La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, avanzó este jueves en la Asamblea de Extremadura que el próximo viernes, 25 de septiembre, se reunirá con las empresas del sector del transporte escolar para definir el servicio de cara a los próximos años. La cita llega después de las dificultades registradas para adjudicar todas las rutas al inicio de los dos últimos cursos.
Valencia enmarcó ese encuentro dentro de las negociaciones mantenidas con el sector antes del inicio escolar y sostuvo que permitieron que todos los alumnos extremeños estuvieran en las aulas el pasado 10 de septiembre. Según dijo, ese era el principal objetivo del Ejecutivo regional. También defendió que la Consejería trabajó “sin descanso” durante el proceso y rechazó que hubiera “ningún tipo de opacidad”.
Choque político en la Asamblea
La comparecencia derivó en un cruce de reproches con la diputada socialista Lara Garlito, que acusó al Gobierno regional de haber generado incertidumbre en la comunidad educativa hasta el último día. Garlito preguntó además cuál había sido el coste para las arcas autonómicas de esa “improvisación”, aunque la consejera no respondió a esa cuestión.
“Reconozco que tiene muchísimo mérito hacer de la urgencia, de la emergencia, de la tensión, de la incertidumbre la absoluta normalidad”, le reprochó la diputada socialista a Valencia. En su intervención, también afirmó que su grupo lleva preguntando por este proceso desde el pasado mes de mayo, tras los antecedentes del curso anterior.
La versión de la Consejería
Valencia replicó que la oposición no debía “asustar a las familias” ni a los alumnos y sostuvo que lo importante era que el curso no empezara con incertidumbre. También rechazó las acusaciones de falta de transparencia y afirmó que el problema no era disponer de ofertas en todas las rutas, sino completar la adjudicación de los contratos.
“Una cosa es tener rutas con ofertas en todas las rutas, que eso se ha tenido bastante pronto, y otra muy diferente es la adjudicación o la provisión de adjudicación”, explicó la consejera. Añadió que la Consejería seguirá trabajando para que el curso “siga con total normalidad y todos los alumnos puedan seguir yendo a sus centros educativos”.
El origen del conflicto
Según expuso Garlito, la situación respondió a un “error técnico o administrativo” reconocido por la Administración, que retrasó aproximadamente un mes la licitación ordinaria de 356 rutas. Ese retraso obligó a encadenar varias rondas de contratación de emergencia y, el 7 de septiembre, todavía quedaban 25 rutas sin adjudicatario y otras 265 se prestaban provisionalmente mediante fórmulas de emergencia.
La consejera anunció finalmente que el día 25 se celebrará una mesa con las empresas del sector para abordar esta cuestión y tratar de definir el servicio escolar para los próximos años.
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