Subida del Salario Mínimo Interprofesional: no es oro todo lo que reluce

No falla. Cada vez que se anuncia a bombo y platillo (especialmente este año, lo que hace prever que se adelantarán las elecciones) la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vemos titulares como “beneficiará a X personas”. Este año, la X puesta por el propio Gobierno son 2,5 millones de trabajadores. 

Primer dato curioso, que se analizará más adelante: en 2018 eran 600.000 las personas que cobraban el SMI; ahora son 2,5 millones. ¿Qué está pasando?  

Segundo dato curioso, que se explica por sí mismo: las mayores alzas del SMI se produjeron en el año 2019 (22%) y 2023 (8%). Esos mismos años hubo elecciones generales, pero, claro está, eso no tiene nada que ver. 

Dos ‘medias verdades’ 

Dicen que una media verdad es peor que una mentira completa. Pues aquí nos encontramos con dos medias verdades. 

La primera es que la UE ‘obliga’ a que el SMI sea al menos el 60% del salario medio del país. Ya esa falsedad está decayendo, ni quien la agitó se atreve a repetirla, de tan obvia como es: no existe ninguna obligación, sino sólo una recomendación (por cierto, lo que sí es una obligación de la UE es eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, y el Gobierno se lo pasa por el arco del triunfo). 

No puede ser una obligación alcanzar ese 60% puesto que contar con un SMI ni siquiera es imperativo, de hecho, hay cinco países de la UE que no lo tienen. Y entre los que lo tienen, en ninguno se llega ni de lejos al 60%. 

La segunda media verdad está relacionada con esto. Se afirma que se sigue subiendo el SMI en estos términos porque no se había alcanzado el 60% del salario medio. Para ratificarlo, se monta una ‘comisión de expertos’ que designa el propio Ministerio y ¡oh, sorpresa!, la conclusión es precisamente la que se buscaba. (Cuadro 2) 

Pero es que los dados están trucados. Según denuncia el Instituto de Estudios Económicos, para el cálculo, este comité usa los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, que se publican con dos años de retraso, y además no tienen en cuenta a sectores como agricultura, ganadería, pesca y servicios domésticos, es decir, los más afectados por el SMI. 

Si se corrigen estos datos por los más actualizados y completos de la Encuesta de Población Activa, y siguiendo el mismo procedimiento que el del comité de expertos, el SMI debería estar un 4,9% por debajo de lo que se ha fijado. Eso, en general, porque en regiones como Extremadura, incluso con el cálculo del citado comité el SMI ya está en el 72% del salario medio. 

Pero subir los sueldos es bueno, ¿no? 

Dicho así… ¿a quién no le gustaría ganar más? Pero, claro, eso sería siempre que las alternativas fuesen ganar menos o ganar más, no que entrasen otras posibilidades como irse al paro o pasar de una jornada completa a una a tiempo parcial.  

Aquí hay que tener en cuenta dos conceptos. El primero es que el SMI es eso, el mínimo, el que cobraría la persona con menor cualificación y experiencia, aquella cuyo trabajo aporta menos valor a la empresa. 

La segunda es que los salarios se fijan, vía negociación ya sea por empresa o por sector, asignando a cada categoría profesional una cantidad en función precisamente de su aportación al proceso productivo. Formación, experiencia, capacidad… son factores que hacen que la empresa gane en competitividad, mejore por tanto su beneficio y pueda pagar más a quien tiene más de esos ingredientes. 

Pero si no tienes ni formación ni experiencia y escasa capacidad para aprender, el valor que aportas es mínimo y el salario irá en consonancia. 

Ok, de acuerdo, hay empresarios cutres que racanean sueldos incluso a gente productiva y que aporta. En ese caso, lo más probable es que estas personas en cuanto puedan se marchen a la competencia, y el empresario cutre se quede con los menos válidos, y termine hundido. Mire lo que está ocurriendo con los médicos: malas condiciones y sueldo no acorde con la formación es igual a médicos que se marchan y escasez de personal en el sistema sanitario público. 

El escenario idóneo, el que se ha venido manejando casi en los últimos 45 años es que empresarios y representantes sindicales se reunían y fijaban las condiciones mediante la negociación colectiva: categorías, salarios, pluses, libranzas, obligaciones… Este sistema se complementaba con el diálogo social, donde se incorporaba la Administración, cuyo papel, en la mayor parte de los casos era el de proponente y, si fuese necesario, árbitro. Por este sistema se determinaban las condiciones laborales genéricas, los mínimos vigentes para todos los sectores y territorios. 

El problema surge cuando se rompe el equilibrio porque la Administración abandona su papel y la ministra de turno quiere ser protagonista, centrar el foco. No propone, impone, y, llegado el caso, amenaza a una de las partes. Y empeora cuando se usa este método como propaganda, sin pensar en las consecuencias. 

Porque hay consecuencias. Vayamos con algunos datos. Según un estudio realizado por IBC&Partners, cada punto de subida del SMI supone una pérdida de 50.000 empleos, contabilizando los que se destruyen y los que no se crean. Es evidente que el impacto no es idéntico: la subida tiene mucho mayor impacto en pymes y autónomos con trabajadores y en sectores de menor valor añadido, como campo, servicio doméstico, limpieza, una parte de la construcción y la hostelería… 

Esto es así porque hay una cuestión básica que olvidan los promotores de las subidas no negociadas del SMI: Gobierno y sindicatos pueden fijar cuánto es el salario mínimo, pero son las empresas las que determinan a cuántas personas contratarán en ese nivel, con qué duración de jornada y en qué modalidad. La opción no es cobrar más o cobrar menos, sino cobrar o no cobrar, tal y como refleja José Luis Feito, presidente del IEE. 

La situación afecta a los sectores más vulnerables, jóvenes que buscan su primer empleo y personas con baja cualificación, para quienes estas alzas suponen una barrera de entrada al mercado laboral, y una puerta de salida hacia la parcialidad, el paro o la economía sumergida. 

¿Exageración? Vayamos al dato. José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, en su época como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tasó en 40.000 los despidos que habría costado la subida del SMI en 2020, una cifra que a todas luces se queda corta dado que sólo en el sector del servicio doméstico se habrían perdido 13.000 empleos, según la Seguridad Social. 

Más datos: BBVA Research estima que las subidas desorbitadas de los últimos años han supuesto la no creación de 195.000 empleos por año en esa franja de trabajadores vulnerables. 

Por su parte, el Banco de España estimó que la subida del SMI de 2019 supuso incrementar hasta el 3,2% la pérdida de empleos para trabajadores que se situaban en esta franja, con mayor afectación para los mayores de 45 años. 

En cuanto al acceso al empleo para aquellas personas que no lo tenían, el mismo estudio indica que la creación de puestos de trabajo en la franja cae un 2,7%, y en el sector más joven esta caída es del doble, y que cada punto de subida del SMI disminuye en 0,5 puntos la creación de empleo en esta franja. 

Sumando ambos efectos y el impacto de aquellos a los que la subida del SMI supuso pasar de jornada completa a parcial, se concluye “una pérdida de empleo neto asalariado del colectivo afectado de 11 puntos”. 

Y un nuevo dato del mismo informe: las subidas del SMI han dado lugar a que se firmen la mitad de contratos con referencia a este salario en el plazo de tres años. Es decir, el efecto barrera para los colectivos más vulnerables. 

Volvamos al Cuadro 1: si disminuye la contratación en la franja del SMI, ¿cómo es posible que su número haya pasado de 600.000 en 2018 (el 3,5% del total de afiliados a la Seguridad Social) a 2,5 millones en 2026 (el 11,8%)? 

La explicación está en el fenómeno denominado bunching o agrupamiento: al ser tan fuertes las subidas del SMI (un 60%) han alcanzado a trabajadores que hasta ahora se situaban en un nivel algo superior a la escala básica. Es decir, hay proporcionalmente más trabajadores que cobran el SMI o similar porque se ha recortado (o desaparecido) la distancia que existía entre la escala básica y la media-baja. Un efecto indeseado de esta situación es que el incentivo económico que existía para formarse o asumir responsabilidades se debilita. 

Este efecto se está notando sobre todo en pymes de sectores de baja productividad y alta temporalidad como agricultura o comercio, que tienen muy complicado incrementar los salarios en esa franja media-baja. 

Convidar con dinero ajeno 

A todo esto, lo que más molesta el sector empresarial (además del hecho de que se les excluya de facto de cualquier negociación) es el doble lenguaje del Gobierno, o, en palabras de algunos, la hipocresía. 

Así, mientras desde el Ejecutivo se habla de una subida del 3,1% del SMI, que pagarán las empresas (ojo, suben salarios y también cotizaciones) el mismo Ejecutivo plantea para sus trabajadores públicos una subida del 1,5%, menos de la mitad. 

Además, molesta que desde el Gobierno se argumente que la economía española va como un cohete, como mostraría el PIB, y que las empresas están teniendo grandes beneficios que deben repartir. La réplica es que el PIB crece en gran medida por el aumento de población y por la inyección de los Next Generation. En el primer caso, la incidencia en el PIB per cápita es limitada, y en el segundo es una entrada de fondos con fecha de caducidad. En cuanto a los beneficios, la economía real, las microempresas están en situación extrema por el aumento de costes (en los últimos cinco años han caído 23.000, según CEPYME, y un 30% entrarán en pérdidas con el nuevo SMI) 

Y si hablamos de beneficios, argumentan desde el sector empresarial, ahí están los récords de recaudación fiscal que exhibe el Gobierno, ¿por qué sólo sube sus sueldos un 1,5%? 

Finalmente, el otro factor que genera verdadero enfado es la negativa del Ejecutivo a indexar el precio de los contratos públicos con esta nueva subida. 

Explico: en 2015, el gobierno de Rajoy aprobó la Ley de Desindexación de la Economía Española, desvinculando la revisión de precios de contratos públicos de la inflación. Hablando en plata, aunque los costes subiesen, la Administración no pagaría más por los contratos de bienes y servicios que tuviese con el sector privado. 

Pues parece que esta ‘Ley Rajoy’ sí gusta al Gobierno actual. Desde la parte empresarial se ha señado que, puesto que la subida del SMI (y por tanto de los costes de ejecución de los contratos en vigor) es impuesta por la Administración, esta Administración debe asumir su parte en el sobrecoste, revisando los contratos en vigor, que se firmaron en condiciones distintas. 

No hay caso, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Aunque se lleve a muchas pymes a la encrucijada de, o bien seguir prestando el servicio contratado asumiendo ahora pérdidas y poniendo en riesgo la viabilidad del negocio, o bien renunciar y asumir penalizaciones y sanciones (y poner igualmente el negocio en peligro). 

La coherencia no parece estar de moda.