La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha criticado la decisión de ampliar la vida útil de los dos reactores nucleares de Almaraz, a la que ha calificado de “errática” y carente de “ninguna coherencia” con la política energética estatal aprobada por el Parlamento español y con el aval de la Unión Europea, según una nota de prensa de la organización.
Adenex sostiene que la prórroga, de un año y medio para uno de los reactores y de dos años y medio para el otro, deja al Plan de Energía y Clima en un “limbo difícil de sostener” y, a su juicio, complica el desarrollo del almacenamiento y el ahorro energético y el despliegue renovable. La asociación añade que “alargar mínimamente Almaraz hará variar los demás plazos de cierre”.
Impacto en el desmantelamiento
La organización advierte también de un “impasse” “muy grave” para ENRESA, al entender que la decisión deja a la empresa encargada de los desmantelamientos en una situación de bloqueo y con el calendario de desmantelamientos “previsto” en la planificación aprobada. Según Adenex, el procedimiento de Almaraz “ya tenía iniciado” y, con el nuevo horizonte temporal, sería “muy difícil” desmantelar cuatro centrales a la vez a partir de 2030.
Incidencias, debate político y tesis jurídicas
Adenex cuestiona las “reiteradas incidencias no programadas” en Almaraz —la última, afirma, aún en reparación— y señala que, para la asociación, no se sostiene que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya incurrido en una “falta de transparencia requerida” para un ente que se considera independiente. La asociación critica además que el Gobierno haya adoptado la decisión “sin debate alguno” con los partidos de coalición firmantes del pacto de investidura y rechaza que las centrales nucleares puedan servir de mix eléctrico: según Adenex, “cuando no hay sol ni viento ninguna nuclear puede regular su potencia cuando se precise”.
En la comarca de Campo Arañuelo, Adenex afirma que se ha creado un “incipiente tejido industrial” para amortiguar los empleos, que cifra en “poco más de 800”, y sostiene que después habría 20 años de trabajos de mantenimiento y 70 de gestión de residuos. La asociación califica de “insensato” dar pábulo a “cifras aireadas por el lobby pronuclear” y critica que los alcaldes de la zona asumen la decisión con “total irresponsabilidad” sin detallar en qué se invertirían las “millonarias cantidades de dinero” recibidas para potenciar el empleo en la comarca.
Adenex sostiene, además, que un Gobierno puede cerrar las nucleares incluso contra el informe técnico del CSN, como —afirma— quedó de manifiesto con la sentencia del 13 de julio de 2011 sobre el cierre de Garoña, en Burgos. En ese sentido, defiende que el estado que se hace cargo de los residuos radiactivos “puede y debe asumir” también su “responsabilidad política” para tener “cierta capacidad de maniobra” ante una tecnología con “altos riesgos inherentes” y una “falta de cultura de seguridad como señas de identidad”.
La asociación recoge estas tesis en el libro Amanecer sin Almaraz (octubre de 2025, 270 páginas). Finalmente, advierte de que, en su criterio, podría repetirse la situación de 2011, cuando un contencioso administrativo de la Audiencia Nacional “tuvo que avalar sin llegar a abusar de un poder unilateral”, porque “las centrales nucleares no tienen derechos infinitos ni ilimitados”, concluye Adenex.
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