La Asamblea de Extremadura ha aprobado este viernes un decreto-ley que amplía de siete a 15 años la autorización para ejercer el comercio ambulante en la comunidad y adapta la normativa autonómica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura a la legislación básica estatal.
La aprobación salió adelante con 58 votos a favor de PP, Vox y PSOE, y con siete abstenciones de Unidas por Extremadura. Durante la defensa de la norma ante el parlamento autonómico, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, sostuvo que el texto no supone una reforma completa ni del sistema cameral ni del comercio ambulante, sino una serie de “modificaciones puntuales” para resolver problemas concretos.
Cambios en el comercio ambulante
En materia de venta ambulante, la Junta eleva a 15 años la duración de las autorizaciones, con la posibilidad de pedir una prórroga por otro periodo idéntico, una sola vez, hasta alcanzar 30 años. Según explicó Santamaría, esta medida responde a la situación creada por el régimen transitorio de la legislación anterior, que había provocado que un número “significativo” de autorizaciones empezara a extinguirse desde octubre de 2025.
El consejero defendió que ese escenario afectaba directamente a comerciantes que, en muchos casos, dependen de esta actividad como medio de vida. El decreto-ley mantiene la comprobación anual por parte de los ayuntamientos del cumplimiento de las condiciones fijadas en la ley y en las ordenanzas municipales.
La norma también aclara la figura de la persona suplente, al permitir identificar a una suplente permanente, y prevé que, cuando la titular sea una persona física, familiares debidamente incluidos en la autorización municipal puedan asistirle ocasionalmente y por causa justificada. Además, facilita la transmisión de las autorizaciones a familiares hasta tercer grado de consanguinidad, afinidad o a causahabientes, siempre dentro de las condiciones marcadas por las ordenanzas municipales.
Santamaría precisó que las autorizaciones vigentes pasan automáticamente a tener una duración de 15 años desde su expedición, con posibilidad de solicitar la prórroga prevista legalmente. Las solicitudes que estén en trámite y aún sin resolver quedarán, en cambio, sujetas al nuevo régimen. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo máximo de un año para adaptar sus ordenanzas, aunque esa adaptación pendiente no impedirá la aplicación automática de las nuevas previsiones a las autorizaciones vigentes.
Requisitos y voto en las cámaras de comercio
En el caso de las cámaras de comercio, el decreto-ley responde, según el consejero, a un requerimiento formulado por el Estado en septiembre de 2022 para adecuar la normativa autonómica a la estatal en lo relativo a los procesos electorales camerales. Entre los cambios figuran un requisito de al menos dos años de ejercicio efectivo de la actividad empresarial en la circunscripción correspondiente, la eliminación del voto por delegación y la supresión de la limitación legal de mandatos en las presidencias.
El Gobierno autonómico subrayó que la norma no convoca elecciones ni obliga a celebrarlas de forma inmediata, sino que abre un procedimiento que exige actuaciones previas y que deberá desarrollarse antes del 31 de diciembre de 2027, cuando finalizará el proceso abierto en diciembre de 2025 para renovar las cámaras.
Santamaría añadió que las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres se constituyeron el 8 de marzo de 2023 y el 27 de enero de 2023, respectivamente, y que las modificaciones servirán para el régimen aplicable a su futura renovación, sin alterar los mandatos actuales. “La norma actúa hacia el futuro, para que la siguiente renovación tenga reglas claras, homogéneas y compatibles con la legislación básica estatal”.
Críticas de la oposición
Unidas por Extremadura criticó la tramitación urgente por decreto-ley. Su representante, Juan Alessandro Schirinzi Pareés, cuestionó que se recurriera a esta fórmula en lugar de un proyecto de ley y lamentó la eliminación de la limitación de mandatos en las presidencias y del voto delegado, medidas que su grupo consideraba útiles para un “saneamiento democrático” en las cámaras.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez Cortés también reprochó “el momento y la forma” de la reforma y habló de un “decretazo”. Aunque anunció el voto favorable del PSOE, sostuvo que el problema no era sobrevenido y que podía haberse abordado por otros mecanismos.
Desde el PP, Manuel Martín Castizo defendió que la urgencia “no la ha creado” el Ejecutivo autonómico, sino “la realidad”, mientras que la diputada de Vox Eva García Alegre respaldó la actuación del gobierno de coalición por su “celeridad y responsabilidad” para cumplir los plazos del acuerdo de gobierno.
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