El inminente cierre de la central nuclear de Almaraz previsto para 2027 ha desatado un conflicto creciente entre el Gobierno español y las empresas dueñas de la planta: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Iberdrola ya está preparando la documentación necesaria para solicitar formalmente la parada, siguiendo una indicación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con fecha límite a finales de octubre. Este paso podría marcar un punto de no retorno hacia el cierre definitivo.
Las compañías eléctricas han expresado su disposición a renegociar el calendario acordado en 2019, que contempla el apagado progresivo de las nucleares españolas entre 2027 y 2035, pero solo bajo la condición de una reducción significativa en su carga fiscal. Alegan que mantener las condiciones actuales hace inviable económicamente la operación. Por su parte, el Ejecutivo rechaza modificar los impuestos vigentes y pone en duda que exista tal inviabilidad financiera; no obstante, se muestra abierto a analizar posibles prórrogas siempre que no impliquen costes adicionales para consumidores o contribuyentes.
Desde las empresas sostienen que clausurar Almaraz tendría un impacto directo al encarecer la electricidad y disminuir los ingresos fiscales. Además, denuncian que la energía nuclear soporta una presión tributaria injustamente elevada en comparación con otras fuentes energéticas. El Gobierno insiste en defender el interés general y proteger a los ciudadanos manteniendo firme su postura sobre el marco impositivo actual.
Iberdrola recalca que debe atenerse estrictamente a la legislación vigente, preparándose para el cese si no hay cambios en la política oficial. Paralelamente, las eléctricas han reforzado sus argumentos destacando que la energía nuclear es reconocida como limpia por parte de la Unión Europea, aporta autonomía estratégica al país y ayuda a evitar cortes eléctricos como el padecido en el 28 de abril de este año.
VALENCIA Y EXTREMADURA
A nivel regional, comunidades como Valencia y Extremadura —influidas por presiones políticas desde Vox— han adoptado medidas como eliminar o reducir tributos autonómicos relacionados con esta tecnología. En el caso concreto de Extremadura, el Ejecutivo de María Guardiola ha propuesto reducir los impuestos autonómicos que afectan a la central, incluyendo el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente (la llamada “ecotasa”), con la idea de rebajarlo progresivamente hasta reducirlo a la mitad para 2029. También ha reclamado al Gobierno central que adopte medidas similares con las cargas fiscales nacionales que pesan sobre la central.
En distintas intervenciones, Guardiola ha insistido en que Extremadura “no necesita alternativas” cuando la realidad de la planta está presente, pues ve el cierre como una decisión injusta, sectaria, precipitada. Ha alertado de las consecuencias: pérdida de empleo (2.900 empleos entre directos, indirectos e inducidos en tiempos normales de operación), debilitamiento del sector servicios y proveedores locales, así como impacto en la economía regional, despoblación, etc. La presidenta extremeña ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “forzar” el cierre, de tomar decisiones que afectan a Extremadura sin tener en cuenta su realidad rural, de una postura que ella considera ideológica, y demanda transparencia, diálogo y medidas que permitan prorrogar.
EXPECTATIVAS
Dentro del Gobierno central existe cierta expectativa sobre una posible concesión por parte de las eléctricas: se anticipa que podrían solicitar una prórroga sin exigir inicialmente beneficios fiscales debido al contexto político próximo. El acuerdo parlamentario entre PSOE y Sumar deja margen para flexibilizar los plazos establecidos; sin embargo, Sumar se opone rotundamente a extenderlos. En caso de no tramitarse dicha ampliación pronto, reabrir o prolongar operaciones sería inviable técnicamente, lo cual incrementaría notablemente los costes asociados al desmantelamiento.
Iberdrola resulta ser la firma más afectada por este cierre inminente de Almaraz mientras Endesa concentra mayor interés en otras plantas como Ascó y Vandellós. Las decisiones respecto a Almaraz están estrechamente ligadas a otras negociaciones clave dentro del sector eléctrico nacional: revisión regulatoria sobre retribución por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), litigios pendientes ante el Tribunal Supremo planteados por las propias eléctricas e incluso elaboración del plan energético hasta 2030.