Ecologistas Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la Orden TED/864/2026, por la que el Gobierno central autorizó la continuidad de las unidades I y II de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La organización sostiene que la decisión prolonga de forma “innecesaria” un modelo energético que, a su juicio, debería sustituirse progresivamente por energías renovables, almacenamiento y generación distribuida.
Críticas a la prórroga y a su tramitación
En su escrito, la asociación afirma que la prórroga contradice el calendario de cierre previsto para la planta, que fijaba el cese de la Unidad I en noviembre de 2027 y el de la Unidad II en octubre de 2028. También advierte del denominado “efecto tapón” que, según su planteamiento, puede provocar la permanencia de una gran instalación de generación de base en un sistema eléctrico que necesita más capacidad para integrar nueva generación renovable.
Ecologistas Extremadura añade que debe valorarse el incremento de residuos radiactivos y combustible gastado asociado a la prolongación de la actividad de la central. Además, cuestiona que la autorización se haya concedido “sin una nueva evaluación ambiental acumulativa de la extensión de su funcionamiento”.
Autoconsumo, fiscalidad y sedes sociales
La organización también critica que la Junta de Extremadura defienda la continuidad de Almaraz mientras, según su criterio, no impulsa de forma “suficientemente ambiciosa” la instalación de energía solar de autoconsumo en los edificios públicos de la administración autonómica. Según el comunicado, colegios, institutos, centros sanitarios, residencias y oficinas administrativas presentan condiciones favorables para aprovechar la producción solar en las horas centrales del día. “Resulta difícil entender que Extremadura, una de las regiones con mayor recurso solar de Europa, siga sin aprovechar de forma mucho más intensa las cubiertas de sus edificios públicos. La Junta debería dar ejemplo y convertir cada cubierta pública adecuada en una pequeña central solar de autoconsumo”, señala la asociación.
Ecologistas Extremadura considera también “especialmente grave” que, al mismo tiempo que se pide a la comunidad que asuma los “costes y riesgos” de la continuidad de la central, la Junta haya decidido reducir progresivamente a la mitad el impuesto autonómico que pagan sus propietarias. La organización recuerda que la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, anunció que el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medioambiente se rebajaría hasta el 50% en 2029. Con los datos que, según la asociación, facilitó entonces la propia Junta, esa medida supondría que en 2029 las empresas propietarias pagarían unos 45,2 millones de euros menos que con la fiscalidad anterior. Añade que en 2025 la recaudación superaba los 80 millones de euros.
La asociación recuerda asimismo que la Central Nuclear de Almaraz pertenece actualmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, con participaciones aproximadas del 53%, 36% y 11%, respectivamente. En ese contexto, denuncia que Iberdrola mantiene su sede social en Bilbao y que Endesa y Naturgy la tienen en Madrid. Por ello, pregunta públicamente a PP y PSOE qué ha quedado de las promesas y reivindicaciones para que las grandes empresas vinculadas a Almaraz trasladaran sus sedes sociales a Extremadura.
Ecologistas Extremadura ha llamado por último a la ciudadanía a presentar recursos contra la prórroga y a utilizar “su capacidad de decisión como consumidores”, valorando la posibilidad de dejar de ser clientes de las compañías propietarias de Almaraz.
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