El Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al decreto ley de ayudas fiscales aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, con el único voto en contra de Vox, la abstención de PP y Podemos y el apoyo del resto de la Cámara. La norma, que ya estaba en vigor desde su aprobación el pasado 20 de marzo por el Consejo de Ministros, ha sido además validada para su tramitación como proyecto de ley, lo que permitirá introducir modificaciones durante su recorrido parlamentario.
El paquete aprobado constituye una de las mayores respuestas económicas recientes, con un total de 80 medidas y una movilización de 5.000 millones de euros, a los que se suman otros 2.000 millones en avales para sectores como el transporte. El objetivo del Ejecutivo es doble: amortiguar el impacto inmediato de la crisis energética y reforzar la estructura económica para futuros escenarios de incertidumbre.
Entre las medidas más relevantes destaca la rebaja generalizada del IVA del 21% al 10% en productos energéticos como los carburantes, la electricidad y el gas natural, así como en briquetas y ‘pellets’. A esto se suma la congelación del precio máximo del butano y el propano, una medida dirigida especialmente a los hogares más vulnerables.
En el ámbito eléctrico, el Gobierno ha aprobado una batería de reducciones fiscales adicionales: la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al mínimo permitido del 0,5%. Estas decisiones buscan reducir de forma directa la factura de la luz en millones de hogares.
Según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estas medidas permitirán que unos 20 millones de hogares reduzcan su factura eléctrica en torno a un 15% de media, alcanzando hasta el 25% en el caso de los consumidores vulnerables.
Mínimo europeo del impuesto de hidrocarburos
En relación con los combustibles, el decreto contempla la reducción al mínimo europeo del impuesto de hidrocarburos, lo que, combinado con la rebaja del IVA, puede traducirse en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito en un vehículo medio. El propio Cuerpo ha señalado que las estaciones de servicio ya están trasladando aproximadamente el 90% de estas rebajas al precio final.
El plan presta especial atención a los sectores más expuestos al incremento de costes energéticos. Así, transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores recibirán una ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, que será gestionada por la Agencia Tributaria. Además, se incluye una línea de apoyo específica para la compra de fertilizantes, con el objetivo de sostener la actividad del sector primario y evitar un encarecimiento adicional de los alimentos.
En el ámbito laboral, el decreto introduce una medida de gran impacto: la prohibición de despedir por causas económicas relacionadas con la guerra en Irán, especialmente en aquellas empresas que se beneficien de ayudas públicas. Con ello, el Ejecutivo busca evitar que la crisis se traduzca en destrucción de empleo.
Asimismo, se refuerza el control sobre las empresas energéticas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará con mayores capacidades de supervisión y sanción para vigilar los márgenes empresariales y garantizar que las ayudas públicas se trasladen efectivamente al consumidor final. Incluso se habilita al Gobierno para limitar beneficios en situaciones excepcionales.
Acelerar la transición energética
El decreto también incorpora medidas de carácter estructural orientadas a acelerar la transición energética. Entre ellas, destacan deducciones fiscales en el IRPF para la instalación de placas solares, sistemas de autoconsumo, bombas de calor o puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, se establece una deducción del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Durante su intervención en el Congreso, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido que se trata del paquete “más ambicioso aprobado hasta la fecha en la Unión Europea” y ha subrayado que la estrategia del Gobierno se basa en dos ejes: “proteger y preparar”. En este sentido, ha insistido en que la respuesta será flexible y se irá adaptando a la evolución del conflicto en Oriente Próximo.
El titular de Economía ha advertido, no obstante, de la elevada incertidumbre existente, especialmente ante el riesgo de interrupciones prolongadas en el estrecho de Ormuz, lo que podría derivar en uno de los mayores shocks energéticos de la historia moderna.
Pese a ello, ha asegurado que España afronta esta crisis desde una posición más sólida que en el pasado, gracias al crecimiento económico —del 2,8% en 2025, aproximadamente el doble que la media europea— y al avance en energías renovables, que ha calificado como un “seguro de vida” para la economía nacional.
En paralelo a la convalidación del decreto, la jornada parlamentaria ha evidenciado la fragmentación política en materia fiscal. El PSOE ha apoyado una propuesta de Junts para eximir de IVA a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, en línea con una directiva europea pendiente de aplicación.
Además, el Congreso ha aprobado otras iniciativas impulsadas por diferentes grupos, como la petición de deflactar el IRPF en sus primeros tramos, reducir impuestos energéticos o modificar diversas figuras fiscales, en algunos casos con el voto en contra del propio Gobierno. Estas votaciones reflejan la complejidad del escenario parlamentario y anticipan un trámite legislativo con posibles cambios en el contenido final del decreto.
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