Llámese ‘hemorragia’ normativa o, si se quiere ‘diarrea’ normativa. El caso es que España produce tal cantidad de regulaciones que es imposible que empresas y autónomos puedan mantenerse al día.
Veamos. Cada año, CEOE elabora un informe sobre la burocracia añadida. En el último publicado, La producción normativa en 2024 (el referido a 2025 saldrá en pocas semanas), los datos hablan por sí solos: España aprobó 719 normas estatales de distinto rango, lo que equivale a casi dos novedades legislativas por día natural. Si a eso se suman las 175 normas aprobadas por las comunidades autónomas, el total alcanza las 894 disposiciones anuales. Y todavía queda por añadir la capa europea: en ese mismo año, las instituciones de la UE adoptaron 2.790 actos jurídicos, un 28% más que el año anterior, y ya acumula un cuerpo normativo vigente de más de 34.000 normas.
El resultado es un ‘tocho’ regulatorio que, según el informe, obligaría a leer aproximadamente 720 páginas del BOE al día para mantenerse plenamente actualizado. Un imposible práctico para cualquier empresa, pero especialmente para las pequeñas.
En total, sumando normas nacionales y autonómicas, el resultado son 1.298.086 páginas de regulación en 12 meses o, lo que es lo mismo, contando en peso de folios, 6.460 kilos de burocracia, que si los apilásemos tendrían la altura de un edificio de 40 plantas.
¿Más comparaciones?: si pusiésemos las páginas en fila, podríamos ir de Badajoz a Madrid sobre ellas sin pisar el suelo. Bueno, nos quedaríamos cerca, en Móstoles.
Lo más grave es que la cifra no es nueva, y además, la tendencia va en alza: 2024 ha sido el quinto año con mayor volumen normativo estatal de la última década. Y si bien el número de normas creció un modesto 5% respecto a 2023, el BOE engordó un 8,7% en páginas, hasta superar las 259.000. La sección de Autoridades y Personal superó, por cuarto año consecutivo, a la sección de Disposiciones Generales, lo que refleja una burocracia que crece por su propio peso.
La Oficina del Parlamento Europeo en España añade un dato revelador: el 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2024 tiene origen en instituciones europeas, lo que limita el margen de maniobra nacional para reducir cargas. En ese contexto, la iniciativa one in, one out, (derogar una normativa por cada norma nueva que se apruebe) incorporada al derecho español por la Ley de Emprendedores de 2013, sigue siendo más declaración de intenciones que política efectiva.
Pérdida de tiempo y dinero
Pero, más allá de las abultadas cifras, está el problema real, el que se ocasiona a las empresas, especialmente a las de menor tamaño, y a los autónomos. Aquí es donde se centra Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
“Si pensamos en grandes empresas, el trastorno es menor, porque normalmente cuentan con departamentos específicos para ‘lidiar’ con esta burocracia, pero ¿qué ocurre con las pequeñas, con las que constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo extremeño?”, se pregunta, y responde: “cumplir el papeleo lleva un coste añadido en dos vías: por el lucro cesante en cuanto que el personal de la empresa o el autónomo tiene que dedicarle horas a esta tarea, que le quita tiempo para su negocio, y por el que la complejidad normativa le lleva a tener que contratar a terceros, a externalizar trámites en una gestoría o similar, y eso cuesta dinero”.
Por ello, desde la patronal representativa extremeña se apunta a que no se pretende que no haya normas, que esto sea ‘la ley de la selva’, sino a que haya ‘graduación y modulación’.
“Se genera muchísima normativa cada año, y muchas veces es concurrente, o se solapa, o es muy compleja de entender, porque parece que se enfoca a facilitar el control por parte de la administración y no a facilitar la vida del administrado”, señala Peinado.
Otro factor que señala el dirigente empresarial extremeño es la necesidad de discriminar en función de la dimensión de la empresa y el sector, y pone un ejemplo: “se está planteando el registro horario digital en tiempo real. Eso, en una fábrica donde haya 150 o 200 personas es relativamente fácil de cumplir, pero que me digan cómo se hace en una empresa pequeña donde hay un par de trabajadores o en una explotación ganadera, donde hay pastores, guardas, peones, etcétera, en distintos puntos, en lugares donde a veces ni hay cobertura de móvil, ¿cómo van a registrar su jornada en tiempo real?”.
Pese a todo, Javier Peinado muestra cierta esperanza: “desde CREEX venimos en Extremadura trabajando en el seno del diálogo social para la simplificación administrativa, además de ayudar con nuestro personal a quien nos pide asesoramiento”. Pero también advierte de nuevos riesgos, como que se intente digitalizar ahora todo, todos los trámites, cuando hay personas que ni tienen equipos ni conocimientos para relacionarse así con la administración, y, sobre todo, un mal endémico: se tiende por sistema a hacer nuevas leyes en vez de modificar las existentes, y, por supuesto, jamás de los jamases se deroga nada.
Si a ello se suma la costumbre del Gobierno central de ‘colar’ en decretos disposiciones adicionales con cuestiones que nada tienen que ver con el cuerpo del propio decreto, o recurrir a los famosos ‘decretos ómnibus’, un batiburrillo de decenas de normas de distintas temáticas, pues la confusión está asegurada.
Las pymes evitan el mal de altura
Asociado a todo lo que expresa el secretario general de la CREEX, hay otro fenómeno derivado del mismo mal, muy perjudicial para la economía española. Un problema general de nuestro tejido productivo es la ‘falta de músculo’ de las empresas, es decir, el gran porcentaje de pymes y microempresas.
Pues bien, puede afirmarse que el exceso normativo no es solo un problema de costes de cumplimiento: está deformando la estructura misma del tejido empresarial español. El estudio Crecimiento empresarial y buenas prácticas regulatorias para la mejora del entorno de las pymes (publicado por la Cámara de Comercio de España, este año) revela que el 94,6% (el 97,5% si hablamos de Extremadura) de las empresas españolas tiene entre 0 y 9 empleados, frente al 84,3% en Alemania. España no tiene pocas empresas porque nazcan poco; las tiene pequeñas porque crecer resulta costoso.
El análisis identifica umbrales regulatorios que actúan como frenos al crecimiento. El más llamativo se sitúa en los 50 empleados: a partir de ese punto, una empresa está obligada a constituir comité de empresa, elaborar un plan de igualdad detallado, contratar a un mínimo de personas con discapacidad, implantar un canal interno de denuncias y, si supera también ciertos límites de facturación o activos, renunciar al modelo simplificado de cuentas.
El efecto estadístico es visible: hay más empresas de las esperadas justo antes de ese umbral, y un descenso abrupto en cuanto se cruza. Algunas optan directamente por fragmentarse en varias entidades jurídicas para no traspasar el límite. El dato más contundente: 7 de cada 10 empresas de la muestra afirman que las regulaciones actuales representan barreras que dificultan el funcionamiento normal de su negocio.
Además, textualmente el informe apunta en sus conclusiones que “muchas empresas señalan la falta de coordinación entre administraciones y la duplicidad de trámites como problemas recurrentes”. Por ello, se pide, como antes mencionaba Peinado, adaptar la regulación al tamaño de la empresa, depurar normativa obsoleta o duplicada y crear ventanillas únicas.
En suma, y según palabras del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, articular políticas que creen un entorno regulatorio favorable a la empresa y su crecimiento, en lugar de obrar de modo que se limita la competitividad, la innovación, la internacionalización y la productividad.
La burocracia tiene un precio: 5.500 euros al año por empleado
Y no son sólo palabras u opiniones: el coste no es solo estratégico; está muy definido. El Europe Report '26: El Síndrome del Papeleo (publicado por Factorial hace unas semanas), elaborado con encuestas a 206 líderes senior y datos de más de 15.000 empresas, destaca que casi la mitad de los managers españoles (46%) dedica más de cinco horas semanales a tareas administrativas ajenas a su rol principal.
Traducido a salarios, eso supone una pérdida de 5.500 euros por empleado al año. Para una empresa de 100 personas, el coste invisible asciende a 550.000 euros anuales, una «multa silenciosa» que no aparece en ningún presupuesto pero que se paga cada día.
Pero las consecuencias van más allá incluso del mero coste financiero, afectando a la salud mental y desencadenando el Síndrome de Burnout. El 48% de los managers describe esas tareas como fuente de estrés o ansiedad; el 70% reconoce que el papeleo les aparta del trabajo estratégico que realmente les corresponde; y el 67% ha considerado abandonar su puesto por culpa de procesos internos caóticos, lentos o excesivamente manuales. Un 22% ya lo ha hecho. La carga administrativa ocupa el segundo lugar en el ranking de motivos para querer cambiar de trabajo, solo por detrás del salario. Es decir, la burocracia espanta al talento.
Y no, la digitalización y la IA no ayudan, si no van acompañadas de una automatización real de las tareas tediosas o repetitivas: sólo se traslada el caos del papel a la nube: no se trata de tener un mejor archivo digital, sino un método de trabajo que evite que ese papeleo llegue a la mesa del empleado.
Ni con el hilo de Ariadna
El ámbito laboral merece capítulo aparte. Lejos de librarse de este enjambre regulatorio, lo sufre de manera muy acentuada.
El catedrático Federico Durán López, en su obra El hilo de Ariadna. Orientarse en el laberinto normativo laboral (IEE, 2026), documenta con detalle cómo la normativa laboral española de los últimos años se ha vuelto “confusa, profusa y difusa”.
Solo entre 2022 y 2023 se produjeron al menos diez modificaciones significativas de cuestiones laborales insertas en cuyo objeto nada tenía que ver con las relaciones de trabajo: desde leyes orgánicas de salud reproductiva hasta regulaciones trans. El resultado es una dispersión normnormasativa que impide la visión de conjunto y que castiga especialmente a las empresas más pequeñas, las que no pueden permitirse departamentos jurídicos especializados.
Desde CEOE se apunta directamente al desprecio al diálogo social como una de las causas de hiperregulación laboral que crea complejos problemas de interpretación. La actitud del Gobierno de ignorar la negociación y usar atajos para eludir la labor de los órganos consultivos, incluso el debate en el Parlamento alimenta este fuego que consume horas, paciencia y expectativas.
¿Y para qué? ¿Para proteger realmente a quién? Ahí entra la catedrática de Derecho del Trabajo de la Autónoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas: la confianza en el diálogo social, la lealtad institucional y el sentido común frente a una legislación fragmentaria y contradictoria. Porque, muchas veces, menos leyes son más derechos laborales, y sobre todo, más comprensibles para quienes deben ejercerlos.
La ignorancia de estos principios ha llevado, alega Durán, a que los tribunales tengan que entrar en la labor legislativa, que no es lo suyo, por los frecuentes problemas de interpretación de muchas de las normas. Por tanto, es hora, a su juicio, del diálogo, no de la imposición por mero cálculo político oportunista.
Y a todo esto, ¿qué opina Europa? Pues parece que está tomando conciencia del problema. Otra cosa es que actúe.
Porque lo cierto es que la presión para simplificar llega también desde Bruselas. Los informes Letta (2024) y Draghi (2024) sobre el futuro del mercado único europeo señalan la reducción de cargas administrativas como condición sine qua non para recuperar competitividad. BusinessEurope, en su llamamiento de enero de 2025, afirmó que más del 60% de las empresas cita la regulación como barrera para la inversión y propuso 68 acciones concretas para reducir esas cargas a lo largo del año.
La Comisión Europea ha respondido con los paquetes Ómnibus de simplificación sectorial y la propuesta del denominado 28.º régimen, un marco jurídico común opcional para facilitar la actividad transfronteriza.
En España, la iniciativa “Régimen 20”, lanzada en septiembre de 2024, apunta en la misma dirección: identificar y eliminar obstáculos concretos para las empresas. El diagnóstico está hecho. Lo que queda por resolver es si la voluntad política es suficiente para deshacer décadas de acumulación normativa. Mientras tanto, cada día laborable en España empieza con dos nuevas normas esperando ser leídas.
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