La Junta de Extremadura ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas. Según anunció el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, el escrito ya ha sido firmado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y se dará cuenta de él este martes en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo extremeño, que mantiene su rechazo a la medida desde que fue aprobada, se suma así a otras comunidades autónomas que ya han impugnado el reparto de menores migrantes no acompañados. En el recurso, la Junta solicita al Supremo la suspensión cautelar del decreto mientras el alto tribunal dictamina si se ajusta o no a derecho.
Objeciones a las 364 plazas y al cálculo de la capacidad
Fernández Calle indicó que el decreto cifra en 364 plazas la capacidad de Extremadura para acoger a estos menores y criticó que, a su juicio, esa cifra se determinara “de manera absolutamente arbitraria, sin contar con Extremadura, sin conocer los recursos ni económicos ni habitacionales”. El vicepresidente afirmó además que, en el momento de la aprobación del texto, la comunidad contaba con solo 14 plazas libres en el sistema de acogimiento de menores.
Según el Ejecutivo regional, esas plazas no se destinan únicamente a menores extranjeros no acompañados, sino “para todos los menores”, incluidos los nacionales. En este contexto, Fernández Calle sostuvo que, si las plazas se cubren con chicos de otras nacionalidades, se compromete la atención a los menores españoles que lo necesiten. No pudo precisar con exactitud el número total de plazas con las que cuenta la región, que dijo que ronda las 130, ni las disponibles a la espera de la última actualización de este lunes, si bien subrayó que el sistema está “al borde del colapso”.
Alegaciones del vicepresidente de Vox y exigencia al Gobierno
En una comparecencia en la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Fernández Calle, que actúa también como vicepresidente de Vox, acusó al Gobierno de utilizar la “inmigración ilegal masiva como un arma arrojadiza” contra las comunidades autónomas y reclamó que se actúe antes de “repartir el problema por toda España”. En su opinión, el Ejecutivo central debería aplicar sus “armas” para devolver a Marruecos a los menores de ese país, en cumplimiento del acuerdo bilateral cuya ejecución, recordó, ha sido reclamada por el propio país norteafricano para que estos chicos “vuelvan con sus familias”.
“No vamos a aceptar este reparto arbitrario de menores a Extremadura”, remarcó el vicepresidente de Vox, que aseguró que utilizarán “todas las armas” políticas, administrativas y judiciales para sostener su oposición “hasta las últimas consecuencias”. También afirmó que, para evitar que en España ocurra lo que está pasando en Francia, donde dijo que “literalmente” se están quemando institutos, el Gobierno debe asumir sus responsabilidades y que los recursos, según dijo, “sean para los extremeños”.
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