En el polígono industrial El Prado, junto a la A-5, José María Ramírez llena el depósito de su camión articulado de 40 toneladas. Ocupa el surtidor número tres en Mañero. Es un Volvo FH 460. De 460 caballos. De los que se ven a cientos en las flotas extremeñas. El camionero mira el contador y echa la cuenta mentalmente.
La pantalla marca 1,68 euros por litro. Hace un mes era 1,42. La ruta es siempre la misma. Mérida, Badajoz, la frontera de Elvas, Estremoz, Évora, Lisboa. 290 kilómetros de ida por la A-5 y la A-6 portuguesa. 580 ida y vuelta. Un trayecto que conoce de memoria cualquier transportista de la comarca de Mérida. Mueven fruta, corcho, tomate y carne congelada al mercado luso. Y, desde allí, hacia el norte de Europa.
El camión, cargado a 40 toneladas y rodando por autovía, se bebe 33 litros cada 100 kilómetros. La aritmética no admite discusión: 191 litros por viaje redondo. Un transportista autónomo que cubra la ruta cinco veces por semana paga 248 euros más al mes solo en combustible. Si trabaja veinte días, la factura extra roza los mil euros. Y si su camión es de menos de 7,5 toneladas —como el de la mayoría de los autónomos— ni siquiera tiene derecho a la devolución del gasóleo profesional. Entonces paga más y recupera menos. La ecuación perfecta del ahogo.
Trabajan a precio cerrado
Mario Aza Donoso es portavoz de la Asociación Gremial de Transportes de Extremadura. Insiste en la cuesta empinada de septiembre y octubre. Y, lo que es peor, temen que la crisis inflacionista se prolongue en el tiempo. Se han cruzado dos conflictos bélicos (Ucrania e Irán) y una volatilidad pocas veces vista por la reacción de las petroleras. A esta incertidumbre se une ahora la convocatoria de elecciones. Sobre la mesa, explica, el decreto de bonificación de 20 céntimos por litro que se debe prorrogar. “No sabemos qué va a pasar y si el próximo gobierno cambiará los planes”.
El ahogo no viene porque se pague mucho, sino por la escalada tan rápida en poco tiempo. Muchos transportistas trabajan a precio cerrado con revisiones trimestrales y un margen de variación, pero ahora están fuera de todos los márgenes.
Juan José Gil representa a la patronal Fenadismer, de las más numerosa y con implantación nacional. Destaca la diferencia de su compañero de Mérida. Un camionero que trabaje los veinte días al mes gasta hoy mil euros más en combustible que a principio de septiembre. No hay rentabilidad alguna, sentencia.
La ley, aclara, permite repercutir luego en el cliente el aumento del precio del carburante. Pero una cosa es la teoría legal y otra el funcionamiento real del mercado. “No siempre hay una relación de equilibrio entre el transportista y el cargador. A veces es un autónomo que va con el precio marcado y sin posibilidad de negociar a posteriori. Al final lo asumes como puedes”.
Por lo que le cuentan muchos de los asociados, hoy pocas pymes ganan dinero. “La viabilidad está en hacer muchos kilómetros”.
Y esa es otra paradoja del sector. El encarecimiento, de momento, no repercute en la actividad. En economía hay quien defiende que con un precio tan elevado del combustible la actividad económica en general se ahoga y caen los movimientos de mercancía. “De momento eso no se ve. Seguimos trabajando. Hay demanda de movimientos de mercancías”.
Su federación ya ha pedido en algunas mesas sectoriales con la administración que se fije un tope máximo para los profesionales. No es nada revolucionario, recuerda. En los años noventa ya se hizo y muchos países europeos lo han implantado para proteger sus operadores logísticos. “El sector necesita un tope para saber a partir de qué límite calcular sus gastos”. Han aprendido que todas las previsiones caducan antes de ponerlas en los presupuestos”. Nos hemos acostumbrado a vivir con el diésel a dos euros por litro.
Bonificación de 20 céntimos por litro
Las patronales de los transportes en Extremadura también piden que se mejore el decreto de bonificación de 20 céntimos por litro. En el anterior trimestre se pagaba directamente a los camioneros. Ahora se hace a través de las gasolineras. “Para nosotros es menos eficaz porque estamos expuestos a la especulación que puedan hacer las petroleras”. Para el representante de Fenadismer, lo más apropiado es volver al modelo anterior de pago. Pero todos estos detalles se negocian con el Ministerio para sacar los decretos de ayuda en Decreto-ley. Y ahora, con un gobierno ya en funciones, y a la espera de las elecciones, el texto legal debe pasar por la comisión permanente.
La legislación española establece un plazo obligatorio de 30 días para que cualquier Real Decreto-ley sea convalidado. Al no haber parlamento activo, la diputación permanente ejerce de órgano de guardia y debe votarlo. Se abren dos escenarios: convalidarlo y rechazarlo. Lo más probable, prevén en Fenadismer, es que se convalide y se mantenga vigente hasta final de año. Ningún grupo parlamentario se va a arriesgar a provocar una subida generalizada en un contexto electoral próximo.
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