La Junta de Extremadura prevé rebajar en 2027 un 30% el tipo del Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, conocido como ecotasa, que recae sobre las empresas propietarias de la Central de Almaraz. El recorte se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027, registrado este viernes en la Asamblea y presentado por la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano.
Rebaja del tipo y cuantía
Manzano cifró el impacto de la medida en 28.134.600 euros para 2027. En su intervención, vinculó la propuesta a la defensa del mantenimiento de la central y recordó la “predisposición total” de la Junta para sostener Almaraz en los últimos años. “Hemos mantenido esa central nuclear abierta y nosotros ahora cumplimos con nuestro compromiso de reducir esta figura impositiva en el ejercicio 2027”, señaló la consejera.
La consejera explicó además que la reducción del 30% en el primer año cumple el acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. Según indicó, la rebaja se plantea como “gradual” en anualidades posteriores, “siempre y cuando no haya una modificación de la fiscalidad estatal”, que considera que es la que principalmente se nutre de esta recaudación.
Nueva deducción para inversiones
Las cuentas para 2027 incorporan, además, una nueva deducción fiscal orientada a “conectar” la recaudación del impuesto con inversiones en la comunidad autónoma. La consejera detalló que la deducción tendrá un límite del 30% de la cuota tributaria por inversiones destinadas a compensar los efectos negativos que, sobre el medio natural, producen las instalaciones sujetas al impuesto.
Según explicó Manzano, las empresas podrán aplicar esa deducción a partir del ejercicio 2028 si en 2027 realizan dichas inversiones en Extremadura. Entre las actuaciones previstas se incluyen inversiones para la mejora de infraestructuras hídricas y energéticas; para la mejora de la actividad agrícola y ganadera, o de las condiciones socioeconómicas de la población; así como para proteger, restaurar o mejorar ecosistemas, hábitats naturales, biodiversidad o especies afectadas por el ámbito de implantación del impuesto.
Condicionantes ligados a la fiscalidad estatal
Preguntada por los medios, Manzano relacionó la propuesta con la fiscalidad de la energía a nivel estatal. Recordó que, de los aproximadamente 9.000 millones de euros que supone la recaudación de la fiscalidad de la energía, “casi todo se centra en el Estado”, y reiteró la necesidad de que esa imposición sea revisada.
En este sentido, señaló que si se produjera una revisión “a la baja” de esas figuras impositivas, “cabría la posibilidad de revisar ese impacto” autonómico. También indicó que la deducción deberá ser solicitada por las eléctricas y ser verificada.
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