UGT, CSIF y CCOO han vuelto a concentrarse para exigir a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, una fecha para reunirse y que lleve una propuesta concreta sobre la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General y la Sanidad de la Junta de Extremadura. La protesta se ha celebrado frente al edificio III Milenio de Mérida y forma parte del calendario de movilizaciones convocado por los sindicatos, que incluye un nuevo paro en los centros de trabajo y culminará, si no hay acuerdo antes, en la huelga fijada para el 11 de noviembre.
Con una pancarta en la que se leía “Mismo trabajo, mismo salario. Equiparación salarial ya!”, los representantes sindicales y algunos trabajadores que se han sumado a la protesta han reclamado que la negociación deje de limitarse, según denuncian, a un encuentro informal. “Queda un día menos para la huelga”, han repetido los responsables de las tres centrales durante la concentración.
Críticas a la falta de una mesa de negociación
El delegado sindical de CSIF Extremadura, Miguel Lázaro, ha sostenido que “no es de justicia” que los empleados públicos de la comunidad autónoma cobren un 20 % menos que en otras comunidades por “hacer exactamente el mismo trabajo”. También ha reprochado a la consejera que, a su juicio, trate de separar la Administración General y el Servicio Extremeño de Salud, cuando considera que se trata de un problema que afecta a todos los trabajadores. Lázaro ha afirmado, además, que ya existe un acuerdo con el personal docente.
En la misma línea, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Erika Gutiérrez, ha criticado que Manzano se quiera “olvidar de un sector tan importante como es el sanitario”. Gutiérrez ha insistido en que los sindicatos no quieren que se les divida y reclaman una equiparación salarial real para todos los sectores de la Junta de Extremadura. También ha reprochado que, hasta ahora, solo se haya producido una reunión informal.
“Las propuestas se hacen en la mesa, no en declaraciones (en los medios de comunicación)”, ha señalado la dirigente sindical, que ha vinculado la posible solución a la negociación de los 150 millones de las eléctricas, en referencia a la rebaja de la ecotasa autonómica.
El tiempo corre hacia la huelga
Por parte de CCOO, el coordinador del Área Pública en Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, ha advertido de que “el tiempo corre ya en contra del acuerdo”, porque, según ha dicho, los planteamientos de la administración les están llegando por la prensa. También ha puesto en duda unas declaraciones atribuidas a la consejera el miércoles, cuando, según su versión, señaló que la oferta realizada supondría 50 euros para cada trabajador, una cifra que difiere de la que les trasladó en la última reunión.
Nicolás Molina ha interpretado esas palabras como un intento de dividir a los trabajadores y ha acusado a la Junta de usar la mesa sectorial para separar las reivindicaciones del Servicio Extremeño de Salud y de la Administración General. En su opinión, la consejera debe convocar “de forma urgente” una mesa general y llevar una propuesta desagregada por sectores y categorías para poder negociar a partir de ahí.
El representante de CCOO ha negado además que las movilizaciones respondan a la cercanía del nuevo periodo electoral. Según ha dicho, con el actual Ejecutivo no se ha firmado todavía ningún acuerdo marco con los representantes legales de los trabajadores de la Administración General. A su juicio, la situación obedece a una dejación de funciones del Gobierno y a que los empleados públicos llevan más de un año y medio esperando la convocatoria de una mesa y unos grupos de trabajo.
Los sindicatos sostienen que el problema no es de dinero, sino de prioridades. En ese sentido, CCOO ha defendido que la brecha salarial podría cubrirse con los “150 millones de las eléctricas”, mientras que UGT y CSIF han insistido en que continuarán con las movilizaciones si no se convoca una reunión con una propuesta concreta.
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