La Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos han respaldado por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, una hoja de ruta que prevé movilizar 951 millones de euros durante los próximos años para facilitar el acceso a una vivienda, impulsar la rehabilitación y ampliar el parque residencial público.
El documento ha recibido este viernes el visto bueno de la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo, celebrada en Mérida, después de un proceso de negociación en el que se han incorporado buena parte de las propuestas planteadas por UGT, CCOO y CREEX.
Superado este trámite, el plan iniciará ahora el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta, previsiblemente durante el mes de octubre, y su posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido una planificación que considera “ambiciosa y realista” para responder al problema de acceso a la vivienda y facilitar que los extremeños puedan desarrollar sus proyectos de vida en la región.
Casi 500 millones para facilitar el acceso a una vivienda
El plan se articula en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas concretas. Más de la mitad de los recursos previstos, alrededor de 498 millones de euros, se destinarán directamente a facilitar el acceso a la vivienda.
En este apartado se incluyen el desarrollo del Plan Habita Extremadura, ayudas al alquiler y a la compra, medidas para incrementar la oferta residencial y actuaciones destinadas a reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
Los jóvenes tendrán un peso destacado, con ayudas para comprar o alquilar y sistemas de avales destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. También se plantean nuevas fórmulas de colaboración público-privada para aumentar la oferta disponible.
El medio rural y las familias con menos recursos figuran igualmente entre las prioridades. La Junta pretende utilizar la política de vivienda como una herramienta para favorecer la permanencia de población en los municipios y atender a personas en situación de vulnerabilidad.
Otros 127 millones de euros se dedicarán a rehabilitación y regeneración urbana, especialmente para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de conservación de los edificios.
Vivienda pública y nueva ley autonómica
La planificación contempla además nuevas promociones públicas, la movilización de inmuebles disponibles y la mejora de los sistemas de mantenimiento, inspección y acompañamiento social del parque de titularidad pública.
Ramírez no ha concretado, sin embargo, cuántas viviendas públicas se construirán durante los cuatro años de vigencia del plan. Preguntado por esta cuestión, recordó que el programa electoral del PP recogía 3.000 viviendas públicas construidas o promovidas, mientras que el posterior acuerdo de gobierno con Vox elevó el compromiso hasta 3.500 viviendas construidas o promovidas.
El consejero ha asegurado que los más de 950 millones previstos representan una inversión en vivienda sin precedentes por parte de un Gobierno autonómico.
Junto a las inversiones, la Junta plantea modificar el marco normativo. Entre las actuaciones previstas figura una futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización de la regulación de las viviendas protegidas y la simplificación de determinados procedimientos urbanísticos.
210 millones del plan estatal
El Ejecutivo extremeño incorporará también los recursos procedentes del Plan Estatal de Vivienda. Según Ramírez, a Extremadura le corresponden 210 millones de euros, financiados en un 60 % por el Estado y en un 40 % por la comunidad autónoma.
La Junta acepta estos fondos, aunque mantiene su enfrentamiento con el Gobierno central por algunos aspectos del plan estatal que considera que invaden competencias autonómicas.
Ramírez ha insistido en que recibir los fondos no supone compartir la totalidad del modelo aprobado por el Ejecutivo central y ha recordado que Extremadura ha recurrido determinados preceptos del real decreto.
Entre ellos citó las obligaciones relativas a la participación del Ministerio en actos e inauguraciones vinculados a actuaciones financiadas por el plan. La Junta considera que estas exigencias exceden las competencias estatales y ha llevado la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Con el acuerdo alcanzado este viernes con sindicatos y organizaciones empresariales, el Gobierno extremeño encara así la fase final de tramitación de un plan que pretende concentrar hasta 2030 inversión pública, ayudas a la compra y el alquiler, rehabilitación, promoción de vivienda pública y reformas legislativas para afrontar uno de los principales problemas sociales de la región.
Añadir La Portada de Extremadura como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.