El Gobierno ha puesto negro sobre blanco los argumentos que le han llevado a autorizar la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) apunta fundamentalmente al nuevo escenario energético internacional, la volatilidad del precio del gas y la conveniencia de reducir temporalmente la exposición del sistema eléctrico español a los combustibles fósiles.
La Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, concede a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) la renovación de la autorización de explotación de las dos unidades de la planta cacereña. Hasta ahora, la Unidad I tenía permiso para funcionar hasta el 1 de noviembre de 2027 y la Unidad II hasta el 31 de octubre de 2028. Ambas podrán hacerlo ahora hasta el 8 de junio de 2030.
La decisión supone un cambio sobre el calendario inicialmente previsto para Almaraz, pero el Ejecutivo subraya que no modifica la fecha de cierre definitivo del conjunto del parque nuclear español, fijada en 2035. El Ministerio calcula que la ampliación representa unos 31 meses adicionales para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II, unos periodos que considera reducidos en relación con la vida media prevista de las centrales españolas. Por ello, concluye que su impacto sobre los objetivos generales de política energética será «muy limitado».
La crisis en Oriente Medio y el precio del gas, entre las claves
Uno de los argumentos de mayor peso que incorpora la orden es el deterioro del contexto energético internacional como consecuencia de la crisis en Oriente Medio. El Gobierno sostiene que esta situación ha provocado una disrupción en los mercados energéticos mundiales y ha incrementado de manera significativa tanto los precios como la volatilidad de los combustibles fósiles, especialmente del gas natural.
El Ministerio advierte además de que los daños en infraestructuras de producción y exportación de combustibles y la situación geopolítica prolongan la incertidumbre hacia los próximos años. Aunque considera que España se encuentra en una posición más favorable gracias al avance de las energías renovables, reconoce que este escenario incrementa la vulnerabilidad de ciudadanos y empresas ante la dependencia exterior de combustibles fósiles.
Es precisamente en este punto donde el Ejecutivo encuentra uno de los principales argumentos para mantener Almaraz. Según recoge literalmente la orden, la extensión de su funcionamiento contribuirá de forma coyuntural a moderar la exposición del sistema eléctrico y de los consumidores españoles a posibles picos de precios del gas natural mientras continúan desplegándose las renovables y los sistemas de almacenamiento, que el Gobierno mantiene como soluciones estructurales para reducir la dependencia energética exterior.
Menos generación con gas y un impacto reducido sobre las renovables
El Ministerio dedica también una parte importante de su argumentación a justificar que la continuidad de Almaraz no supone abandonar ni comprometer la apuesta por las energías renovables.
Los cálculos incorporados a la orden estiman que en 2030 la prórroga podría provocar una reducción del 1,4% de la generación renovable respecto al escenario previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Gobierno considera que este efecto es reducido y señala que sería incluso inferior a las variaciones que pueden producirse habitualmente por factores como el clima, las interconexiones eléctricas o la indisponibilidad de determinadas unidades de generación.
A cambio, la continuidad de la central tendría un efecto sensiblemente mayor sobre el uso del gas: el análisis del Ministerio estima una reducción del 7% de la generación eléctrica procedente de ciclos combinados de gas natural respecto al escenario contemplado en el PNIEC.
El Ejecutivo concluye, además, que esos dos años adicionales aproximadamente de funcionamiento no ponen en peligro los compromisos españoles con la Unión Europea en materia de renovables, ya que el porcentaje de energías renovables sobre el uso final de energía continuaría por encima de los umbrales establecidos a nivel comunitario.
El CSN avala la continuidad hasta 2030
Junto a los argumentos energéticos aparece una condición imprescindible: el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo regulador emitió el pasado 16 de julio un informe favorable a la renovación de la autorización por todo el periodo solicitado, condicionado al cumplimiento de los límites y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica incorporados a la orden.
El CSN ha tenido en cuenta el seguimiento realizado durante la actual autorización y ha evaluado la documentación presentada por la empresa, incluida la justificación de la validez de la tercera Revisión Periódica de Seguridad hasta 2030 y el plan de continuidad de la operación.
La nueva autorización establece además numerosas obligaciones en materia de seguridad. Entre ellas figura el mantenimiento de los programas de mejora, actuaciones sobre equipos y sistemas de la planta y requisitos específicos para la operación a largo plazo. El titular deberá asimismo garantizar entre 2028 y 2030 las plantillas necesarias en los puestos relacionados con la seguridad, con margen suficiente para mantener las dotaciones mínimas.
Sin costes adicionales por los residuos, según Enresa
Otro de los aspectos analizados antes de conceder la prórroga es qué ocurrirá con los residuos radiactivos y los costes del futuro desmantelamiento.
Según recoge la orden, Enresa considera que el aumento del volumen de residuos provocado por estos meses adicionales de funcionamiento será «poco significativo» y no hará necesario ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes o actualmente en ejecución.
El Ministerio añade que no se prevé trasladar costes adicionales ni a los consumidores ni a los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia de este incremento de residuos.
Almaraz también aporta seguridad al sistema eléctrico
El operador del sistema eléctrico ha sido igualmente consultado. Su valoración, recogida por el Ministerio, señala que mantener disponible Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema eléctrico, aunque matiza que esa contribución es limitada en determinados aspectos.
La prórroga, por tanto, no elimina la necesidad de seguir reforzando la seguridad y estabilidad del suministro eléctrico, pero el operador considera que la aportación de la nuclear adquiere mayor relevancia ante la actual incertidumbre sobre la evolución de los escenarios energéticos futuros.
Una prórroga que el Gobierno quiere vincular a alternativas de empleo
La decisión incorpora además una consideración específica sobre el futuro económico de la comarca. El Ministerio sostiene que esta extensión temporal de la vida de Almaraz debe servir para que las empresas propietarias se impliquen en mayor medida en la búsqueda de alternativas industriales y de empleo en el territorio.
El Gobierno señala expresamente que el periodo adicional deberá ser utilizado por las compañías para avanzar en el diálogo social destinado a conseguir una transición justa ante el futuro cierre de la instalación.
De este modo, el Ejecutivo presenta la decisión no como una revisión general de su política nuclear, sino como una extensión limitada y excepcional en el tiempo ante un escenario energético diferente al inicialmente previsto. Mantiene su apuesta estratégica por las renovables y el horizonte de cierre del parque nuclear en 2035, pero considera que prolongar Almaraz hasta junio de 2030 permite reducir temporalmente la dependencia del gas, amortiguar la exposición a posibles subidas de precios y aportar estabilidad al sistema sin comprometer los objetivos de transición energética.
La autorización establece finalmente que las dos unidades de Almaraz podrán operar hasta el 8 de junio de 2030, inclusive, sometidas a los límites y condiciones fijados por el Ministerio y el Consejo de Seguridad Nuclear.
La orden está fechada el 12 de agosto de 2026 y se dicta desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El documento identifica el cargo de vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque la resolución aparece firmada por delegación por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras.
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