La Junta de Extremadura ha reforzado con un tercer vigilante la seguridad del centro de menores de Caminomorisco (Cáceres), donde se atiende a migrantes no acompañados, tras un nuevo altercado ocurrido en la madrugada del 31 de julio. El incidente obligó a intervenir a dos patrullas de la Guardia Civil y terminó con una trabajadora asistida por un cuadro de ansiedad, que además ha presentado denuncia por los hechos.
Incidentes previos y actuación en la madrugada del 31 de julio
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, acompañado por el director general de Servicios Sociales y Familia, Eliseo Fernández, compareció en Cáceres para dar cuenta del episodio. El consejero lo calificó como “incidente muy grave” y lo relacionó con otros problemas ya registrados en el centro.
En concreto, señaló que se habían producido peleas entre residentes, amenazas al personal y daños en las instalaciones, además de “otras situaciones que alteraban la convivencia de manera grave”. Añadió que, en numerosas ocasiones, ya se había requerido la presencia de la patrulla de la Guardia Civil del cuartel de Caminomorisco.
Según explicó, en esta ocasión los servicios de seguridad del propio centro no pudieron controlar la situación, por lo que fue necesaria la intervención de una segunda patrulla. Una vez restablecido el orden, una de las dotaciones permaneció en el centro durante toda la noche para evitar que se reprodujeran los incidentes. Fernández indicó que una trabajadora tuvo que recibir atención médica por “un cuadro de ansiedad importante” y que posteriormente presentó denuncia ante la Guardia Civil por “amenazas graves de muerte”, vejaciones y forcejeos.
Medidas del Gobierno regional y solicitud a la Guardia Civil
La Junta, como titular del centro, aseguró que actuó “desde el primer momento” y que la Dirección General de Servicios Sociales y Familia reforzó la seguridad con un tercer vigilante. Fernández precisó que esta ampliación se suma a la medida ya adoptada después del episodio del 23 de julio, cuando se pasó de uno a dos vigilantes, de forma que a partir de ahora habrá tres empleados en estas labores.
Además, el consejero dijo que remitió una solicitud formal por carta al responsable de la Guardia Civil en la provincia de Cáceres para que “refuerce en la medida de lo posible la vigilancia” en el centro y en sus alrededores como “medida disuasoria” para evitar “posibles altercados futuros que se están produciendo de manera habitual”.
Prioridad para menores y profesionales
Fernández defendió que la protección de los menores es “una prioridad absoluta” y también lo es la de todos los profesionales que trabajan en el centro y en el resto de recursos dependientes de esta consejería. “No vamos a mirar hacia otro lado cuando se produce cualquier tipo de incidente”, advirtió.
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