes por 0,51 millones, y la Administración General del Estado, con solo 2 licitaciones pero un importe de 0,96 millones.
Detrás de esas cifras hay, sobre todo, pueblos que llevan meses intentando sacar adelante proyectos modestos. El más caro de todos es la rehabilitación del balneario de San Gregorio, en Brozas, presupuestada en 1,68 millones de euros y financiada a medias entre el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres. Le sigue la rehabilitación de la Galería Carlos V del Conventual de San Benito, en Alcántara, para crear el futuro Centro Cultural Elio Antonio de Nebrija (1,27 millones). Y muy cerca, el caso de Miajadas, que merece un apartado propio más adelante.
Entre las administraciones no municipales destaca la reforma de aseos, duchas y almacenes del acuartelamiento Santa Ana de Cáceres, a cargo del Ministerio de Defensa a través del INVIED (760.592 euros), y un paquete de cuatro lotes de mejora de caminos rurales de la Junta de Extremadura, con 706.355 euros sin encontrar constructora.
En el resto de la lista aparecen obras de menor cuantía pero igual de reveladoras del bloqueo: el auditorio municipal de Alange (648.332 euros), la urbanización de Valdebotoa en Badajoz (646.399 euros), la reforma de la plaza de la Fuente en Cabeza del Buey (598.132 euros), el asfaltado del polígono Las Picadas en Almendralejo (556.431 euros) o la reforma del CEIP Nuestra Señora del Consuelo de Logrosán (548.747 euros).
El problema de fondo
La explicación que ofrece CNC apunta directamente a la letra pequeña de los contratos. Para que un ayuntamiento pueda revisar el precio de una obra mientras se ejecuta, la cláusula tiene que figurar de origen en el pliego. La Administración General del Estado suele incluirla, porque sus obras se alargan más en el tiempo.
Las comunidades autónomas y, sobre todo, los ayuntamientos, casi nunca. El resultado es que cualquier repunte del precio del acero, el cemento o el asfalto deja el presupuesto inicial obsoleto antes incluso de que empiecen las obras.
Y el repunte, según la patronal nacional, ha sido de los grandes: los costes de producción han subido cerca de un 30% en la última década, con picos de hasta el 43% en carreteras y mezclas bituminosas. El margen medio del sector ha caído por debajo del 5%, un nivel que hace inviable licitar asumiendo el riesgo de que los precios sigan subiendo durante la obra. "Algo estamos haciendo mal en la contratación pública", resumía el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, tras la publicación del informe.
La patronal reclama al Ministerio de Hacienda que reforme la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación (que en 2015 eliminó el sistema automático de revisión de precios que había funcionado desde 1965) para devolver a los pliegos esa cláusula de forma generalizada.
Mientras tanto, avisa Fernández Alén, muchas constructoras pequeñas y medianas están ralentizando sus obras en marcha para no trabajar a pérdidas: "la situación es asfixiante para miles de constructoras", advierte, con el riesgo de que algunas terminen echando el cierre.
La tan traída y llevada Ley de Desindexación es precisamente uno de los caballos de batalla del empresariado desde hace años. El secretario general de CREEX, Javier Peinado, avisaba de manera nítida: “la subida extraordinaria de costes por el incremento de precios de materiales y energía no puede cargarse a espaldas de las empresas. La Ley de Desindexación está hecha para situaciones ordinarias, no para estos casos, por lo que es necesario desactivarla siquiera temporalmente”. Además, la propia Administración estatal es responsable en parte del alza de costes, al imponer incrementos del SMI que se consideran desmesurados y tienen un efecto arrastre sobre el resto de salarios.
De no suspenderse temporalmente esta desindexación, advertía Peinado, no sólo quedarán obras sin licitar, sino que obras y servicios ya en marcha abocarán a las empresas a un dilema mortal: o siguen construyendo y prestando el servicio contratado, a costa de arruinarse, o renuncian al contrato y sufren la correspondiente penalización, que casi siempre incluye la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de tiempo. Es decir, la ruina o la ruina.
El caso de la Neocueva de Maltravieso
El informe de CNC atribuye a Extremadura 106 licitaciones desiertas, cifra que muchos han recogido sin comprobar. Pero al reconstruir el listado expediente por expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público aparece una discrepancia que merece explicarse, porque dice tanto del problema real como de sus propios márgenes de error.
Una de esas 106 licitaciones, la de mayor presupuesto de toda la lista extremeña (la construcción del edificio de la Neocueva de Maltravieso en Cáceres, dentro del programa ‘Cáceres 2025 Capital de la Cultura y el Turismo Verde Urbano’), figura como desierta en los registros con los que trabajan tanto la patronal como buena parte de las bases de datos de contratación. En realidad, no lo está. Y el caso merece contarse porque es casi un ejemplo de manual de cómo evitar que un concurso fracase.
El expediente, publicado por el Ayuntamiento de Cáceres el 8 de agosto de 2025 con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros con impuestos, recibió ese mismo día —pocas horas después del anuncio— una rectificación del pliego. Fuera cual fuera el problema detectado, se corrigió casi al instante, sin que la licitación llegara a declararse desierta en ningún momento del procedimiento. El concurso se resolvió finalmente en febrero de 2026, con un único licitador: Grupo Empresarial Magenta, que se adjudicó las obras por 1,92 millones de euros, un 5,32% por debajo del presupuesto de salida. Los trabajos arrancaron el pasado noviembre y deben estar terminados en otoño de este año.
Miajadas, la otra cara
Si Maltravieso ilustra cómo una corrección a tiempo puede salvar un concurso, el caso de Miajadas muestra la otra cara: qué pasa cuando el ayuntamiento decide no insistir con el proyecto original.
La rehabilitación integral del edificio de la Casa de la Cultura Massa Solís salió a licitación en enero de 2026 por 1,23 millones de euros y no encontró ninguna empresa dispuesta a presentarse. En lugar de revisar el presupuesto al alza para ajustarlo a los costes actuales, el Ayuntamiento optó por otra vía: trocear el proyecto y sacar a concurso, únicamente, la instalación eléctrica y de climatización del edificio, por un importe de apenas 179.692 euros.
Es decir, algo más de la décima parte del proyecto original. La rehabilitación integral: cubierta, accesibilidad, eficiencia energética, el grueso de la obra que justificaba el millón largo de presupuesto inicial, queda, de momento, fuera de la ecuación. No es un caso aislado: en un contexto de costes al alza y presupuestos municipales limitados, reducir el alcance de una obra resulta, para muchos ayuntamientos pequeños, más fácil que encontrar partida para actualizar el precio. El resultado, a la larga, es el mismo del que alerta la patronal: proyectos que se quedan a medias, o que tardan años en completarse por fases cada vez más pequeñas, y ciudadanos que no ven plasmarse la actuación prometida.
Más que cifras
Entre las cifras del informe de CNC hay un detalle que conecta directamente con lo que ocurre en pueblos como Brozas, Alcántara o Miajadas: el 82% de las licitaciones desiertas en España corresponden a contratos por debajo de los 500.000 euros, justo el tipo de obra que sostiene la actividad de las constructoras locales y del pequeño empresariado.
En Extremadura, el porcentaje de obras de menos de medio millón de euros que han quedado desiertas sube al 88%.
No, no serán actuaciones que merezcan portadas por su volumen de inversión, pero sí tienen un gran impacto: la mejora de accesibilidad al Hospital San Pedro de Alcántara, el mantenimiento de instalaciones deportivas en Trujillo, la mejora del consultorio de Monterrubio, la reparación del puente de la carretera de La Nava, las pavimentaciones en Plasencia… son sólo algunos ejemplos de obras de interés ciudadano que, de momento, no se harán.
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