El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este jueves, 24 de septiembre, el Plan de Inundaciones de la ciudad, una herramienta que fija cómo debe actuar el consistorio antes, durante y después de una emergencia de este tipo y cómo organizar los recursos para una población que el plan regional de protección civil considera de peligrosidad “extrema”.
La concejala de Protección Civil, Gema Cortés, ha explicado que el punto se incorporó por urgencia tras la reunión celebrada el miércoles por la Comisión de Protección Civil de la Junta de Extremadura, que ya había abordado este documento. Según ha señalado, el Ayuntamiento ha agradecido al Ejecutivo autonómico que haya incluido a la ciudad en la elaboración de estos planes frente al riesgo de inundaciones y otras emergencias, así como su “predisposición” para “echar una mano” al consistorio. También ha dado las gracias a los distintos servicios que han participado con aportaciones.
El plan ha sido redactado por una empresa especializada y revisado por los técnicos municipales. Cortés ha indicado que ha recibido informe favorable de la comisión regional y que, tras la aprobación plenaria, se abrirá la fase de implantación para su posterior inscripción en el registro correspondiente y su entrada en vigor definitiva.
Un riesgo “significativo” en un término municipal extenso
La edil ha defendido la necesidad de una planificación específica para Badajoz, al tratarse de un municipio con un riesgo “significativo” de inundaciones y con un término municipal muy extenso, con pedanías, núcleos y viviendas dispersas. Ha recordado que el Inuncaex asigna a la ciudad una peligrosidad “extrema”, una vulnerabilidad “media” y un riesgo “alto”, por lo que el documento identifica las zonas que pueden verse afectadas o quedar aisladas y recoge los elementos vulnerables, como centros sanitarios, así como la forma de actuar en caso de emergencia.
En la misma sesión, el pleno ha aprobado por unanimidad dos modificaciones de crédito por un total de 21 millones de euros, financiadas con cargo a los ahorros o remanente municipal. El concejal de Economía, Javier Gijón, ha explicado que servirán para promover vivienda, con 105 viviendas en distintos puntos por 13,1 millones de euros, además de destinar 7 millones al asfaltado y acerado y partidas para herramientas de los bomberos, la adquisición de palmeras, árboles y arbustos y la renovación de juegos infantiles.
Gijón ha vinculado estas operaciones con la convalidación del Real Decreto en el Congreso, que permite a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de 2024 y 2025 para inversiones financieramente sostenibles, con unas condiciones de ejecución y temporalidad que, según ha dicho, se han flexibilizado gracias al “esfuerzo y la presión del municipalismo” y de la Federación Española de Municipios y Provincias, además del PP.
Cesión parcial de la BA-20 y refuerzo del transporte urbano
El pleno también ha dado su visto bueno a la toma de conocimiento de la cesión parcial de la BA-20 en los tramos que conectan la ciudad con La Pilara y Cerro Gordo, de cara a la futura recepción de la infraestructura cuando se desarrolle el proyecto de aceras, carril bici, alumbrado y zonas verdes de los viales auxiliares.
El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha precisado que Demarcación de Carreteras ha redactado el proyecto de construcción de la vía ciclista y peatonal paralela a la BA-20, y que para continuar con la actuación debe remitirse un acuerdo plenario en el que se tome conocimiento del proyecto y se acepte la posterior entrega de la obra. La infraestructura prevista abarca unos 3,1 kilómetros entre la pasarela que cruza la conocida como “autopista” y la rotonda de acceso a Cerro Gordo.
En otro punto, el pleno ha aprobado, con la abstención del PSOE, un suplemento de crédito de 1,8 millones de euros para el servicio de transporte público de viajeros, con cargo a la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de 2024. Gijón ha explicado que el dinero se destinará a la concesionaria Tubasa para equilibrar el coste del servicio y evitar dificultades a la empresa y al Ayuntamiento a la hora de afrontar facturas pendientes. Ha recordado además que el presupuesto del servicio es de 7 millones, a los que se sumaron 1,3 millones y ahora este nuevo importe, hasta alcanzar un coste estimado anual de 10,2 millones.
El alcalde ha cerrado el debate al señalar que el autobús urbano soporta un aumento “tremendo” de los costes operativos por el precio de la electricidad y el combustible, mientras que el billete, según dijo, “no solo sube, sino que baja” por las bonificaciones del Gobierno o del Ayuntamiento. También ha defendido que existe control municipal sobre Tubasa mediante auditorías y los servicios económicos, fiscales y de intervención.
Mociones sobre Ceuta y la jueza Biedma
El pleno ha debatido además dos mociones sobre Ceuta. La primera, presentada por el PP en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para pedir al Gobierno de España medidas extraordinarias ante los hechos ocurridos en la ciudad autónoma, ha salido adelante con los votos del proponente, Vox y el no adscrito, y el rechazo del PSOE. La segunda, registrada por Vox y centrada también en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y de la soberanía, independencia e integridad territorial de España, ha sido rechazada con el voto favorable del proponente, en contra del PSOE y la abstención del PP y el no adscrito.
En el turno de urgencia, el pleno ha aprobado igualmente una moción del PP, con el voto en contra de los socialistas, de condena a las maniobras de acoso e intimidación “de la cloaca del PSOE” contra la jueza Biedma, instructora de la causa sobre la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. El edil popular José Antonio Casablanca ha vinculado esas informaciones con la justicia, la separación de poderes y el Estado de Derecho, mientras que la concejala socialista Sara Durán ha criticado que una investigación judicial se use para hacer un mitin y ha pedido no banalizar unos hechos que, a su juicio, son “suficientemente graves”.
La propia jueza Biedma ha pedido personarse como perjudicada en la causa que instruye la Audiencia Nacional y ha denunciado presuntas actuaciones contra ella y su entorno, al considerar que “debe investigarse hasta el final”, y que si alguien ha “amenazado”, “coaccionado” o “intentado intimidar” a una jueza, debe responder ante la justicia, pero no ante el PP.
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