La contaminación por ozono en Extremadura ha alcanzado en 2026 su nivel más alto desde la entrada en vigor de los límites legales actuales, en 2010, según el informe anual de Ecologistas en Acción sobre esta materia. El estudio, elaborado con datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en casi 500 estaciones oficiales de medición en España, advierte además de que la información disponible en la comunidad ha sido incompleta por las discontinuidades en ocho de las diez estaciones de control del aire.
La organización sostiene que la Junta de Extremadura está “incumpliendo” sus obligaciones legales de evaluación y gestión de la calidad del aire en un territorio con “problemas crónicos” de contaminación por ozono. Según su análisis, 2026 ha sido meteorológicamente “muy propicio” para la formación y acumulación de este contaminante, con una primavera cálida, abundante actividad vegetal tras las lluvias invernales y el verano más tórrido desde hace al menos siglo y medio, marcado por cuatro olas de calor y por la sucesión de incendios forestales en julio y agosto.
Con la información disponible, el informe concluye que los niveles de ozono en Extremadura han superado los de años anteriores y los registrados antes de la pandemia. Ecologistas en Acción cifra en un 72 % el aumento respecto al promedio de superaciones del objetivo legal para la protección de la salud en el periodo 2012-2019. A partir del nuevo valor objetivo de la Unión Europea para 2030, el estudio calcula que el aire contaminado por ozono habría afectado durante el trienio 2024-2026 al menos a 600.000 personas, el 58 % de la población extremeña. Si se toma como referencia el criterio de la OMS, más estricto, la exposición alcanzaría a toda la población de la región.
Revisión del plan autonómico
La organización pide a la Junta una revisión “urgente” del Plan autonómico de Mejora de Calidad del Aire, que considera vencido en 2026, para aplicar medidas “eficaces” contra la contaminación. Entre las líneas de actuación que propone cita la reducción del tráfico motorizado, la sustitución de disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, la penalización fiscal de los vehículos diésel y una moratoria para nuevas macrogranjas.
El informe añade que durante este verano se han producido al menos tres superaciones del umbral de información a la población en Medina de Las Torres (Badajoz) y Plasencia (Cáceres). También señala que las dos zonas en las que, según su análisis, se ha incumplido el nuevo objetivo legal en el trienio 2024-2026 —Núcleos de población intermedios y Extremadura Rural— reúnen 800.000 habitantes, el 77 % de la población extremeña.
Ecologistas en Acción afirma, además, que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema” y que la única estación de Cáceres lleva dos años sin funcionar. En su diagnóstico, la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, con un impacto especialmente severo sobre niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias.
El balance en España
A escala nacional, el informe sitúa 2026 como el año con los niveles más altos de contaminación por ozono desde 2010. Según la asociación, 53 de las 131 zonas en las que divide España la evaluación de este contaminante incumplen el objetivo legal aprobado por la Unión Europea para 2030, lo que afecta a diez comunidades autónomas y a más de 28 millones de habitantes. Ecologistas en Acción calcula que 16,9 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono en España durante 2026, el 34,3 % de la población, y que la cifra subiría al 98,6 % si se usa el valor recomendado por la OMS.
El coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, afirmó que 2026 ha sido “un año muy propicio para el despunte de este gas contaminante” y sostuvo que “es claramente una consecuencia del calentamiento global” y “va de la mano del cambio climático”. Por su parte, el pediatra Ferrán Campillo subrayó que el ozono actúa como un “irritante” en los sistemas del organismo y señaló que se han detectado evidencias del impacto del ozono en enfermedades como párkinson o alzheimer, además de las consecuencias en el ámbito respiratorio. “El ozono se ha atribuido a un aumento de la mortalidad prematura”, recalcó.
Ecologistas en Acción recuerda también que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación por ozono causa cada año hasta 100.000 muertes en España, y que el coste sanitario asociado representó 5.000 millones de euros en 2013, de acuerdo con el Banco Mundial. El informe añade que Asturias, Cantabria, Extremadura y País Vasco no habrían advertido a la población durante los episodios de picos de ozono, mientras que el resto de comunidades se habría limitado a difundir avisos “rutinarios”.
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