El Consejo de Ministros aprobará el martes, 29 de septiembre, un nuevo decreto anticrisis para responder al recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo tras la guerra en Irán y a la subida de precios, especialmente la energía, de cara al otoño y al invierno. El Gobierno quiere evitar que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo incluidas en paquetes anteriores y proteger a hogares y empresas ante la pérdida de poder adquisitivo.
Prórroga de ayudas y medidas a medio plazo
El Ejecutivo no ha concretado aún el contenido completo de la norma, pero sí ha avanzado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre. Además, pretende mantener una línea de actuación de medio y largo plazo centrada en reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía.
El coste presupuestario de las medidas adoptadas hasta ahora asciende a 10.000 millones de euros, sumando los dos decretos aprobados desde marzo y otras iniciativas estructurales, como la reducción progresiva y la posterior eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Hasta el 30 de septiembre siguen vigentes las medidas del Plan de Respuesta ya anunciadas: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo pasó a 20 céntimos por litro el 1 de septiembre, mientras que la de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro.
Carburantes, gas e inflación
De cara a la aprobación del nuevo decreto, el Gobierno ha mantenido reuniones con agentes sociales —patronal y sindicatos— y con sectores como el agroalimentario, el industrial, el energético, la distribución o el transporte, señalados como los más afectados por la escalada de precios. En este contexto, Sumar y los sindicatos piden reactivar la excepción ibérica, aunque el sector eléctrico ha mostrado su oposición a volver a aplicarla.
Los análisis citados por el Gobierno advierten de que la extensión del conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb podría agravar y prolongar los problemas de suministro. María Jesús Fernández Sánchez, economista sénior en la Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas y profesora de la UNED, sostiene que este escenario eleva el riesgo de una inflación energética más elevada y persistente, con efectos sobre el conjunto de precios y los salarios.
En agosto, la inflación general se situó en el 4,3%, siete décimas por encima de julio, un repunte explicado por el aumento de los productos energéticos. De cara a los próximos meses, Funcas prevé que la tasa pueda llegar al 4,9% en septiembre y se mantenga por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027.
Factura del gas, decreto de vivienda y tipos
Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la factura regulada del gas (Tarifa de Último Recurso, TUR) subirá más de un 50% a partir del próximo jueves, 1 de octubre, si el Gobierno no toma medidas antes en el decreto anticrisis que prevé aprobar el martes en el Consejo de Ministros. En concreto, OCU estima que la factura regulada podría encarecerse un 54%, lo que supondría un sobrecoste anual de unos 310 euros para un hogar medio con calefacción.
Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también ha pedido a Carlos Cuerpo gravar el refino o limitar los alquileres para paliar los efectos de la escalada de precios. En paralelo, continúan las negociaciones entre socios de Gobierno y parlamentarios en torno al decreto de vivienda para intentar aprobarlo también en el Consejo de Ministros del martes. La revuelta política y social ante el desahucio de Maricarmen, vecina madrileña de 87 años, ha intensificado esas conversaciones, según la nota de Gobierno.
Sobre la subida de tipos, la economista de Funcas explica que hay factores que pueden amortiguar el impacto en las familias, como el elevado nivel de partida de la tasa de ahorro y el hecho de que la mayoría de las hipotecas se firma a tipos fijos. Además, señala que el porcentaje de la renta que dedican los hogares endeudados al pago de la deuda se encuentra en niveles históricamente muy bajos. De su lado, las empresas también tienen margen por la acumulación de excedentes financieros y la reducción de deuda, aunque advierte de que dichos excedentes se han generado “gracias” al mantenimiento de unos niveles reducidos de inversión, que podrían contraerse aún más con tipos mayores. En cuanto al mercado inmobiliario, Funcas prevé que se frenarán las subidas de precios, pero también se reducirá la oferta por el encarecimiento de la promoción de nuevas viviendas. “En suma, lo que cabe esperar, de momento, es una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico, no una recesión. Aunque, evidentemente, la situación será distinta si el conflicto se mantiene demasiado tiempo en los términos actuales”.
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