La contratación pública mueve cientos de millones de euros cada trimestre en Extremadura. Para muchas pequeñas y medianas empresas, esos concursos representan una oportunidad de negocio, una vía para mantener la actividad y, en ocasiones, la posibilidad de crecer. Sin embargo, cada vez consiguen una parte menor de ese mercado. Las pymes han perdido presencia entre las adjudicatarias de los contratos públicos que se ejecutan en la región, mientras una parte importante del dinero se concentra en un grupo reducido de empresas.
Los datos más recientes apuntan en esa dirección. Según el informe del segundo trimestre de 2026 elaborado por Licitalia, el 56,4% de los lotes adjudicados en Extremadura fue a parar a pequeñas y medianas empresas. La proporción se situó en el 62% en el conjunto de España. La diferencia es de casi seis puntos y confirma una tendencia que ya se había manifestado durante los primeros meses del año.
La evolución respecto al ejercicio anterior también resulta significativa. En el segundo trimestre de 2025, las pymes habían conseguido el 60,4% de los lotes adjudicados en Extremadura. Un año después, su participación había retrocedido cuatro puntos.
La comparación procede de los informes trimestrales de contratación pública de Licitalia, que procesa los anuncios publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en las plataformas autonómicas que agrega. El análisis se realiza según el lugar de ejecución de los contratos, no según el domicilio de las empresas adjudicatarias, y no incluye los contratos menores. Por tanto, las cifras permiten medir el peso de las pymes en las adjudicaciones ejecutadas en Extremadura.
La pérdida de protagonismo coincide con otra característica del mercado: la concentración del importe adjudicado. En el segundo trimestre de 2026, los cuatro adjudicatarios que más dinero recibieron acumularon el 17,5% del total en Extremadura. En España, ese porcentaje se quedó en el 8%. La diferencia muestra que una parte considerable de los recursos públicos acaba en manos de un número reducido de empresas, aunque el mercado regional contó con 930 adjudicatarios distintos durante ese periodo.
No se trata, sin embargo, de un mercado sin competencia. Las licitaciones extremeñas recibieron una media de 3,5 ofertas por lote, frente a las 3,3 del conjunto nacional.
El empresariado cacereño
Desde el empresariado cacereño también se han trasladado advertencias sobre las dificultades que encuentran las empresas en su relación con la Administración. La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA) ha denunciado retrasos en el pago de ayudas, subvenciones, certificaciones de obra y facturas, además de una reducción de nuevas licitaciones en determinados sectores.
Su presidente, Diego Hernández, reclama que la Administración responda con la misma diligencia que exige a las empresas. La organización sostiene que los retrasos administrativos afectan a la liquidez, frenan inversiones y generan incertidumbre entre los empresarios.
A las dificultades que se producen una vez conseguido un contrato se suman las que aparecen antes de presentar una oferta. Para una pequeña empresa, concurrir a un concurso público exige tiempo, personal y conocimientos administrativos. No basta con disponer de los medios técnicos para ejecutar el trabajo. Hay que localizar las oportunidades, estudiar los pliegos, comprobar los requisitos y reunir toda la documentación.
Nicolás Ayensa, fundador de LicitaPyme, conoce ese proceso desde el trabajo de asesoramiento a empresas que quieren acceder a la contratación pública. Preparar una oferta puede consumir varios días entre la búsqueda de concursos, el análisis de las condiciones y la recopilación de documentos. Es una dedicación que las compañías de mayor tamaño pueden asumir con personal especializado, pero que resulta mucho más difícil para negocios pequeños que deben atender al mismo tiempo su actividad diaria.
La diferencia de recursos puede convertirse así en una barrera de entrada. Las empresas grandes disponen con mayor facilidad de departamentos capaces de seguir los concursos y preparar propuestas de manera continuada. En las pequeñas, esa tarea suele recaer sobre el propio empresario o sobre trabajadores que compaginan esa labor con otras responsabilidades. Cada concurso al que se presentan supone tiempo y un coste que no siempre termina compensado con una adjudicación.
Ajustar los proyectos
La dificultad de ajustar los proyectos a las condiciones económicas de las licitaciones también aparece en los expedientes que quedan sin ofertas. En Miajadas, la reforma integral de la Casa de la Cultura Massa Solís salió a concurso en enero de 2026 con un presupuesto de 1,23 millones de euros, pero no recibió ninguna propuesta. El Ayuntamiento tuvo que replantear después parte de la intervención y licitar por separado trabajos de instalaciones eléctricas y climatización, por 179.692 euros.
El caso ilustra las dificultades que pueden surgir cuando una actuación pública no encuentra empresas dispuestas a ejecutarla en las condiciones planteadas, aunque no permite atribuir por sí solo esa situación al tamaño de las compañías.
La contratación pública sigue siendo una parte importante del mercado al que pueden aspirar las empresas extremeñas. Solo durante el segundo trimestre de 2026 se convocaron en la región 1.097 licitaciones, con un presupuesto conjunto de 324,9 millones de euros, sin IVA. El reto no consiste únicamente en que haya concursos, sino en que las condiciones permitan que las empresas pequeñas puedan competir por ellos. Los datos reflejan que, al menos por ahora, están consiguiendo una porción cada vez menor.
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