La Junta de Extremadura llevará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al considerar que algunos de sus preceptos invaden competencias exclusivas de la comunidad autónoma y vulneran el ordenamiento jurídico.
El Consejo de Gobierno ha conocido este martes la autorización concedida a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para emprender las dos acciones contra el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Por una parte, la Administración autonómica planteará un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, una decisión que ya había sido acordada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio.
La Junta sostiene que determinados aspectos del real decreto exceden las competencias del Estado y afectan directamente a las atribuciones exclusivas de Extremadura en materia de vivienda y urbanismo, además de incidir en su autonomía financiera.
El Ejecutivo extremeño había formulado previamente un requerimiento de incompetencia al Gobierno de España, que fue rechazado íntegramente. Según recoge el acuerdo conocido este martes, la respuesta estatal no atendió ninguna de las objeciones planteadas por Extremadura ni corrigió las extralimitaciones competenciales que aprecia la Junta.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico ha decidido acudir al Constitucional para defender el marco competencial de Extremadura frente a la regulación estatal.
También recurrirá ante el Supremo
La ofensiva jurídica tendrá una segunda vía. La Abogacía General ha sido autorizada también para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra una serie de preceptos del mismo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
En este caso, la Junta había dirigido previamente un requerimiento a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, conforme al procedimiento establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El requerimiento, según explica el Ejecutivo regional, no fue atendido formalmente dentro del plazo de un mes establecido legalmente.
La Administración extremeña considera que los preceptos que pretende impugnar ante el Supremo infringen el ordenamiento jurídico, están viciados de incompetencia y resultan desfavorables para los intereses de la comunidad autónoma.
En concreto, la Junta entiende que esas disposiciones no respetan el reparto competencial establecido en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y la legislación aplicable.
Por ello, defenderá ante el Tribunal Supremo que los preceptos cuestionados son nulos de pleno derecho, al formar parte de una disposición administrativa que, a juicio del Gobierno extremeño, vulnera la Constitución y las leyes.
La decisión abre así un doble frente judicial entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: uno ante el Tribunal Constitucional por la posible invasión de competencias autonómicas y otro ante el Supremo por la legalidad de determinados contenidos del real decreto.
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