CCOO Extremadura ha reclamado el lunes 28 en Mérida más medios humanos y materiales para atajar el colapso de la jurisdicción social, una situación que, según el sindicato, está retrasando durante meses o incluso años la respuesta judicial a conflictos laborales y de Seguridad Social. La secretaria general regional, María Berrocal, ha defendido que la demora en estos procedimientos supone una lesión para los derechos laborales y sociales de la ciudadanía.
Durante la presentación del informe Sin Justicia no hay derechos, elaborado por el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, Berrocal sostuvo que la justicia social tardía deja de ser efectiva. “La justicia tardía en el orden social no es una justificación simplemente lenta, es una justicia que puede dejar de ser efectiva”, afirmó. También pidió que la situación entre en la agenda institucional y política, con diálogo con los agentes sociales y una estrategia sostenida para reducir retrasos.
Reclamaciones y procedimientos más afectados
La dirigente sindical insistió en que no puede aceptarse que una persona trabajadora que reclama salarios, impugna un despido, solicita una prestación o denuncia una vulneración de derechos fundamentales tenga que esperar meses o años para llegar a juicio. A su juicio, la demora judicial no debería convertirse en una ventaja para quien incumple.
CCOO considera prioritario reforzar los órganos que soportan mayores cargas de trabajo, incrementar los medios humanos y materiales y adoptar medidas extraordinarias en los partidos judiciales donde las demoras estén comprometiendo el ejercicio efectivo de los derechos laborales y de protección social. El sindicato puso el foco en los procedimientos de despidos, salarios, prestaciones de Seguridad Social, derechos fundamentales y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
Berrocal también defendió que es imprescindible mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la jurisdicción social. Según explicó, el problema no es una cuestión menor de organización judicial, sino un asunto estructural del Estado de Derecho en el ámbito laboral.
Datos de demora y situación en Extremadura
En su intervención, Berrocal citó varios datos del informe para describir la gravedad de la situación. En reclamaciones de salarios y reconocimiento de derechos, la demora media estatal alcanza 450,4 días, es decir, 15 meses, con 41 provincias en situación de colapso funcional. En despidos individuales, la espera media es de 375,3 días, unos 12 meses y medio, y 29 provincias aparecen en colapso funcional.
El informe también sitúa en 389,7 días la demora media en asuntos de Seguridad Social, con 36 provincias en colapso funcional. En derechos fundamentales, el plazo medio es de 215,1 días, mientras que en modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y movilidad geográfica la media alcanza 204,4 días.
Sobre Extremadura, el secretario de Estudios, Cultura, Movilidad y Servicios Jurídicos de CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, señaló que la duración de los procedimientos es algo mejor que la media nacional, aunque sigue lejos de los registros de años anteriores y varía según el territorio. Según La Justicia Dato a Dato 2025, la duración media estimada de los asuntos terminados ante los juzgados de lo social se sitúa en 11,8 meses en la comunidad, frente a los 12,2 meses del conjunto del Estado y también por debajo de los 12,2 meses registrados en Extremadura en 2024.
Fuentes añadió que el dato autonómico sigue por encima de los 9,8 meses registrados en 2021 y 2022. También recordó que, aunque la región tiene una litigiosidad baja ante los juzgados de lo social, persiste un atasco. “El derecho a la justicia es fundamental, pero en Extremadura dependiendo de si vives en Badajoz o en Cáceres se cumple ese derecho”, dijo.
Propuestas del sindicato
CCOO ha planteado como medidas un plan plurianual de dimensionamiento, mecanismos automáticos de activación de refuerzos y un Observatorio de Demora con datos actualizados. El sindicato sostiene que estas medidas permitirían dar respuesta a una situación que, a su juicio, compromete el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas en numerosos territorios y materias.
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