No es lo mismo un supermercado en Badajoz que en Trujillo. Y poco tiene que ver el de Trujillo con el de Helechosa de los Montes. Cambia el perfil del consumidor y, por lo tanto, la forma de llenar los carros. Con horarios, gustos y necesidades diferentes. Por eso pide el sector marcos legales que agarren mejor al territorio. La flexibilización horaria es la herramienta que echan de menos. A esa conclusión han llegado José Luis Iniesta, presidente de CIEM, la Confederación Independiente de Empresarios de la provincia de Badajoz, e Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la asociación nacional más representativa de distribuidores, autoservicios y supermercados.
Fue un diálogo abierto celebrado este martes en Mérida al que asistieron directivos de todas las compañías que operan en la región y Laura Pascual, directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio de la Junta de Extremadura. Los empresarios pidieron la palabra a la representante del Gobierno, al que le corresponde decidir. “Tenemos que hacer una ley de horarios mucho más flexible para que podamos competir. Y para eso está el diálogo institucional”, argumentó Iniesta, que agradeció la predisposición de la Junta.
Más superficie comercial pese a la pérdida de población
Recordó además la desventaja de la que parten con los horarios de venta en Internet. El encuentro sirvió para presentar un informe detallado de la salud económica sectorial titulado 'El mapa de la distribución de alimentos en Extremadura'. La principal conclusión de este documento técnico es que Extremadura, a pesar de perder población, gana superficie comercial. El retroceso demográfico del 3,3% ha ido paralelo a un 11% más de suelo para comprar. Hay marcas y pymes que mantienen su apuesta por el público rural.
El 88% de los habitantes de la provincia de Cáceres y el 96% de los de Badajoz tiene un supermercado o un autoservicio cerca de casa. Según explicaron los técnicos encargados de redactar el estudio, este porcentaje de cobertura se sitúa por encima de la media en otras provincias con núcleos dispersos. Aclararon que el saldo positivo en metros no hay que entenderlo como que haya más operadores abiertos. Los 85 de media que nacen cada año compensan las bajas. En realidad, el número se mantiene estable. Pero sí se renuevan negocios mejor dotados y con más metros cuadrados, lo que implica más inversión en tecnología e infraestructuras.
La asociación empresarial valora una renovación continua de los negocios. En más de un tercio se han acometido reformas o ampliaciones en los últimos años. La foto fija actual es la de 2025: se abrieron 17 nuevos centros, lo que implica una inversión de 30 millones de euros y 240 empleos directos. En 2026, vaticinan, se mantiene un perfil similar.
Una red de 780 negocios
La red total ahora la forman 780 negocios en diferentes formatos y tamaños repartidos por la región. De media sale uno por cada 1.350 habitantes (la media nacional es de uno por 1.860). Esta comparación sirve a la patronal para valorar la penetración en un territorio tan disperso, lo que obliga a competir con un aumento de costes. El 65% de las tiendas están en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Para José Luis Iniesta, el efecto dispersión afecta también a los productores que nutren a los distribuidores. Puso como ejemplo que a empresas tomateras como Conesa les cuesta más transportar la mercancía desde sus plantas de Extremadura al puerto de Sines que de Sines a los destinos asiáticos. “Para ser más competitivos necesitamos abaratar los costes para acceder a los puertos”, insistió.
Multinacionales y empresas familiares
Y, sobre todo, para moverse en segmentos económicos con tanta competencia. En el de la distribución y venta de alimentos de primera necesidad compiten multinacionales con empresas familiares. En Extremadura hay más de 80 compañías que se dedican al retail alimentario y ocho tienen su sede en la región, lo que implica un alto grado de diversidad empresarial.
Intervino también en este encuentro Josep Antoni Duran i Lleida. Desvinculado ya de la política, ejerce como presidente nacional de los empresarios de supermercados. Habló Duran i Lleida de la crisis inflacionista global que compromete a los operadores. “Siempre que se habla de un aumento de precios, todos los medios lo ilustran con clientes en los supermercados, como si fueran los responsables. Y eso es injusto. Hay que aclarar a la opinión pública que estamos ante una crisis energética. Los responsables son Putin y Trump, pero no los supermercados. De hecho, los precios en los establecimientos suben menos que el IPC gracias al esfuerzo de las empresas por no repercutir todo el encarecimiento de la energía a las familias”.
Mérida y los supermercados públicos
Cerró la reunión el alcalde de Mérida. Antonio Rodríguez Osuna valoró iniciativas políticas como la de Mamdani en Nueva York y su famoso plan de supermercados públicos con descuentos del 30%. Es evidente, dijo Osuna, que las rentas de las familias no crecen al ritmo del IPC y tenemos que valorar medidas de ese tipo.
Osuna se refirió a los datos de Mérida como parque comercial regional. Con 35 puntos de venta y más de 25.000 metros cuadrados, es uno de los registros más altos de Extremadura, lo que refleja, según el alcalde, el dinamismo y el crecimiento demográfico de la capital.
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