Extremadura eleva a 618 las viviendas promovidas y construidas en tres años y presenta un plan de 951 millones

Francisco Ramírez defendió en la Asamblea que la Junta ha reactivado la política de vivienda y que el nuevo plan 2026-2030 irá acompañado de una futura ley autonómica y un marco renovado para la vivienda protegida

08 de octubre de 2026 a las 15:25h
El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, este jueves en la Asamblea. / LP
El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, este jueves en la Asamblea. / LP

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, defendió en la Asamblea de Extremadura la política de vivienda de la Junta y la contrapuso a la gestión del anterior gobierno socialista. Según explicó, el Ejecutivo regional ha promovido y construido 618 viviendas en los últimos tres años, frente a las 22 de la última legislatura del PSOE.

Ramírez hizo estas declaraciones en una comparecencia a petición propia ante el pleno para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de María Guardiola. El consejero sostuvo que el Gobierno autonómico se encontró en 2023 ayudas previstas en los planes de vivienda que no se estaban activando, instrumentos legales que “nunca llegaron a desarrollarse” y programas que, a su juicio, prometían resultados que no se alcanzaron.

“Hoy los extremeños sí que pueden comparar dos modelos, pero dos modelos con resultados, no de palabra, no de anuncios, con resultados”, afirmó Ramírez, que resumió esa comparación entre “el modelo de los hechos” y “el modelo de los anuncios”.

El plan 2026-2030 y los cambios anunciados

El consejero situó como eje de la estrategia autonómica el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado con 951 millones de euros, muy por encima de los 188 millones del plan socialista, según expuso. Ramírez señaló que el documento pone el foco “donde más falta hace” y defendió que debe ir acompañado en esta legislatura de una nueva ley de vivienda de Extremadura y de un marco distinto para la vivienda protegida, al considerar que la seguridad jurídica es “muy, muy importante”.

Entre las medidas ya aplicadas, citó la recuperación de las ayudas a los promotores, el aumento de las ayudas a la vivienda protegida autopromovida, la simplificación administrativa, la reducción de cargas burocráticas, la mejora de la seguridad jurídica y la creación del registro de demandantes de vivienda. También aseguró que, desde julio de 2023, la Junta ha impulsado convocatorias que han movilizado más de 73 millones de euros en ayudas concedidas.

Ramírez añadió que los jóvenes han sido convertidos en una prioridad para el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, y destacó el uso de medidas fiscales como herramienta para facilitar ese acceso. Además, subrayó que “por primera vez” se están transformando locales propiedad del Ejecutivo extremeño en viviendas protegidas. Según dijo, esa línea permitirá crear 24 nuevas viviendas protegidas y 11 de los locales ya han recibido luz verde esta semana en el Consejo de Gobierno.

Posiciones de los grupos en el pleno

En el turno de los grupos, el diputado del PP Miguel Ángel Nieto calificó el nuevo plan como la “mayor apuesta” realizada en Extremadura y afirmó que está estructurado en cuatro ejes estratégicos. Según defendió, el documento incorpora medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la rehabilitación, la regeneración urbana, las ayudas al alquiler o a la compra y programas de avales para la primera vivienda.

Desde el PSOE, Juan Ramón Ferreira ofreció la disposición de su grupo a colaborar en el desarrollo del plan, aunque reclamó que la Junta lo registre para que la oposición pueda ejercer su labor de control. También cuestionó que el Ejecutivo califique el plan de “histórico” antes de que llegue a 2030 y pueda comprobarse su ejecución completa.

Por Vox, Javier Bravo Arrobas respaldó la política anunciada por Ramírez y la vinculó con la construcción de vivienda social y protegida destinada tanto a compra como a alquiler. En sentido contrario, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto Hortet sostuvo que la vivienda es “un derecho” y defendió que la Junta tiene competencias exclusivas para actuar, al tiempo que propuso un programa de recuperación de vivienda vacía, un fondo autonómico para comprar y rehabilitar inmuebles y apoyo financiero y técnico a los ayuntamientos.

El debate quedó centrado en la respuesta a los problemas de acceso a la vivienda en la comunidad, mientras la Junta mantiene como próximas referencias el plan 2026-2030, la futura ley autonómica y el nuevo marco para la vivienda protegida.

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