Extremadura afronta este viernes una de las citas clave para sus cuentas de los próximos años. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) someterá a votación el nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Gobierno y la consejera extremeña de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, acudirá a la reunión con el rechazo de la Junta ya anunciado.
La comunidad llega además al debate con un dato especialmente significativo: Extremadura aparece con cero euros de incremento en el reparto principal de los 20.975 millones adicionales que Hacienda calcula que aportará el nuevo sistema en 2027 respecto al modelo actualmente vigente.
La propia documentación presentada por el Ministerio refleja que Extremadura, junto a Cantabria, no obtiene incremento en ese primer reparto. Para evitar que la comunidad pierda recursos respecto a la situación actual, el diseño incorpora posteriormente 72 millones de euros a través de la garantía de 'statu quo'. La interpretación de la Junta es que esos 72 millones no suponen una mejora real de la financiación extremeña, sino únicamente el dinero necesario para que la comunidad no retroceda respecto al sistema vigente.
"Nos dan 72 millones para recibir exactamente lo mismo que recibimos ahora", resumió Manzano al valorar el modelo hace semanas. La consejera ha insistido en que, de los casi 21.000 millones de incremento que Hacienda pone sobre la mesa para las comunidades autónomas, Extremadura no participa del aumento en el reparto principal.
Hacienda calcula otros 216 millones para Extremadura
El Gobierno central ofrece una lectura diferente y sostiene que el resultado global del modelo sí beneficia a Extremadura. Hacienda plantea reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial para favorecer a las comunidades que quedan por debajo de la media de financiación por habitante ajustado. A través de este instrumento, el Ministerio calcula 216 millones de euros adicionales para Extremadura, además de 46 millones para Cantabria.
La diferencia entre ambas posiciones está, por tanto, en qué recursos se consideran parte efectiva de la mejora del sistema. La Junta pone el foco en que Extremadura queda fuera del incremento inicial de 20.975 millones y necesita posteriormente mecanismos correctores. Hacienda, por el contrario, defiende que hay que valorar el conjunto del modelo y los fondos complementarios que incorpora.
La fotografía final sería así: Extremadura no obtiene incremento en el reparto principal; recibe 72 millones para garantizar que no pierda respecto al sistema vigente y Hacienda añade una previsión de otros 216 millones mediante el Fondo de Compensación Interterritorial.
Menos peso de Extremadura en el sistema
La Junta añade otra objeción al nuevo modelo. Según los cálculos expuestos por Manzano, Extremadura pasaría de representar el 2,78% de los recursos homogéneos del sistema actual a aproximadamente el 2,51% con la nueva propuesta.
El Gobierno extremeño considera además insuficiente el peso concedido a algunos de los factores que históricamente ha defendido la región para calcular sus necesidades reales de financiación: la extensión territorial, la dispersión de la población, el envejecimiento y el coste de mantener servicios públicos en numerosos municipios y pequeños núcleos rurales.
El modelo utiliza el concepto de población ajustada para determinar las necesidades de gasto de cada territorio. No se limita, por tanto, a contar habitantes, sino que incorpora diferentes variables relacionadas con sanidad, educación, servicios sociales y características territoriales.
En la propuesta de Hacienda, la población general representa un 30% del cálculo; la población protegida equivalente vinculada fundamentalmente a las necesidades sanitarias, un 38%; las variables educativas, un 20,5%; y los servicios sociales, un 8,5%.
Los factores específicamente territoriales tienen un peso considerablemente menor: la superficie representa el 1,6%, la dispersión el 0,5% y los costes fijos asociados, entre otras circunstancias, a la escasa población, otro 0,4%.
Para la Junta, esta ponderación no refleja suficientemente las circunstancias de Extremadura ni el coste de garantizar servicios públicos similares a los de territorios mucho más densamente poblados.
Cataluña recibiría 4.686 millones más
Las diferencias resultan especialmente visibles al comparar las cantidades estimadas por Hacienda para 2027.
Según la documentación del Ministerio, Andalucía sería la comunidad que más recursos adicionales obtendría, con 4.846 millones de euros, seguida de Cataluña, con 4.686 millones.
La Comunidad Valenciana recibiría 3.669 millones adicionales; Madrid, 2.555 millones; Castilla-La Mancha, 1.248 millones; y Murcia, 1.188 millones.
Extremadura, en cambio, figura sin incremento dentro de ese reparto inicial de casi 21.000 millones y pasa posteriormente a los mecanismos de garantía y compensación.
El Gobierno central sostiene que la comparación no puede limitarse a esas cantidades. Hacienda defiende que el nuevo modelo incrementa la solidaridad entre territorios y reduce las diferencias existentes en financiación por habitante ajustado. Según sus cálculos, la distancia entre la comunidad mejor y peor financiada se reduciría de alrededor de 1.500 euros por habitante a 477 euros antes incluso de aplicar la garantía de 'statu quo'.
Un modelo que llega al CPFF con un rechazo mayoritario
La reunión de este viernes estará marcada también por el enfrentamiento político y territorial que ha acompañado a la reforma desde su gestación.
Las comunidades gobernadas por el PP, incluida Extremadura, han anunciado su rechazo, pero tampoco respaldarán la propuesta los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.
Una de las principales críticas compartidas por los territorios contrarios al modelo es que su elaboración ha estado condicionada por las negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y ERC sobre la financiación de Cataluña.
Castilla-La Mancha sostiene que el sistema no garantiza suficientemente el principio de igualdad, mientras que Asturias cuestiona especialmente el tratamiento que reciben factores como el envejecimiento y la orografía a la hora de calcular las necesidades de financiación.
La Comunidad de Madrid ha ido incluso más lejos y ha anunciado que no asistirá al CPFF, al considerar que la reforma llega previamente pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Cataluña.
Cataluña y Canarias pueden permitir que salga adelante
El rechazo de la mayoría de las comunidades no impedirá necesariamente que la propuesta supere este viernes el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno central dispone del 50% de los votos del CPFF, por lo que necesita únicamente el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta.
Cataluña se muestra favorable al nuevo modelo y el Gobierno de Canarias también ha expresado su disposición a apoyarlo siempre que se respeten sus singularidades y se garanticen las partidas previstas.
De esta forma, el plan podría recibir el visto bueno del CPFF con el voto en contra de Extremadura y de la mayoría de las comunidades autónomas.
La votación de este viernes tampoco cerrará definitivamente la reforma. Si supera este trámite, la intención del Ministerio de Hacienda es elevar posteriormente el texto al Consejo de Ministros y remitirlo después al Congreso de los Diputados, donde necesitará reunir los apoyos parlamentarios suficientes.
Para Extremadura, el debate tendrá una traducción mucho más concreta que la batalla política en torno a Cataluña. Lo que estará sobre la mesa este viernes es qué parte del incremento de recursos del nuevo sistema llega realmente a la comunidad y hasta qué punto el modelo reconoce el mayor coste de prestar sanidad, educación, dependencia y otros servicios públicos en un territorio extenso, envejecido y con una población muy dispersa.
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