Envenenamiento masivo por vino con arsénico, historia de una tragedia injustamente olvidada en Extremadura

Fue en junio de 1978 cuando Faustino H., propietario de la bodega El Raposo, de la localidad del mismo nombre, añadió tres kilos y medio de ácido cítrico a los conos de vino con el fin de mejorar su sabor antes de ponerlo a la venta… o al menos eso creía él. 

En realidad, Faustino lo que añadió fueron tres kilos y medio de arseniato de sodio (utilizado entonces como herbicida para viñas), que guardaba en una bolsa idéntica a la del ácido cítrico y en el mismo lugar, sin tener en cuenta que el aspecto muy similar de ambas sustancias podía inducir a confusión. De este modo, el bodeguero convirtió 13.500 litros de vino en un veneno mortal. 

El hecho de que la bodega de Faustino acarrease la fama de conseguir buenos caldos fue esta vez un elemento que aceleró la tragedia. Bares y otros negocios, así como muchos particulares (entre ellos emigrantes extremeños sobre todo residentes en Andalucía, Madrid y País Vasco), se apresuraron a llevarse el vino de El Raposo por arrobas. 

Según recuerdan algunos, para colmo de desgracia, el vino tóxico tenía un sabor muy agradable, por lo que empezó a ser muy demandado. En otros casos, esta calidad fue precisamente la que evitó una desgracia mayor: ciertos bares decidieron guardar el vino para las ferias del pueblo, y solo lo cató el propietario y los clientes escogidos. 

Se pensó que era meningitis

Cuando algunas personas empezaron a enfermar en la comarca, con síntomas como hinchazón en la cara, cefaleas, vómitos, pesadez de las articulaciones… que derivaron en varias muertes casi simultáneas, nadie se percató de lo que ocurría. 

De hecho, en localidades como Valencia del Ventoso, donde empezaron primero a multiplicarse los afectados, se atribuyó lo que sucedía a un brote de meningitis. Esta sospecha movilizó a las autoridades sanitarias, que enviaron muestras de tejido y sangre al Instituto de Toxicología de Sevilla. Allí pronto se descubrió que no se trataba de una infección, sino de un envenenamiento masivo. 

Se buscó entonces el nexo común hasta dar con el origen. Para entonces, mediados de julio, la cifra de intoxicados superaba ya los 300, y el envenenamiento afectaba a vecinos de Zafra, El Raposo, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Fuente del Maestre, Valencia del Ventoso, Zahinos, Valle de Santa Ana, Sevilla, Fuente de Cantos, Calzadilla de los Barros, Medina de las Torres, Madrid, País Vasco… 

Se activó el protocolo de salud pública que incluyó la localización y decomiso de todas las partidas (con sucesos de marcada irresponsabilidad, como el que se cita en otro apartado). 

A la vez, para determinar el alcance exacto del envenenamiento, se ordenó la exhumación de cadáveres de personas que hubiesen muerto en circunstancias poco claras dentro del mes y medio anterior. Una persona presente en una de las necropsias lo recuerda así: “la necropsia se practicó en el cementerio, al aire libre, dado que con el calor que hacía y el estado del cadáver, hacerlo en la sala hubiera sido imposible por el olor. Nada más abrir el féretro, el forense principal, Juan Espino Navia, miró al forense que le asistía (cuyo nombre no recuerdo) y le dijo: ‘¿ves cómo está el cuerpo? Ni siquiera sería necesario seguir, está claro que es arsénico’. El análisis posterior reveló que tenía grandes concentraciones del veneno”. 

Las dimensiones finales de la tragedia son sobrecogedoras: 11 muertos y 335 afectados con secuelas de distinta gravedad, desde dolores de cabeza persistentes hasta pérdida de movilidad en las extremidades. 

Con todo, una de las personas que vivió estos hechos en primera línea relata que la tragedia podía haber sido mayor de haberse tardado siquiera un mes más en dar con la causa: como se ha dicho, muchos bares habían reservado el vino para las ferias del pueblo, que en la mayoría de lugares de la zona tienen lugar entre finales de julio y finales de agosto, “y si llega a servirse ese vino, no sé qué hubiera pasado, estaríamos hablando de cientos de muertes”. 

Márques de Prado y Gómez de Liaño 

La causa por estos sucesos se tramitó en el juzgado de Zafra, a cuyo frente estaba Julio Márquez de Prado (después presidente Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, fallecido en 2021), quien en una entrevista concedida en 2008 a un diario regional extremeño aseguraba que fue uno de los casos que más le marcaron en su carrera. 

El caso fue juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz por otro juez que luego alcanzaría renombre, como es Javier Gómez de Liaño. Dicho juez (que ahora ejerce de abogado) aseguraría posteriormente que el proceso del vino con arsénico le fue de mucha utilidad para instruir la causa que hubo de llevar poco después, ya en la Audiencia Nacional, por el envenenamiento masivo por el aceite de colza desnaturalizado. 

Gómez de Liaño dictaría sentencia el 1 de marzo de 1984, condenando a Faustino H. a una pena de seis años de prisión por delito de imprudencia con resultado de muertes y lesiones. Además, fijó indemnizaciones para las familias de los fallecidos, por una cantidad que hoy equivaldría a 56.000 euros, y también para los afectados, según su grado de afectación, que oscilaron entre 95 euros y 72.000 euros. 

La sentencia de Gómez de Liaño fue ratificada por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1987, actuando como ponente de este fallo otro juez ‘estrella’: Marino Barbero (extremeño como los dos anteriores y que instruyó el ‘caso Filesa’). 

Indemnizaciones no cobradas

Pero quedaba un punto importante por resolver, que nunca llegó a solucionarse marcando una tremenda injusticia. Las indemnizaciones fijadas por la Audiencia Provincial sumaban el equivalente a 2,8 millones de euros de hoy día. Sin embargo, las propiedades incautadas a Faustino H. no alcanzaban ni la cuarta parte de ese valor. 

Por tanto, ni los familiares de los fallecidos ni quienes hubiesen sufrido secuelas recibirían siquiera la exigua cifra fijada en el fallo, teniendo en cuenta además que el propietario de la bodega fue condenado a pagar también las costas de los abogados de todas las partes. 

Es por ello que en octubre de 1981, varios diputados socialistas en el Congreso, entre ellos el que poco después se convertiría en presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, instan al gobierno, de la UCD, a actuar con los afectados por el vino con arsénico como se había decidido actuar con los del aceite de colza, esto es, asumiendo el Estado la responsabilidad subsidiaria que garantizase las indemnizaciones, así como otras ayudas como pensiones vitalicias. 

En el escrito firmado por Ibarra se pregunta al gobierno si considera de justicia discriminar a unas y otras víctimas. No hay caso, UCD usa su mayoría para denegar la solicitud, sin que pueda explicar con nitidez el motivo. El único consuelo para las víctimas del arsénico es que en 1987, la Junta de Extremadura articula una ayuda para los afectados extremeños que suma en total 465.000 euros, y por la cuál los familiares de los fallecidos recibirían 9.500 euros (actualizados a día de hoy), y las 221 personas que presentaban secuelas cantidades variables que oscilan entre los 300 euros de hoy y los 14.600 euros, también actualizados. 

Así se cierra, al menos desde el punto de vista oficial, una tragedia que, sin embargo, sigue estando muy presente para quienes la sufrieron, y para toda la comarca. Basta preguntar a quien  tenga edad de haberlo vivido por el ‘vino del Raposo’, para que regrese a aquel verano del 78. 

Seguir vendiendo veneno

El 22 de julio de 1978, un policía municipal de Fregenal de la Sierra, del que solo consta en la sentencia que se llamaba Emilio, se personó, por orden de sus superiores, en el bar Perogil, de Fregenal, y requirió al propietario (la sentencia indica que se llamaba Miguel Ángel) para que, si tenía vino de la bodega El Raposo, no debía venderlo, y había de entregarlo para su decomiso. 

A esas alturas era conocido que el vino era tóxico y podía causar la muerte (de hecho, ya había un fallecido y varios afectados en Fregenal). Sin embargo, Miguel Ángel negó tener vino de dicha bodega, e indicó que el que servía lo había comprado en Puebla del Maestre. 

Como quiera que varios afectados aseguraban que solo habían consumido el vino en dicho bar, el 24 de julio se personaron en el establecimiento inspectores de Salud Pública, que determinaron que Miguel Ángel aún guardaba 87 arrobas del vino tóxico y que además continuaba vendiéndolo, asegurando a los clientes que no era el contaminado por arsénico. 

Según algunas fuentes, incluso lo estaría rebajando con agua para así intentar difuminar su toxicidad. Por ello, Miguel Ángel fue juzgado en la Audiencia Provincial y condenado a un año de prisión y multa de 500 euros (actualizado a día de hoy). El condenado recurrió al Supremo, que ratificó la sentencia y también la condena en costas como autor de un delito criminalmente responsable de riesgo contra la salud pública. 

Enseñanza positiva

La gravedad del caso y lo absurdo de la situación que había provocado la tragedia trajeron, al menos, algún aspecto que podemos calificar de positivo. Por un lado, se incrementaron las inspecciones en las pequeñas bodegas, para que cumpliesen estrictamente la separación entre aquellas sustancias que participaban en el proceso de maduración del vino, y por tanto eran inocuas, de aquellas, como plaguicidas o herbicidas, que podrían resultar mortales. 

Etiquetado, envases, sistemas de conservación, manipulación, etcétera, todo fue revisado, y además pocos años después se prohibiría el arsénico como herbicida. 

Otro aspecto fue el avance médico en el campo de la neuropatología. Diversos investigadores, como Federico González, pudieron estudiar con detenimiento los efectos concretos del arsénico en distintas concentraciones sobre el sistema neurológico, estableciendo dosis, síntomas, efectos a medio y largo plazo, qué sistemas del cuerpo humano se veían concretamente afectados y cómo se desarrollaba el mal… 

Unos hallazgos que servirían para desarrollar nuevas formas de enfrentar casos de intoxicación y envenenamiento.