El respaldo del Parlamento Europeo a reconsiderar el cierre de la Central Nuclear de Almaraz ha intensificado el enfrentamiento político en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha calificado el mensaje europeo como “contundente y claro” y ha instado al Gobierno de España a “reconsiderar” el cierre previsto de la planta.
Guardiola ha defendido que la energía nuclear es actualmente “verde de transición” y esencial en numerosos países europeos, subrayando además el impacto socioeconómico de la central, que da empleo a unas 4.000 familias en la comarca del Campo Arañuelo. En este sentido, ha insistido en que “lo que es bueno para Europa también tiene que ser bueno para Extremadura”, remarcando su papel en la competitividad industrial y la soberanía energética.
En la misma línea, el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández, ha celebrado el pronunciamiento europeo y ha ido más allá al reclamar que la vida útil de la central se extienda más allá de 2040. Fernández ha destacado que Almaraz genera el 7% de la electricidad del país, abastece a cuatro millones de hogares y representa el 30% de la producción nuclear en España, además de ser, a su juicio, “la primera industria de Extremadura”. También ha defendido que el Ejecutivo regional ha hecho “todo lo que está en sus manos” para garantizar su continuidad.
“Mentir y manipular"
Frente a estas valoraciones, el PSOE de Extremadura ha reaccionado con dureza y ha acusado a Guardiola de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor ha recalcado que la votación en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia exclusiva del Estado.
Los socialistas consideran que el documento aprobado responde a una iniciativa de PP y Vox con fines políticos y han denunciado “desinformación interesada”. Asimismo, han reiterado que cualquier decisión sobre Almaraz debe cumplir tres شروط: solicitud de las empresas explotadoras, garantías de seguridad nuclear y de suministro, y que no suponga coste alguno para la ciudadanía.
Así, el futuro de Almaraz continúa en el centro del debate político, con posturas enfrentadas sobre el alcance del respaldo europeo y la decisión final, que corresponde al Gobierno de España.
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