La reforma del sistema de financiación autonómica ha superado este viernes su primera gran prueba política, pero lo ha hecho con un respaldo territorial muy reducido. Cataluña y Canarias han sido las únicas comunidades que han apoyado la propuesta del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), mientras que las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Extremadura, y las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias han votado en contra.
El resultado permite al Ejecutivo continuar con la tramitación de un modelo que prevé repartir 20.975 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas a partir de 2027, aunque abre ahora una batalla parlamentaria cuyo desenlace está lejos de estar asegurado.
El Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos del CPFF, por lo que le basta el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante sus propuestas. En esta ocasión contó con dos: Cataluña y Canarias. La Comunidad de Madrid ni siquiera participó en la reunión, después de haber planteado al resto de gobiernos del PP la posibilidad de ausentarse para intentar impedir que hubiera quórum.
El resto de comunidades populares sí acudió y expresó su rechazo. También lo hicieron dos gobiernos autonómicos socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, lo que dejó una fotografía poco habitual: el nuevo sistema avanzó pese a contar con el voto contrario de una amplia mayoría de las autonomías presentes.
Extremadura, en el bloque del rechazo
Extremadura se situó junto al resto de comunidades gobernadas por el PP en contra de una reforma que los populares consideran desequilibrada y condicionada por los acuerdos alcanzados previamente con el independentismo catalán.
La oposición al modelo, sin embargo, ha trascendido las siglas políticas. Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, también votaron en contra. El Ejecutivo castellanomanchego considera que Cataluña resulta especialmente beneficiada y cuestiona que la propuesta haya partido de una negociación previa con ERC.
Asturias comparte las críticas al procedimiento y sostiene que el sistema debe garantizar que los ciudadanos puedan recibir los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad con independencia del territorio en el que residan.
La reunión, que se prolongó durante más de tres horas, dejó además una novedad. Hacienda aceptó la propuesta asturiana de crear en el futuro un denominado Fondo de Dinamismo, destinado a llevar hasta la media a las comunidades que se encuentren por debajo en financiación ajustada. Su cuantía todavía no está determinada y su regulación se abordará en el desarrollo legislativo del Fondo de Compensación Interterritorial, al margen de la propia reforma del modelo.
Casi 21.000 millones más
La propuesta del Gobierno incorpora 20.975 millones de euros adicionales en 2027. Buena parte del incremento procederá de una mayor participación autonómica en los grandes impuestos estatales.
La cesión del IRPF pasaría del 50% actual al 55%, mientras que la correspondiente al IVA aumentaría hasta el 56,5%. El modelo modifica además el cálculo de la población ajustada, incorpora un fondo climático y contempla que las comunidades puedan ingresar el 5% del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en su territorio.
Hacienda sostiene que ninguna autonomía recibiría menos recursos que con el sistema vigente y plantea asimismo la posibilidad de sustituir el actual mecanismo de entregas a cuenta por la percepción de los ingresos en tiempo real.
El debate, sin embargo, no se limita a cuánto dinero adicional recibirá cada territorio. Buena parte de la confrontación gira alrededor de cómo se distribuyen esos recursos y del principio de ordinalidad, uno de los elementos más discutidos por las comunidades contrarias al modelo.
Cataluña celebra el resultado
La Generalitat fue una de las dos administraciones autonómicas que respaldaron la propuesta. Su consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, mostró su satisfacción porque la reforma pueda continuar adelante después de doce años con el actual modelo caducado.
Romero defendió que la propuesta constituye una base sobre la que seguir trabajando y emplazó a quienes consideran insuficiente o inadecuado el sistema a intentar modificarlo durante su tramitación parlamentaria.
Muy distinta fue la valoración de las comunidades del PP. La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, que ejerció como portavoz de los gobiernos populares tras el encuentro, aseguró que el modelo beneficia especialmente a Cataluña y confió en que termine siendo rechazado cuando llegue al Congreso.
Y ahora, el problema está en el Congreso
El aval del CPFF permite al Gobierno avanzar hacia la aprobación del anteproyecto de ley orgánica que recogerá el nuevo sistema y posteriormente remitirlo a las Cortes.
Será allí donde la reforma afrontará probablemente su prueba más difícil. Al tratarse de una ley orgánica necesita mayoría absoluta en el Congreso, y los números con los que cuenta actualmente el Ejecutivo no garantizan su aprobación.
La principal dificultad llega precisamente desde Cataluña. Junts, cuyos votos resultarían necesarios para alcanzar esa mayoría, ha anunciado este viernes que presentará una enmienda a la totalidad porque la propuesta no contempla un concierto económico para Cataluña.
El Gobierno consigue así sacar adelante el modelo en el órgano que reúne al Estado y las comunidades, pero lo hace con una paradoja política: la reforma ha recibido el apoyo de solo dos autonomías y una de las fuerzas cuyos votos pueden resultar decisivos para convertirla en ley ya anuncia que intentará devolverla.
La financiación autonómica supera, por tanto, el CPFF, pero la batalla decisiva acaba de trasladarse al Congreso.
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