La Junta de Extremadura ha puesto sobre la mesa una oferta de cerca de 55 millones de euros para avanzar en la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General, en una negociación que sindicatos y administración han abierto este jueves en la Mesa Sectorial de Administración General. Tras el encuentro, las partes se han emplazado a nuevas reuniones para seguir discutiendo la propuesta.
La propuesta de la Junta
El director general de Función Pública, Hugo Curiel, explicó a los medios que la cifra planteada se sitúa “53 millones, más una parte que va a ir destinada a la equiparación de las categorías del Sepad con el SES, a razón de unos 13.157.000 euros al año durante cuatro anualidades 27, 28, 29 y 30”. Según detalló, 53 millones corresponderían al grueso de los trabajadores de la Administración General, mientras que el resto se reservaría para la equiparación de categorías del Sepad con el Servicio Extremeño de Salud (SES), con una previsión de unos 13.157.000 euros al año en las anualidades 2027, 2028, 2029 y 2030.
Curiel valoró de forma positiva el arranque de la negociación y defendió que la cantidad responde a las disponibilidades presupuestarias. Además, afirmó que desde 2023 la Junta ha abonado cerca de 400 millones de euros a los empleados públicos y apuntó que en 2027 la administración pagará 164 millones, correspondientes a la subida al 4,5% más el 0,5% y al tercer pago de los atrasos de 2020.
Rechazo sindical a la cifra inicial
Los sindicatos con presencia en la mesa —CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEx— coincidieron en considerar que la oferta es insuficiente, aunque algunos representantes aceptaron que puede servir como punto de partida para la negociación. Juan José Samino, responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, señaló que la propuesta “sigue siendo insuficiente” pero la calificó como un “buen punto para empezar a negociar” para ver qué ocurre en los próximos encuentros.
En cuanto al calendario, representantes sindicales insistieron en que la subida salarial debe tener efecto desde el 1 de enero de 2027, incluso si el acuerdo se alcanza con posterioridad. CCOO, a través de su representante José Sánchez Carroza, aseguró que la cifra ofertada no se aproxima al 20% que estima necesario para lograr una equiparación real y pidió más datos sobre la plantilla, que sitúa en 17.500 empleados públicos en el ámbito de la Administración General.
Brecha salarial y horizonte de cuatro años
UGT rechazó también que la oferta sea inferior a la planteada para la homologación en Educación. Érica Gutiérrez, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, sostuvo que la propuesta no elimina la brecha salarial que, según el sindicato, existe con respecto a otras comunidades autónomas.
USO y SGTEx vincularon la equiparación a una brecha situada en torno al 20% o el 21%, y calcularon que el importe necesario oscilaría entre 100 y 125 millones de euros. USO cifró esa cantidad en unos 125 millones y reclamó distribuirla en un periodo de cuatro años, mientras que SGTEx defendió que el acuerdo debería tener carácter retroactivo al 1 de enero de 2027.
La negociación, según el emplazamiento acordado tras la reunión, continuará en próximas reuniones.
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