Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy— se reúnen este martes en un encuentro decisivo marcado por los rumores sobre una posible petición para extender la vida útil de la planta extremeña, cuyo cierre está previsto para 2027.
La reunión de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) llega con el sector pendiente de si las compañías darán el paso de solicitar una modificación del calendario de clausura. Según fuentes del mercado, podría ser Iberdrola, accionista mayoritaria, quien ponga sobre la mesa una propuesta de prórroga, aunque cualquier decisión deberá consensuarse entre las tres eléctricas y aprobarse formalmente en asamblea.
El calendario apremia. Antes del 1 de noviembre, las propietarias deben enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación necesaria para evaluar el cese de actividad del primer reactor, cuyo permiso de explotación expira el 1 de noviembre de 2027.
El debate sobre el futuro de las nucleares se ha intensificado en los últimos meses, especialmente tras el apagón que afectó en abril a la península ibérica. En junio, Iberdrola y Endesa remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que expresaban su disposición a estudiar una prolongación del calendario de cierre de varias centrales. El Gobierno interpretó el gesto como una declaración de intenciones y no como una solicitud formal, al considerar que la propuesta no cumplía las condiciones básicas: garantizar la seguridad, asegurar el suministro y evitar un sobrecoste para los ciudadanos.
Fuentes del sector señalan que las compañías no descartan una prórroga limitada —de unos tres años— para Almaraz. En esa línea, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, volvió a defender este lunes, durante su intervención en el foro World in Progress, la posibilidad de mantener la actividad de la planta hasta 2030.
Pese a las declaraciones, el principal obstáculo sigue siendo económico. Las eléctricas reclaman desde hace tiempo una revisión de la carga fiscal que soportan las centrales, que incluye impuestos autonómicos, municipales y la llamada Tasa Enresa, destinada a cubrir los costes de gestión de residuos radiactivos y el posterior desmantelamiento de las instalaciones.
El calendario de cierre pactado en 2019 entre las compañías y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) prevé el apagado progresivo de las centrales españolas entre 2027 y 2035. Si no se producen cambios, Almaraz I será la primera en desconectarse, seguida por Almaraz II en 2028. Después llegarán los cierres de Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II en 2035.